Acusación constitucional contra Bachelet: la razón tras la operación de La Moneda para derribar informe de Comisión Sename

A simple vista lo único que queda fue que se quiso proteger a toda costa a la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, por ser una de las figuras del oficialismo más cercanas −hasta hace poco− a la Presidenta Michelle Bachelet. Pero las razones de La Moneda para desplegar intensas gestiones en el Congreso durante la semana, para alinear a la Nueva Mayoría y que se rechazara el informe de la comisión investigadora del caso Sename, son más complejas −a ojos de los inquilinos de Palacio− y ameritan pagar por estos días los costos políticos de ser flanco de duras críticas por su responsabilidad en el naufragio, a último momento, del documento elaborado por dicha instancia parlamentaria.

El informe fue rechazado el martes en la Cámara de Diputados por 47 votos en contra, 36 a favor y 13 abstenciones. En parte de sus 535 páginas establece que “la reconstitución de los hechos contribuye a esta Comisión para reprochar seriamente la gestión ministerial negligente e inexcusable de la señora Javiera Blanco ex Ministra. En efecto, las fallas institucionales acaecidas bajo su administración, que fueron de conocimiento y escrutinio público, contribuyeron lamentablemente a agravar la crisis histórica del SENAME”.

Es cierto que la ex ministra Blanco desplegó un intenso lobby por semanas en el Congreso para evitar que su nombre quedara como único responsable de “negligencia inexcusable” durante su gestión en Justicia –de la cual depende directamente el Sename−, entre los años 2015 y 2016. También es verdad que dichas gestiones molestaron profundamente al grueso de los parlamentarios y generó muchos anticuerpos y, hoy, son muchos más sus detractores que sus redes de apoyo en Valparaíso.

[cita tipo=»destaque»]En La Moneda insisten en que no había otra opción, que no tenían alternativa, que el informe era malo, sesgado y que, puede ser impopular lo que se hizo, pero que eso es preferible al riesgo que abría la aprobación de dicho texto, porque dejaba abierta la puerta para que el Estado fuera acreedor de una lluvia de demandas. Esto era jurídicamente viable, sostienen, pues es un poder estatal el que establecería que el propio Estado había violado los derechos de los niños y niñas.[/cita]

En La Moneda tampoco desconocen que Blanco también realizó gestiones en el segundo piso de Palacio, aunque recalcan que estas fueron mucho “más prudentes” que las que desplegó en el Congreso. Explicaron que más bien se trató de mensajes y señales en las que la ex ministra dejó clara su “incomodidad” con la “soledad política” en la que se encuentra, desde que salió de la cartera de Justicia y llegó en marzo a ocupar uno de los sillones del Consejo de Defensa del Estado (CDE), donde ha sido foco sistemático tanto de críticas políticas como al interior del propio organismo.

También habría hecho notar su molestia por el papel desplegado por la diputada comunista Camila Vallejo, quien en junio hizo alusión a la relación de pareja del senador Pedro Araya con Blanco, como una de las razones por las que el parlamentario puso en tela de juicio el apoyo al proyecto de aborto en tres causales, como represalia por el hecho de que se hubiese incluido solo a la ex ministra en el informe Sename. El reclamo de la actual consejera del CDE habría apuntado no solo a la parlamentaria PC, sino también a que ello estuvo en conocimiento previo de La Moneda y no se detuvo.

En Palacio recordaron que desde hace semanas el blindaje político del que gozó Blanco en La Moneda se había debilitado considerablemente, que ya no tiene defensores y que, a pesar de su cercanía y confianza con Bachelet, haber sido salpicada con el caso “Pacogate” terminó por agotar su línea de crédito política. Es más, desde antes que saliera efectivamente del Ministerio de Justicia, había duras críticas internas a su gestión, considerada deficiente y que contribuyó a que los conflictos previamente existentes escalaran y se agudizaran.

Pero en el seno del Gobierno hoy todos coincidieran en que las razones para jugarse por el rechazo del informe iban mucho más allá de Blanco, que solo se vio beneficiada “colateralmente”, porque el verdadero foco de la preocupación gubernamental fue la Presidenta Bachelet. Evidentemente molesta, la propia Mandataria –en un adelanto de una entrevista con CNN− sentenció que atribuir el fracaso del informe a un blindaje a Blanco era “una caricatura que están haciendo algunos”.

Los búmeran

A la administración Bachelet le quedan ocho meses y, con un margen de apoyo en las encuestas que pelea el 30%, no fue menor el esfuerzo político desplegado esta semana para tratar de aglutinar a las revueltas huestes de la Nueva Mayoría, alinear a los parlamentarios y hacer fracasar el informe. La razón para jugarse esta “bala de oro” es que los diagnósticos y análisis en Palacio concluyeron que, de aprobarse el documento de la comisión, se dejaba en bandeja de plata a la derecha la posibilidad de apuntar a la Mandataria, temores que en parte se confirmaron con la performance que tuvo ayer el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien emplazó a Bachelet a pronunciarse por el rechazo del informe y fustigó a la coalición oficialista, acusando que priorizó “proteger u ocultar sus graves negligencias y errores en la forma en que se trata y cuida a nuestros niños, y blindar a sus personeros responsables, por encima de lo que debe ser el interés de cualquier Gobierno bien intencionado”.

