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Créditos: Agencia UNO (referencial).
Democracia Viva: allanan seremi en Antofagasta y sede de la fundación por orden de Fiscalía
La investigación ordenada por la Fiscalía regional de Antofagasta busca indagar si hay “eventuales delitos en la asignación de convenios para proyectos en campamentos de la ciudad, con cargo a recursos del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo”, como indican en un comunicado, tras el allanamiento de la sede de la seremi regional y el domicilio registrado como sede de la fundación Democracia Viva.
Durante esta jornada, la Policía de Investigaciones (PDI), realizó un allanamiento en las oficinas de la seremi de Vivienda de Antofagasta y en la sede ubicada en Ñuñoa, región Metropolitana, de la Fundación Democracia Viva. La acción es parte de la indagatoria que anunció la Fiscalía regional de Antofagasta, para esclarecer si la firma de Convenios de Transferencia de Recursos entre la secretaría regional del Minvu y la organización de concretó según lo que establece la ley.
“La Fiscalía Regional de Antofagasta concretó esta tarde diligencia de entrada, registro e incautación, en el domicilio de la Fundación Democracia Viva en la comuna de Ñuñoa, como asimismo en las oficinas de la Seremía de Vivienda de Antofagasta”, indica el comunicado del Ministerio Público.
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“La diligencia fue desarrollada en forma simultánea por personal de la Brigada de Delitos Económicos de Antofagasta y Santiago de la Policía de Investigaciones, con la debida autorización del Juzgado de Garantía de Antofagasta, solicitada por el fiscal Cristian Aguilar Aranela“, señala la fiscalía.
La acción comandada pretende establecer si en el traspaso de recursos -que bordean los $426 millones de pesos a través de tres convenios-, existen “eventuales delitos en la asignación de convenios para proyectos en campamentos de la ciudad, con cargo a recursos del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo”.
Por esto, los funcionarios de la PDI asistieron a un departamento ubicado en la calle Exequiel Fernández en la comuna de Ñuñoa, ya que este inmueble figura como el domicilio de la fundación. Sin embargo, la dueña del domicilio señaló no ser parte de la organización, según consigna Biobío.
Cabe destacar que el caso surge luego de que se diera a conocer el millonario convenio entre el ministerio de Vivienda y la fundación ligada al partido Revolución Democrática, donde la parlamentaria por Antofagasta, Catalina Pérez, contó con la asesoría parlamentaria del exseremi del Minvu de la misma región, Carlos Contreras; mientras que la expareja de la legisaldora, Daniel Andrade, era el representante legal de la organización que recibió los recursos.
