PAÍS
El abogado que consiguió condenar a 14 años de cárcel a Héctor Llaitul por el atentado contra el fiscal Elgueta –condena que fue rebajada con posterioridad, permitiendo que no cumpliera la totalidad de su pena–, se muestra conforme con la nueva detención del histórico líder de la CAM, ya que esto demostraría que «no existen medidas o decisiones que pudiesen constituir una defensa hacia la conducta desplegada por parte de este sujeto». Sin embargo, advierte que el Ejecutivo debe estar atento a no ceder a las presiones de lo que califica como «factores exógenos» que atentan contra la justicia. «En este tipo de circunstancia va a haber grupos que por romanticismo, ignorancia, extremismo ideológico, van a minimizar las conductas desplegadas por estos grupos terroristas y hay que estar atentos a no ceder a este tipo de presiones, y espero que este Gobierno no caiga en lo que se puede constituir finalmente en una falta de voluntad para enfrentar adecuadamente este tipo de desafíos”.
El histórico líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) fue militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), detenido y torturado en dictadura en 1988, según consta en la Comisión Valech, y 34 años después fue indemnizado por el Estado con $12 millones. Organiza y toma el liderazgo de la CAM en la década del noventa. Pero sería específicamente en 1996 cuando la historia identifica “el punto de inflexión” que da inicio al concepto de “conflicto mapuche”, con la quema de un camión que trasladaba madera en la comuna de Lumaco.
En democracia, Llaitul fue juzgado por delitos comunes y de carácter terrorista. Entre ellos, el ataque al entonces fiscal de Cañete, Mario Elgueta, el año 2008. La camioneta en la que viajaba el persecutor y funcionarios policiales, recibió 300 impactos de bala cuando se dirigían a prestar medidas de protección a una familia víctima de violencia rural en la zona.
Luego de este hecho, el fiscal Elgueta debió entregar las causas que encabezaba contra Llaitul a su colega Andrés Cruz, abogado del Ministerio Público de la Región del Biobío.
Cruz –quien fuera parte de la Convención Constitucional que redactó la propuesta de nueva Constitución– fue el encargado de coordinar las diligencias por el ataque en Puerto Choque y logró llevar a juicio a Héctor Llaitul Carrillanca y otros comuneros, por este hecho, además de delitos vinculados al robo de madera, pidiendo penas que oscilaban en los 100 años.
En una columna de opinión escrita por el mismo Llaitul y publicada por El Mostrador el año 2014, el comunero, recordó el uso de testigos protegidos en este juicio, calificándolos como “un instrumento absolutamente ilegítimo e inmoral”, con el fin de hacer frente a “un pueblo que demanda sus derechos fundamentales”.
Para el exfiscal Cruz, “este es un discurso añejo. El tema de los montajes, por ejemplo, es un argumento que han utilizado miembros de la ETA y las FARC. El uso de los testigos protegidos además fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Concepción de la época, entendiendo lo complejo de encontrar testigos que estuvieran dispuestos a declarar, por temor”.
Junto a la condena por el ataque al fiscal, Llaitul sumó otra de 10 años por robo con intimidación a un agricultor, pero luego que la defensa, en el uso de la ley corta antidelincuencia, solicitara la reducción de la pena por la derogación de la agravante «pluralidad de malhechores», el Tribunal de Garantía de Cañete recalificó la condena, lo que fue confirmado por la Corte de Apelaciones. Así se produjo una rebaja de 5 años, dándose la pena por cumplida.
“Fue una decisión errada. Lamentablemente existen, a mi juicio, factores exógenos a las decisiones que se adoptan muchas veces por parte de las autoridades y que terminan con este tipo de circunstancias. Yo lo lamento bastante”, cuenta a El Mostrador el exfiscal Cruz, 12 años después.
La libertad de Llaitul no se dio de inmediato, debido a que la segunda administración del Gobierno de Michelle Bachelet se querelló en su contra por Ley de Seguridad del Estado, en el marco de la Operación Huracán, que a la postre se reveló que sí fue un montaje.
-¿A qué se refiere con factores exógenos?
-Porque indudablemente existe un romanticismo circulando, hay factores políticos que dan pie a que uno se preocupe de que esto no vuelva a ocurrir. Esperemos que no pase. En este tipo de circunstancia va a haber grupos que por romanticismo, ignorancia, extremismo ideológico, van a minimizar las conductas desplegadas por estos grupos terroristas y hay que estar atentos a no ceder a este tipo de presiones, y espero que este Gobierno no caiga en lo que se puede constituir finalmente en una falta de voluntad para enfrentar adecuadamente este tipo de desafíos.
-¿Cómo toma la nueva detención de Llaitul?