El hecho de que Bachelet instalara posteriormente a Blanco en el CDE era otro elemento que podría haberse convertido en un búmeran político que golpeara directamente a la Presidenta –afirmaron en Palacio− en la forma de una acusación constitucional, un escenario que no se ha dado en los 27 años desde el retorno a la democracia. Un libelo contra la Jefa de Estado, según el diagnóstico gubernamental, habría tenido lugar por haber nominado en dos ocasiones a una persona que la Cámara de Diputados oficialmente habría acusado de negligencia inexcusable, en plena campaña presidencial y con el objetivo de deslegitimar toda la administración bacheletista.

En el oficialismo recalcaron que no se trata de fantasías ni ideas paranoicas de los pasillos de Palacio, sino que “se detectaron maniobras desde la derecha al respecto, que se iban a desplegar en el Congreso e incluso en Tribunales”. No por nada parte de los argumentos que desplegaron los ministros en el Congreso, el martes, ante las distintas bancadas de la Nueva Mayoría, fue precisamente el riesgo de no comprender que una acusación de dicha gravedad contra alguien que fue una autoridad de Gobierno implica responsabilizar a la Presidenta Bachelet, amén del incómodo lugar en que quedaba. Eso fue lo que primó a nivel parlamentario y que inclinó la balanza en la Nueva Mayoría.

No fue casual que ayer la propia ministra vocera, Paula Narváez, pusiera el acento en las intenciones de la oposición. “Había que poner toda la información sobre la mesa y ahí hubo claro consenso y acuerdo de que efectivamente lo que aquí estaba ocurriendo es que se estaba aprovechando, de parte de la derecha, este informe para sacar dividendos políticos (…). Lo que ha habido aquí detrás es una operación de la derecha, a la cual hoy se ha sumado el candidato de la derecha, para aprovechar la situación de niños, niñas y adolescentes vulnerables para sacar dividendos políticos y usarlo como un tema de campaña”.

No fue la única. Su par de Justicia, Jaime Campos, también hizo hincapié en el punto y precisó que los dichos de Piñera son «tremendamente preocupantes, porque hacerlo es politizar y presidencializar este tema. Yo también me podría dar el gusto si quisiera caer en ese juego. Le podría decir al señor Piñera ¿qué hizo usted por los niños en cuatro años cuando fue Presidente?».

La frase del ministro Campos recoge uno de los planteamientos que consideraron claves en La Moneda: el que dicho informe dejaba como única culpable de los innegables problemas que arrastra por décadas el Sename a la administración bacheletista, en circunstancias que ha habido distintos mandatarios y muchos más ministros de Justicia y directores de dicha institución que quedaron al margen del texto. “No se podía aceptar que quedara institucionalizado y establecido que la crisis del Sename es culpa de estos 4 años”, sentenció un alto asesor de La Moneda, razón por la cual transversalmente en el Gobierno asumieron que no había otra alternativa que jugarse las cartas como se hizo el martes.

En Palacio insisten en que no había otra opción, que no tenían alternativa, que el informe era malo, sesgado y que, puede ser impopular lo que se hizo, pero que eso es preferible al riesgo que abría la aprobación de dicho texto, porque dejaba abierta la puerta para que el Estado fuera acreedor de una lluvia de demandas. Esto era jurídicamente viable, sostienen, pues es un poder estatal el que establecería que el propio Estado había violado los derechos de los niños y niñas.

Uno de los puntos del documento que más irritó a la Presidenta Bachelet fue el intento de empatar las falencias estructurales del Sename con las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en dictadura, en el entendido que el Estado ha sido incapaz de resguardar los derechos mínimos de los niños y las niñas vulnerables.

“Homologar lo que acontece con los menores en Chile con las violaciones sistemáticas a los DD.HH. en dictadura, me parece a lo menos una exageración y una demostración de que la derecha hoy quería provocar un empate político”, sentenció el ministro Campos.

En el Gobierno afirmaron que el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, habría advertido que este punto del informe implicaba un riesgo jurídico ante la posibilidad de una avalancha de querellas contra el Estado, ahora y a futuro, para responsabilizarlo por los problemas que han tenido o puedan tener los beneficiarios del sistema. “El Estado no tiene capacidad para responder a querellas de este tipo. Sería lo mismo que la deuda histórica con los profesores, no hay recursos para hacer frente a un escenario así”, explicaron en La Moneda.