Proyecto para regular encuestas genera debate por veto a publicaciones y multas millonarias

Diversas reacciones ha generado el proyecto de ley que busca regular el estándar técnico, la transparencia y financiamiento de las encuestas electorales. La iniciativa fue ingresada a la Comisión de Economía por el senador independiente Karim Bianchi y –entre otras cosas– podría ordenar la suspensión inmediata de la divulgación de un sondeo en el caso de infringir ciertos criterios especificados en el texto legislativo, cuyo incumplimiento podría derivar en multas de hasta 69 millones de pesos.

“Lo que pasó con las encuestas políticas en las últimas elecciones resulta absolutamente grave y grosero. Las principales empresas encuestadoras que se pasean por los medios de comunicación y se toman la agenda pública y política donde sus líderes van y opinan, han tenido un margen de error del 15 hasta casi el 40 por ciento. Eso es impresentable y da para sospechar que esto es una información que está manipulada”, sentenció el parlamentario. 

La moción argumenta que las encuestas de opinión pública se han convertido en “activos políticos de campaña, capaces de generar efectos performativos en la realidad, tales como el ‘efecto de arrastre’ (bandwagon effect) o el ‘voto útil’, influyendo decisivamente en el comportamiento del denominado ‘votante fluctuante’ o indeciso”.

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En esa línea, el texto también señala que, a diferencia de otros mercados de información sensible (como el financiero, regulado por la CMF, o el estadístico oficial, velado por el INE), el “mercado de la verdad electoral” en Chile opera en una zona de desregulación técnica.

La facultad fiscalizadora radicaría en el Servicio Electoral (Servel) y dentro de las obligaciones propone que “toda entidad demoscópica que pretenda divulgar resultados de una encuesta electoral deberá efectuar un depósito digital ante el Servel, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas previas a su primera difusión pública”. 

De acuerdo con lo estipulado en el proyecto, este depósito digital deberá contener obligatoriamente un Informe de Integridad Metodológica, el que debe incluir especificaciones sobre universo y muestra, explicitar margen de error y nivel de confianza, además de informar sobre la tasa de respuesta, metodología de recolección, entre otros temas. 

En el caso de que este informe contenga información falsa sobre financiamiento, deficiencias metodológicas que hagan inverosímiles los resultados o induzcan a error manifiesto a la ciudadanía, se podrá ordenar la suspensión inmediata de la divulgación de una encuesta electoral. 

En cuanto a las sanciones por incumplimiento, la iniciativa establece una multa a beneficio fiscal de 100 a 1.000 UTM, así como la prohibición de publicar nuevas encuestas por el resto del periodo electoral en curso.

Las advertencias de los expertos

Uno de los puntos transversalmente compartido por los expertos en la materia, es que Chile requiere más transparencia en las encuestas electorales. 

Para el director del Laboratorio de Encuestas y Análisis Social (LEAS) de la UAI, Ricardo González, es positivo exigir la publicación de cuestionarios, tasas de respuesta, ponderadores y financiamiento, ya que eso alinea al país con los estándares internacionales. Sin embargo, el investigador advierte que el proyecto se construye sobre una premisa equivocada: la idea de que las encuestas influyen fuertemente en el voto.

“La evidencia internacional muestra que el impacto real de las encuestas en la decisión electoral es mínimo o inexistente. Las preferencias de los votantes responden a factores mucho más profundos que los resultados de un estudio de opinión”, dijo.

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En conversación con El Mostrador, González también criticó el mecanismo del depósito previo obligatorio y la facultad de suspender estudios, lo que –a su juicio– podría funcionar como una veda encubierta. En esa línea, afirmó que las encuestas más precisas son las que se realizan y se publican lo más cerca posible del día de la elección, por lo que un depósito previo obligatorio introduce retrasos y barreras que dificultan la precisión de las preferencias estimadas en escenarios electorales volátiles, como los que hemos visto en Chile desde 2021 a la fecha.

“La evaluación técnica de una encuesta requiere tiempo, experticia y debate metodológico, no decisiones administrativas rápidas que pueden terminar funcionando como censura involuntaria, más aún considerando que la autoridad electoral no tiene la capacidad de evaluar diseños de muestreo, la calidad de una muestra y de las preguntas usadas para evaluar las preferencias electorales o los procedimientos para construir los ponderadores estadísticos”, agregó. 

