
Congreso en alerta por informe de Contraloría: llamado a “achicar el Estado” y crítica a Dipres
El ente contralor detectó irregularidades por más de $1,5 billones en auditorías a reparticiones del Estado. Diputados de Chile Vamos destacaron la necesidad de fortalecer el organismo, mientras desde el Socialismo Democrático criticaron a la Dirección de Presupuestos y a anteriores contralores.
Un contundente informe de la Contraloría General de la República reveló irregularidades por más de $1,5 billones en diversas reparticiones del Estado durante el periodo entre abril de 2024 y marzo de 2025. El documento, que abarca 792 auditorías en municipalidades, gobiernos regionales, delegaciones presidenciales, empresas y organismos vinculados a sectores como deporte, salud y medioambiente, ha provocado duras reacciones en el Congreso.
Este no es el primer documento de la Contraloría que expone irregularidades. Forma parte de una serie de indagatorias, cuyo principal hito fue el caso del mal uso de licencias médicas. Desde la oposición agrupada en Chile Vamos han destacado los proyectos presentados para entregar más atribuciones al organismo, mientras que desde las bancadas oficialistas del Socialismo Democrático apuntaron a la Dipres y se preguntan qué estaban haciendo los anteriores contralores en el país antes de la llegada de la actual contralora, Dorothy Pérez.
El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, afirmó que “hace muchísimo tiempo que venimos insistiendo en la necesidad de achicar el Estado y de controlar mejor el gasto, porque esta plata, que debía haber ido a educación, salud, vivienda, termina siendo malgastada, o peor aún, termina siendo objeto de corrupción. El desafío del próximo gobierno va a ser achicar el Estado”.
Por su parte, en una declaración pública, el diputado Frank Sauerbaum (RN) sostuvo que “esto solo demuestra la mala administración de los recursos del Estado, y lo que nosotros hemos venido sosteniendo hace mucho tiempo, que hay una carga tributaria que pagan los chilenos absolutamente despilfarrada y mal administrada por el Estado, y que produce un estancamiento económico, pobreza, cesantía, falta de inversión”. Agregó que es necesario “un cambio estructural en la administración del Estado, disminuyendo la cantidad de trabajadores, haciéndolo mucho más eficiente, aumentando la tecnología, y haciendo que los recursos realmente se administren adecuadamente, con fiscalización también que sea adecuada, y con las sanciones debidas a quienes hagan mal uso de los recursos públicos”.
Celeridad en la comisión de Gobierno
Previo a la publicación del último informe, el diputado Andrés Longton (RN) había enfatizado que lo primero es fortalecer a la Contraloría para que fiscalice como corresponde. “Uno se pregunta, si tuvieran más atribuciones, qué otras cosas más podrían indagar o eventualmente sancionar”, comentó en un comunicado.
Hoy, el diputado y presidente de la Comisión de Gobierno Interior, Rubén Oyarzo (independiente y miembro de la bancada Radical – Liberal), manifestó que “es imperativo otorgar mayores herramientas para que la Contraloría general de la República, siga atacando de manera directa la corrupción en nuestro país”. Por esta razón, añadió, “daremos celeridad en la comisión de Gobierno, a la tramitación de los proyectos de ley que otorgan mayores atribuciones al órgano contralor”.
Crítica a la Dipres
Quien planteó otro foco de discusión fue el diputado independiente y miembro de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi (independiente e integrante de la bancada PPD). Planteó que “lo más grave aquí es que está en juego la credibilidad de una institucionalidad que nunca había sido cuestionada, como es la Dirección de Presupuestos (Dipres)”.
“Esta situación, dada la estrechez económica que tenemos, y la muy pronta discusión de Presupuestos para el gobierno que venga el próximo año, tiene que advertirnos que estamos frente a una discusión que está absolutamente contaminada por el muy mal trabajo que ha hecho la Dipres (a cargo de la frenteamplista Javiera Martínez), a diferencia de lo que ha dicho el Ministro Marcel, que ha defendido a ultranza su desempeño”, fustigó el diputado Bianchi.
Eso sí, el parlamentario reconoció que “nosotros desde nuestro rol fiscalizador también tenemos que hacer un mea culpa, porque si bien cuando advertimos situaciones, cuando pedimos oficios de fiscalización, a los seis meses sólo se nos entregó una vaga respuesta. El Congreso no tiene una contraparte para poder efectivamente hacerle un mejor seguimiento a las cifras que desde Dipres, desde Hacienda nos entregan permanentemente”.
Finalmente, el diputado Jaime Naranjo (Independiente y exmilitante PS) cuestionó la gestión previa en la Contraloría, señalando que “yo creo que la inmensa mayoría del país se hace la misma pregunta, ¿qué estaban haciendo los otros contralores en el país antes que llegara la actual contralora? Porque no puede ser que a partir de la llegada de ella, se estén destapando y descubriendo un sinnúmero de irregularidades en el país”.
Y agregó: “¿Quiere decir que los antiguos contralores estaban coludidos con la corrupción que existía en el país? Porque esa es la conclusión que uno puede sacar, porque no hay otra explicación”. Naranjo valoró la actual investigación y sostuvo que “lo que requiere ahora el Estado chileno, es que se hagan las investigaciones respectivas, las sanciones correspondientes y por cierto que, de alguna otra manera la situación de estrechez fiscal que vivimos puede deberse en parte por estos gastos que no correspondían que se hicieran”.