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Foto: AgenciaUNO
Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza (UDI) por compra de Cesfam en Las Condes
El órgano fiscalizador acreditó múltiples responsabilidades administrativas en la adquisición de un terreno municipal, incluyendo sobreprecios, omisiones legales y faltas de probidad que también alcanzan a más de una decena de exfuncionarios.
La Contraloría General de la República (CGR) confirmó un duro mazazo administrativo contra la exalcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), al acreditar siete cargos por “graves irregularidades” en la compra de un terreno destinado a la construcción de un nuevo Cesfam.
El ente fiscalizador encabezado por Dorothy Pérez concluyó que la operación —por 353.956 UF y aprobada en marzo de 2022— vulneró principios esenciales de probidad, omitió información clave al concejo municipal y prescindió de los mecanismos legales exigidos para adquisiciones públicas.
El paño de más de 5.300 metros cuadrados fue presentado al concejo sin individualizar las propiedades, sin detallar los precios de cada inmueble y sin informar qué mecanismo de compra se utilizaría. Más aún, la municipalidad no realizó tasaciones independientes que permitieran comprobar la razonabilidad de los montos.
El caso más evidente: una casa previamente vendida en 14.600 UF terminó costando al municipio más de 24.000 UF. Para la Contraloría, se trata de un sobreprecio que constituye una “grave violación al principio de probidad”.
El informe, de 20 páginas y fechado el lunes, también apunta a una red de responsabilidades internas. Contra el exdirector de Control, Eduardo López Arriagada, se propone derechamente la destitución, imputándole —entre otras faltas— haber ordenado la adulteración de un instrumento público. Al menos una decena de funcionarios más enfrenta cargos y sanciones: suspensiones temporales, rebajas salariales y anotaciones en sus hojas de vida.
“Omitir o eludir la propuesta pública (…) contraviene especialmente el principio de probidad”
Según el sumario, la compra se formalizó el 19 de abril de 2022 con la participación de las empresas FG Oriente II Spa y Vulcon Asset Management Spa, sin que el municipio aplicara ninguno de los mecanismos que exige el artículo 9 de la Ley 18.575: ni propuesta pública, ni licitación privada, ni resolución fundada para trato directo. “Omitir o eludir la propuesta pública (…) contraviene especialmente el principio de probidad”, remarca el dictamen.
La Contraloría detectó además discrepancias entre los precios pactados con Vulcon y los valores finales pagados por el municipio. Ejemplo emblemático: la propiedad de Nueva Delhi, que debía costar 14.688 UF, terminó siendo pagada en 24.280 UF. También se acreditó la intervención de profesionales externos mandatados por el municipio, fuera de las unidades jurídicas y de control institucionales.
El caso explotó tras una denuncia presentada por concejales —encabezados por Catalina Ugarte (Partido Republicano)— que alertaron sobre omisiones, documentos presuntamente adulterados y posibles sobreprecios. La actual alcaldesa, Catalina San Martín, lideró la estrategia municipal para investigar y transparentar los hechos, primero como concejala y luego desde el mando comunal.
La resolución cierra una investigación que se arrastra desde 2023 y que ahora deja a Peñaloza enfrentando un escenario político y jurídico extremadamente complejo. Para el municipio, se abre una nueva etapa: la definición de responsabilidades y la eventual judicialización de los hechos que Contraloría calificó como una de las vulneraciones más graves al patrimonio y a la probidad ocurridas en Las Condes en la última década.
