La ONU publicó primero un comunicado a partir del trabajo de los expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde subrayan que «el Gobierno de Chile tiene la obligación no sólo de respetar los derechos humanos, sino de proteger a las personas de los actos de violencia cometidos» por agentes del Estado. Más tarde, una declaración del Sistema de Naciones Unidas en Chile refuerza esa crítica, advirtiendo que “la utilización arbitraria e indiscriminada de este tipo de armas no letales, constituye una violación grave de los derechos humanos y vulnera el principio de proporcionalidad”.
Este viernes, el Gobierno de Sebastián Piñera recibió un doble llamado de atención por parte de Naciones Unidas. Primero, la ONU publicó la condena que realizaron expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos, a la situación que se vive en Chile y que ya alcanza tres semanas. Más tarde, a través de un comunicado, el Sistema de Naciones Unidas en Chile exhortó a las autoridades a cesar de inmediato el uso de balines y perdigones.
Respecto al trabajo de la misión de observación en terreno, el documento subraya que hasta la fecha, se cuentan al menos 20 muertos y cerca de 1.600 personas heridas, incluyendo uniformados y civiles en este periodo de estallido social. Además, reportaron que miles de personas han sido detenidas, incluyendo niños, niñas y adolescentes.
Por eso, condenan el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado: “La violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas de las personas”.
Los expertos están «profundamente preocupados por los informes sobre el uso excesivo de la fuerza contra las personas antes de la detención; y por la información recibida sobre abusos perpetrados en contra de niños y niñas, malos tratos y golpes que podrían constituir tortura».
«También se han recibido informes de violencia sexual en contra de mujeres, hombres y adolescentes, incluyendo prácticas tales como desnudamientos forzados, tocamientos y violaciones durante la detención», indican.
“El elevado número de heridos y la manera en la cual se han utilizado las armas no letales parece indicar que el uso de la fuerza fue excesivo y violó los requisitos de necesidad y proporcionalidad”, agregaron.
También recordaron que «el Gobierno de Chile tiene la obligación no sólo de respetar los derechos humanos, sino de proteger a las personas de los actos de violencia cometidos por particulares. Debe permitir que las protestas se lleven a cabo aislando a los que recurren a la violencia, al mismo tiempo que garantiza que todas las personas en el país puedan disfrutar de sus derechos”.
El grupo de expertos está formado por: Clément Nyaletsossi Voule, relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; José Antonio Guevara Bermúdez, presidente-relator, Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria; Agnes Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Philip Alston, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos y, presidenta del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra la mujer y las niñas.
Más tarde se conoció la declaración del Sistema de Naciones Unidas en Chile, la cual “urge a las autoridades a cesar de inmediato el uso de balines y perdigones, que hasta el día de hoy ha causado cientos de heridos y más de 170 traumas oculares, de acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos”.
La ONU no se pierde en su análisis y sostiene que “la utilización arbitraria e indiscriminada de este tipo de armas no letales, constituye una violación grave de los derechos humanos y vulnera el principio de proporcionalidad”.
En su declaración, “el Sistema de Naciones Unidas en Chile, llama también a alinear las acciones de control de la violencia a los estándares internacionales existentes y que han sido ratificados por el Estado chileno”.