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El Consejo para la Transparencia visitó 27 comisarías de las regiones Metropolitana, de Valparaíso y del BíoBío y reveló que un 70% de las ellas dieron libre acceso al registro de detenidos. Sin embargo, se señala que existe un 30% restante que se negó a dar a conocer la información, incluso tras la identificación de los funcionarios del organismo. Las unidades policiales en las que se denegó el acceso corresponden a la 1ª y 2ª Comisaría de Concepción, la 6ª Comisaría de San Pedro de La Paz, la 9ª Comisaría de Independencia y la 60ª Comisaría de Santiago. Desde la institución aseguraron que “en todas las Unidades Policiales del país existe un registro de detenidos de carácter público en conformidad a lo dispuesto en la norma constitucional”. Por esta razón, la situación había sido calificada como “bastante anómala” por parte del presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada hace algunas semanas.
Tras fiscalizar en terreno 27 comisarías de 20 comunas de las regiones Metropolitana, de Valparaíso y del BíoBío, la Unidad de Fiscalización del Consejo para la Transparencia (CPLT) reveló que un 70% de las unidades policiales dieron libre acceso al registro de detenidos. Esto acorde a lo dispuesto en la Constitución (art. 19 N° 7 letra d)) y a normas internas de Carabineros de Chile (Reglamento N°22).
Sin embargo, se señala que existe un 30% restante que denegó dar a conocer la información en una primera instancia e incluso, tras la identificación de los funcionarios del organismo, algunas comisarías mantuvieron la negativa.
Cabe mencionar que el CPLT había comunicado vía oficio a la policía uniformada -y a otros organismos vinculados con seguridad pública- en el contexto de la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, que en todas las unidades policiales o lugares de detención debe dejarse constancia de la respectiva orden que instruye el arresto, detención o condición de procesado o preso de una persona determinada.
Y como respuesta a dicha comunicación, el Jefe del Departamento de Información Pública y Lobby de la institución uniformada respondió al Consejo explicitando que “en todas las Unidades Policiales del país existe un registro de detenidos de carácter público en conformidad a lo dispuesto en la norma constitucional a que se ha hecho referencia, la que para su aplicación ha sido especialmente informada y reiterada por diversos Estamentos Institucionales”.
Asimismo, la institución detalla que dicha repartición había reiterado a las Jefaturas de Zona las instrucciones relacionadas con la publicidad de la información contenida en los libros de registro público de detenidos. El detalle de este tipo de registros constan además en el Reglamento N° 22 de Carabineros de Chile.
Según informa el CPLT, las unidades policiales en las que se denegó el acceso a la información corresponden a tres recintos de la región del BíoBío (1ª y 2ª Comisaría de Concepción y 6ª Comisaría de San Pedro de La Paz) y dos de la capital (9ª Comisaría de Independencia y 60ª Comisaría de Santiago).
Entre las razones aludidas para denegar el acceso al contenido fue estar autorizado para personal instituciones “facultadas”, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos o abogados defensores con orden judicial, o que el acceso debía requerirse a través de una solicitud de acceso a la información pública.
El pasado 1 de noviembre el presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada, calificó como una situación “bastante anómala” que en algunas comisarías de Carabineros siguieran con la negativa de entregar los registros de detenidos.
Esto, según Jaraquemada, reside en el derecho de acceso a la información, lo que es de carácter público para cualquier ciudadano y controvierte la instrucción que ha dado el alto mando de Carabineros.
“El Consejo para la Transparencia quiere manifestar su preocupación por una serie de denuncias que ha conocido de distintos abogados que plantean que se les ha negado el libre acceso al registro de detenidos en algunas comisarías del país“, dijo en aquella oportunidad.
Asimismo, agregó que “esta situación es bastante anómala pues perjudica el Derecho de acceso a la información que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico es de carácter público para cualquier ciudadano”.
La fiscalización fue una medida impulsada por el Consejo Directivo del CPLT derivado de una denuncia ingresada ante el organismo el pasado 24 de octubre en contra de la 4ª Comisaría de Santiago, fundada en la denegación de acceso al registro de personas detenidas, con entre otros fines, informar sobre la regulación existente sobre la materia.
Las unidades policiales seleccionadas se localizan en zonas en las que medios de comunicación dieron cuenta de procesos de detenciones masivas derivadas de las manifestaciones ciudadanas.
Consulta el documento completo del CPLT a continuación:
Informe del Consejo para la Transparencia sobre información de detenidos en comisarias by El Mostrador on Scribd