En esa línea, el experto en opinión pública explicó que “este tipo de controles previos no mejora la calidad de la información, sino que la restringe, crea asimetrías y termina afectando al votante común más que a las élites, que siempre tiene acceso a encuestas privadas”. Por lo mismo, afirmó que la forma correcta de fortalecer la confianza en las encuestas “es abriendo la caja negra metodológica, no cerrando aún más el flujo de información en periodos electorales”.

Por su parte, la socia fundadora de Datavoz, Paulina Valenzuela, calificó como “extraño” el depósito digital exigido por la ley con 48 horas de anticipación. “Creo que el sentido de esto debería ser eliminar la veda y uno no podría publicar encuestas hasta el día anterior de la elección, porque quienes quieran hacerlo tendrían que tener las 48 horas para ingresar esta información en el registro”, dijo.

“Y respecto del rol fiscalizador del Servel en calificar, por una parte como no adecuada la información sobre el financiamiento o, incluso, criticar o cuestionar aspectos técnicos del resultado de una encuesta, en particular lo que se refiere a lo metodológico, no me parece. Yo creo que ahí están entrando en un terreno de control y de censura que no creo que sea lo que corresponda”, afirmó.

En esa línea, Valenzuela agregó que lo que ocurrió después de la primera vuelta es que “las empresas encuestadoras afiliadas, por ejemplo, a la Asociación de Investigadores de Mercado y de Opinión Pública (AIM), estamos trabajando en armar una mesa de conversación para ver por qué fallaron en términos de acertar a ciertos porcentajes. Pero que pudieron anticipar el resultado, fue así”.

“La idea es convocar no solo a las empresas que pertenecen a la AIM, sino también a la academia y a otras empresas serias que vienen regularmente realizando estudios. Entonces, creo que es una reacción un poco desmedida por una parte. Nosotros habíamos tenido una conversación con la subsecretaria Lobos a propósito de la veda y también de cómo generar un mecanismo que promoviera la transparencia, siendo incluso el Servel el que podía asumir ese rol de depositario de información de parte de las empresas encuestadoras, pero es algo que está en conversación, en discusión”, aclaró.

Polémica desatada con Alberto Mayol

Dentro de los fundamentos de la moción ingresada por el senador Bianchi, se menciona que “recientemente, hemos sido testigos de controversias públicas, como la carta suscrita por miembros de la Asociación de Investigadores de Mercado (AIM) cuestionando metodologías de nuevos actores (caso encuesta ‘La Cosa Nostra’), lo que evidencia que la autorregulación gremial es insuficiente”. 

La afirmación gatilló la molestia del sociólogo Alberto Mayol, quien publicó un comunicado este jueves a través de su cuenta de X, donde sostuvo que su proyecto fue mencionado de “manera impropia, provisto del desparpajo ramplón que inunda la política”.

“Lo mínimo es que presentes un proyecto entendiendo el tema. (…) Tienes mi contacto y podrías haber averiguado algo. Pero atacar a un tercero con información errada, sin comprender bien el debate, es grave”, acusó Mayol, emplazando a Bianchi. 

Asimismo, el encuestador señaló que se comunicó con el senador para solicitar una rectificación y que se disculpara “por no haber entendido la discusión previa entre encuestadoras”. Declaración en la que además adjuntó los mensajes de texto que hizo llegar al parlamentario. 

“Me genera molestia que de manera tan errática señales a mi proyecto como parte de los problemas metodológicos y la falta de regulación gremial”, sostuvo Mayol. “Te aclaro: la AIM no criticó mi encuesta. Lo que ellos cuestionaron fue un informe metodológico sobre la precisión de distintas encuestas donde yo salía con el primer lugar en los últimos 5 años. Ahora, otra encuesta hizo un informe distinto, con otra metodología, y el resultado es exactamente el mismo”, declaró Mayol. 

Cabe recordar que, antes de la primera vuelta presidencial, la Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública (AIM) emitió una declaración donde manifestó su preocupación por la publicación y comparación de encuestas de intención de voto que no cuentan con respaldo metodológico suficiente.

En ese sentido, hizo un llamado a los medios de comunicación y a los especialistas a respetar estándares mínimos de comparación, como el uso de la misma pregunta de intención de voto, la base 100 entre quienes declaran preferencia, la inclusión del margen de error y nivel de confianza, la equivalencia temporal de los estudios y la comparación de universos equivalentes.