-Como que el ordenamiento jurídico chileno está operando. Esto demuestra que no existen medidas o decisiones que pudiesen constituir una defensa hacia la conducta desplegada por parte de este sujeto. Hay que recordar además que el Ministerio Publico es un órgano autónomo, que desenvuelve sus funciones de manera independiente del Gobierno de turno. Y eso es importante traerlo en consideración. Aunque las causas que tendrían a Llaitul a esperas de su formalización se iniciaron en el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, fue este Gobierno el que, tras varios traspiés, decidió ampliar las querellas por los dichos de Llaitul en los que llamó a realizar acciones de sabotaje. Panorama judicial que se complicó tras sus declaraciones publicadas hace unos días. En ellas reconoce, por parte de la CAM, acciones de «recuperación» de madera desde predios forestales, “para comprar fierros y tiros”.
-¿Qué opina de su participación en el robo de madera?
-A mí me sorprendió mucho, valga la redundancia, que algunos se hayan sorprendido tanto de lo que expresó este sujeto (Llaitul) en su oportunidad, en torno al hecho de que haya sustracción de madera. Porque esto viene ocurriendo ¡hace décadas en la zona!, respecto de este grupo y otros que han visto esto como algo muy rentable.
Sobre este punto, el exfiscal recuerda que en el juicio del año 2010 se incorporaron pruebas que darían cuenta del modus operandi de los grupos más radicales y su vínculo con el robo de madera.
“Se adjuntaron fotografías de camiones de acopios de madera de aserraderos móviles, motosierras, que eran utilizados para llevar a cabo este tipo de conductas. La teoría del caso que nosotros sustentamos, era que existían grupos que se destinaban a esto y que tenían la cobertura de grupos armados con efecto de impedir que sus conductas fueran interrumpidas por parte de las forestales y los medios con los que disponían. Es una muy buena excusa la reivindicación territorial para los efectos de sustraer especies y ocupar predios que pertenecen a otros seres humanos, vulnerando sus derechos”, sostiene Cruz.
-Entonces, si usted dice que esta realidad es tan conocida, ¿por qué no se pone freno?
-Porque la gente está sufriendo aquí en el sur y mientras estos gritos de auxilio no se escuchen donde se toman las decisiones, en Santiago, la solución no va a llegar. Y ese es el problema cuando vivimos en un país tan centralista, en que todas las decisiones se adoptan por individuos, o que no tienen empatía con el contexto, con la realidad que estamos viviendo en otras regiones del país, o que por sencillamente romanticismos absurdos, por una arrogante vanidad, no enfrentan realmente la problemática como corresponde.
El exfiscal Andrés Cruz integró la Convención Constitucional, se presentó como independiente apoyado por el Partido Socialista. Las paradojas de la vida, pues durante año y medio convivió con un familiar de uno de los comuneros que llevó a juicio por el ataque al fiscal Mario Elgueta: Ramón Llanquileo, hermano de la exconvencional Natividad Llanquileo.
Una década después de ese caso, Cruz sigue sosteniendo que la CAM es una asociación de carácter terrorista, aunque la justicia no compartió su criterio.
Por estos días, el abogado y exconvencional representa a 72 víctimas de atentados en Lanalhue y Cañete. Entre su argumento jurídico está acusar a los grupos radicales que operan en la provincia de Arauco por delitos de lesa humanidad, por “el traslado forzoso que han tenido que hacer habitantes de los sectores afectados, a raíz del control territorial ejercido por estos grupos sobre una determinada zona”.
-¿Cuál es la percepción que le quedó de la figura de Héctor Llaitul tras conocerlo en el contexto del juicio?
-No sé si tenía un liderazgo tan marcado, yo entiendo que tuvo ciertos inconvenientes con gente que fue investigada por el mismo hecho. A mí me daba más la impresión que esto estaba más vinculado con la obtención de beneficios provenientes de la sustracción de madera, que se ocultaba detrás de una circunstancia que podía ser o la defensa de ciertos principios que podían ser avalados por parte de muchas personas. Trataban de excusar la comisión de estos delitos comunes en estas circunstancias y eso los llevaba a realizar acciones que terminan causando temor en muchas personas que son víctimas de estos hechos punibles, y que finalmente se demostró que con voluntad se podría investigar, acusar y condenar con resultados favorables. Yo no quiero calificarlo como individuo, para mí era un imputado por causas sumamente graves que, si te puedo confesar, me costaba entender cómo por un lado se decía defender a todo un pueblo y, por otro, era capaz de las acciones más repugnables y deleznables en relación con seres humanos o con el prójimo, y eso me causa mucho impacto. Porque, finalmente, muchas personas lo apoyaron estando muy lejos del lugar donde ocurrían estos hechos, sin tener ni un atisbo de empatía hacia quienes son víctimas de las acciones desplegadas por estos individuos.
