Ministro Elizalde descarta fundamento para una AC en contra de Montes tras anuncio de expropiación

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, descartó la existencia de fundamento para levantar una acusación constitucional en contra de su par de Vivienda, Carlos Montes, tras la decisión del Ejecutivo de expropiar 100 de las 215 hectáreas ocupadas en Cerro Centinela, en la megatoma de San Antonio.

Esto luego de que el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, expresara apertura del gremialismo a la idea, por cuanto constituiría “una ofensa al Estado de derecho” y un “incentivo perverso” que abre la puerta a la legalización de la usurpación.

“Lo que está haciendo el Gobierno y el ministro Montes es gravísimo, con esta conducta expropiatoria se están convirtiendo en cómplices de una ilegalidad y están incumpliendo lo que es la Constitución, el derecho a la propiedad. Están siendo cómplices de un delito de usurpación con una expropiación que además se paga con recursos de todos los chilenos”, sostuvo, según un comunicado desde la propia UDI. “Eso es inaceptable y por eso si es necesario hacer una comisión investigadora, o una acusación constitucional contra el ministro Montes, lo haremos. Está todo abierto“, agregó

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El jefe de gabinete salió al paso de la circunstancia esta mañana desde La Moneda: “Una acusación constitucional de esa naturaleza implica alguna infracción constitucional o legal, en este caso, no hay infracción legal (…) Nuestro ordenamiento jurídico establece la expropiación como una herramienta que va de la mano con la indemnización correspondiente, pero es una herramienta que, por lo demás, el Gobierno del Presidente Piñera utilizó más veces que el Gobierno del Presidente Boric“.

“Es fácil criticar, pero distinto es buscar soluciones y hacer que esas soluciones sean efectivas. Y lo cierto es que tenemos un desafío humanitario, y el Gobierno ya desde hace muchos meses planteó la necesidad de adquirir esos terrenos por parte de los pobladores para llevar adelante un plan habitacional y por eso se estableció una mesa técnica para generar un acuerdo”, recordó el secretario de Estado, recordando los fallidos acercamientos entre el Gobierno y la Inmobiliaria San Antonio para pactar la venta de las cien hectáreas en cuestión.

En esa línea, Elizalde llamó a no politizar la situación: “Una persona legítimamente puede tener una diferencia política, puede no compartir esa decisión, pero no puede señalar que es ilegal o inconstitucional“.

“Yo el llamado que haría es, en el debate democrático, todos podemos tener distintos puntos de vista, las decisiones que toma la autoridad pueden ser compartidas o no por parte de los ciudadanos y ciudadanas, en Chile existe libertad de expresión. Pero no confundir eso con una supuesta ilegalidad o inconstitucionalidad, que es el fundamento de una acusación constitucional“, sentenció.