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Créditos: Agencia UNO (referencial)
En concreto, las empresas en cuestión son Guayacán S.P.A., Inmobiliaria La Herradura S.P.A., Inmobiliaria La Serena S.P.A., Inmobiliaria El Faro S.P.A., Inmobiliaria Pan de Azúcar S.P.A. e Inmobiliaria Cerro Grande S.P.A. además de quienes resulten responsables.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) mediante su Dirección Regional de La Serena, informó la presentación de una querella por el delito tributario de presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas contra los representantes legales de seis inmobiliarias por vender inmuebles a la Gobernación de Coquimbo en un monto “excesivo”.
En concreto, las empresas en cuestión son Guayacán S.P.A., Inmobiliaria La Herradura S.P.A., Inmobiliaria La Serena S.P.A., Inmobiliaria El Faro S.P.A., Inmobiliaria Pan de Azúcar S.P.A. e Inmobiliaria Cerro Grande S.P.A. además de quienes resulten responsables.
Los representantes legales de estas empresas son: Lorenzo Pedro Iduya Ortiz de Luzuriaga, Nicolas Fabian Bakulic Govorcin, Karim Ale Daire Daud y Manuel Alejandro Daire Daud, respectivamente; quienes vendieron a la Gobernación de la región de Coquimbo seis bienes raíces por $9 mil millones en 2020, monto superior a los $485.229.830 que adquirir los mismos sitios en 2014.
En conversación con Radio Bío Bío, el subdirector Jurídico del SI, Marcelo Freyhoffer, precisó que con la querella se busca enviar un mensaje claro: “Nadie debe afectar el desarrollo de nuestra sociedad al no pagar correctamente sus impuestos”. A ello se suma buscar desincentivar este tipo de delitos.
El SII en un comunicado manifestó que luego de analizar los antecedentes de la investigación que llevaba el Ministerio Público por fraude al fisco asociado a estas compras, se identificó que el costo tributario de los inmuebles vendidos era excesivo.
Tras revisar los antecedentes se procedió a una auditoria tributaria para fiscalizar el cumplimiento de la ” declaración y pago del Impuesto a la Renta de Primera Categoría y del Impuesto Único del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, correspondiente al año tributario 2021″. Esto para determinar si el costo el período comercial 2020 correspondía.
La auditoría arrojó que “el costo directo de los bienes raíces vendidos al Gobierno Regional de Coquimbo, por parte de las sociedades inmobiliarias, había sido incrementado de manera maliciosa, mediante un proceso de reorganización empresarial injustificado”. Mediante este método, imputaron un aumento en el costo por $3.881 millones, mediante incremento de capital ficticio.
Con la información obtenida, el Servicio de Impuestos Internos comenzó a recopilar los antecedentes contra estas seis empresas, lo que derivó en la identificación de las declaraciones anuales de impuestos de Renta correspondiente al 2021, las que fueron ingresadas “de manera maliciosamente falsa”, puesto que el costo tributario que se declaró estaba generado de forma artificial a través de una “planificación tributaria fraudulenta”.
La planificación tenía por objetivo la disminución de la base imponible del impuesto de primera categoría que se genera con la enajenación de bienes raíces de propiedad de las empresas mencionadas.
El monto del perjuicio fiscal que se generó por el Impuesto de Renta fue cercano a los $900 millones.
El SII comenzó a investigar a las inmobiliarias tras una indagación del Ministerio Público luego de que Contraloría General de la República haya detectado la compra por parte del Gobierno Regional de Coquimbo de seis lugares a un precio más elevado del valor real del mercado.
La compra fue realizada con un contrato de compraventa que no cumplió con el trámite de toma, lo que generó las sospechas del ente contralor, puesto que la operación no fue aprobada.
