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Créditos: Agencia Uno
Los dos proyectos que hoy corren por el Congreso que pretenden darle cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, que le exige a las ISAPRES restituir 1.400 millones de dólares por los cobros excesivos a sus afiliados, generaron ruido durante la semana. Desde el oficialismo acusaron a la oposición de presentar un proyecto que evade el fallo, sin embargo, también con consientes de que ningún proyecto cuenta con los votos necesarios. Por eso, desde el Senado solicitó un pronunciamiento de la Corte Suprema y que fije una posición, Con eso, el Congreso pretende establecer prioridades y tramitar con claridad el destino de los proyectos.
El próximo 29 de mayo será el día en que los integrantes de la Corte Suprema se reunirán para analizar el contenido de las dos iniciativas que pretenden hacerse cargo de el fallo que emitió la misma corte y que le exige a las ISAPRES restituir 1.400 millones de dólares por los cobros excesivos a sus afiliados.
El Senado tiene en sus manos dos proyectos que buscan materializar el fallo de la Corte Suprema. Por un lado, la ley corta del Gobierno que le entrega a las ISAPRES la responsabilidad de presentar un plan en el que incluyan el método y plazos de pago. Por otro, el proyecto de reforma constitucional, presentado en diciembre, firmado por senadores Demócratas y de Chile Vamos que fue aprobada en la Comisión de Constitución y hoy está en discusión en la Comisión de Salud.
A penas se aprobó el proyecto de reforma en la comisión de el Senado, desde el Gobierno y parlamentarios oficialistas salieron a criticar en masa la propuesta, pues, el proyecto presentado por la oposición “evade” el fallo del tribunal dado que permite que las ISAPRES recalculen el precio del plan de salud al plan que se venía cobrando y, por lo tanto, la carga de la deuda que tienen la ISAPRES serían puestas en los mismos cotizantes. El presidente de RN y senador, Francisco Chahuán, advirtió que lo único que buscan es terminar con la incertidumbre de los pacientes y asegurar la existencia de las aseguradoras.
Ante el poco acuerdo que existe y las opiniones variadas que se esgrimen de un lado a otro, el Senado le solicitó a la Corte Suprema que fijara una postura respecto a las dos alternativas. Ese pronunciamiento podría incidir en la prioridad que se le ponga a cada trámite en el Congreso y así tener una claridad que le de más celeridad al trámite.
El 29 de mayo estarán presentes los 20 jueces que integran la Corte Suprema. Se eligió esa fecha dado que antes habrían bajas y, ante la implicancias del tema, prefirieron que existiera la mayor cantidad de jueces posible. Angela Vivanco, la ministra vocera de la corte suprema, dijo en su vocería semanal del 3 de mayo: “Nosotros, cuando dictamos un fallo, no especificamos cuál es la forma exacta en que la autoridad tiene que cumplirlo; para cumplirlo, la autoridad tiene que analizar sus propias atribuciones y determinar cuál es la manera en que va a cumplir”.
Consultado por La Tercera, el abogado constitucionalista Javier Couso, dijo que el pronunciamiento del máximo tribunal “no tienen ningún efecto jurídico”. Su colega UDI, consultada por el mismo medio, Constanza Hubbe, advierte que la Corte “ya aclaró que la forma del cumplimiento del fallo no depende de ellos, sino que de la Superintendencia y de las políticas públicas que se puedan aplicar. Ahora, el Congreso, el Gobierno y la Superintendencia tienen la última palabra”.
Sin embargo, el Senador Matías Walker (Demócrata), quien firmó el proyecto de reforma constitucional, es decir, la propuesta “alternativa”, le interesa que el tema se despeje. Walker quiere que se aclare si, lo que ellos presentaron “vulnera, como ha sostenido el gobierno, el fallo del máximo tribunal, porque a nosotros nos ha llamado mucho la atención que el gobierno trate de ser una suerte de vocero del Poder Judicial, cuando el proyecto lo presentamos hace meses y nunca la Corte se ha pronunciado de forma negativa sobre el mismo”.
Por último, también consultado por el medio mencionado, el senador demócrata advierte que lo importante está en las declaraciones del ministro de Justicia, Luis Cordero: “Indicó que ni nuestro proyecto ni la ley corta del gobierno tienen los votos para ser aprobados, lo que obliga a llegar a un acuerdo y ese es el tema de fondo. Hay que llegar a un acuerdo tomando lo mejor de los dos proyectos y que, en definitiva, se pueda cumplir el fallo, en términos que las ISAPRES y las clínicas sigan siendo viables”
