Además, realizó recomendaciones a seguir en casos de emergencia
De acuerdo al estudio, el resultado de Chile equivale a un nivel “insatisfactorio de condiciones de gobernabilidad para la gestión del riesgo, según los niveles de calificación establecidos para el índice». Agrega que la falta de un marco normativo e institucional obstaculiza el desarrollo de procesos suficientemente profundos de evaluación del potencial de amenaza, haciendo énfasis en que, en términos de identificación y conocimiento del riesgo, solo se cumple con un 19% de los indicadores.
El Banco Interamericano de Desarollo, con el fin de identificar vacíos en el marco jurídico, institucional y presupuestal en diversos país de Latinoamerica, diseñó el Indice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en gestión de riesgos de desastres (IGOPP), el cual mide variables que tienen relación con las políticas y acciones que se suelen tomar durante una emergencia (como la que ha vivido Chile durante las últimas semanas).
En última publicación, que data desde el 2014, el organismo dio cuenta que, de los 11 países latinoamericanos incluidos en el análisis, Chile se quedó con el sexto lugar, lo cual se traduce en un nivel de cumplimiento promedio de 28,57%, bien por debajo de países como Perú que tienen un 51,6%.
En palabras del estudio, el resultado de Chile equivale a un nivel “insatisfactorio de condiciones de gobernabilidad para la gestión del riesgo, según los niveles de calificación establecidos para el índice».
Un año después de la publicación, el BID reveló sus conclusiones y recomendaciones para Chile. Ahí, se incluían advertencias sobre debilidades normativas y falencias a nivel local para lidiar con catástrofes, informa La Tercera.
Una de ellas era la necesidad de modificar la estructura institucional ligada con el riesgo y los desastres (Onemi) y se hizo un proyecto de ley que, sin embargo, «a la fecha no ha sido aprobado ningún nuevo instrumento jurídico que reemplace la estructura actual”.
La iniciativa legal, que ingresó al Parlamento en 2011, todavía está en segundo trámite legislativo en el Senado.
«En el país existen instituciones para el estudio y monitoreo de casi todos los fenómenos naturales como Sernageomin, Ovdas, la Dirección Meteorológica de Chile, la Dirección General de Aguas MOP, el Servicio Hidrológico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y el Centro Sismológico Nacional, sin embargo las debilidades normativas llevan a un marco institucional que no alcanza un nivel adecuado de cobertura e integración de la información sobre amenazas y vulnerabilidades”, advierte el informe.
Agrega que la falta de un marco normativo e institucional obstaculiza el desarrollo de procesos suficientemente profundos de evaluación del potencia de amenaza, haciendo énfasis en que, en términos de identificación y conocimiento del riesgo, el estudio arroja un 19% de indicadores cumplidos.
En cuanto al componenente «Protección Financiera», el informe detalla que Chile se encuentra en un nivel «bajo», con un cumplimiento del 5%: “el país podría diseñar e implementar una estrategia de gestión financiera del riesgo de desastres que incorpore varios instrumentos de retención y transferencia del riesgo, con el fin de complementar los instrumentos vigentes”.
En esa línea, agrega que “en relación a la existencia de fondos habilitados para financiar actividades ex ante, el país dispone de disposiciones presupuestarias que le permiten asignar recursos a dichas actividades, pero no con Fondos para dicho propósito”.
“Se puede aseverar que la falta de una legislación moderna y habilitadora -en el sentido de que fomente la participación y establezca responsabilidades- se convierte en un sensible factor de limitación para un avance más sostenido en lo existente, y para un abordaje más claro en donde los avances son menores o inexistentes”, argumenta el estudio.
