PAÍS
Foto: AgenciaUNO
Primeros testigos declaran en proceso que podría destituir al gobernador Claudio Orrego
La defensa del jefe regional presentó a sus primeros nueve declarantes ante la ministra Adelita Ravanales, en una sesión marcada por relatos de funcionarios del Gore y el inicio formal de la revisión de los cargos por irregularidades detectadas por la Contraloría.
La destitución del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, arrancó en serio este jueves con la primera jornada de examen de los testigos ofrecidos por ambas partes ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
La jornada estuvo dedicada a los testimonios solicitados por la defensa de Orrego, liderada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, quienes habían pedido escuchar a 14 personas, principalmente funcionarios del Gore Metropolitano. Finalmente, según consigna La Tercera, solo nueve de ellos se presentaron ante la ministra Adelita Ravanales, sorteada para recibir la prueba testimonial, y respondieron al interrogatorio de los abogados de las partes, representadas por Máximo Pavez en nombre de los consejeros regionales.
Entre quienes declararon estuvieron Manuel Gallardo, administrador regional; José Tomás Correa, abogado de DLA Piper; Jesús Elgueta Pérez, Iván Salinas, jefe de comunicaciones del Gore; y Lorena Pohl, asesora del gobernador. También figuraban otros funcionarios y asesores legales del Gore, como Nicole Villanueva, Virginia Saavedra, Juan Pablo Casorzo, Gabriel Aldana, Carlos González Olave, Jorge Núñez Silva, Luz Núñez Rivera, Marcelo Segura e Israel Chamorro.
El proceso en contra de Orrego se inició en julio pasado, cuando 16 consejeros del Partido Republicano, la UDI y RN ingresaron un requerimiento de 100 páginas denunciando “notable abandono de deberes” y “contravención grave al principio de probidad administrativa”. Según el texto, el gobernador habría utilizado recursos financieros y comunicacionales del Gobierno Regional con fines electorales, configurando un patrón sistemático que, aseguran los acusadores, “socava la fe pública y atenta gravemente contra el patrimonio fiscal”.
La acusación se sustenta principalmente en dos informes de la Contraloría (N° 265/2024 y N° 873/2024), que documentan irregularidades administrativas, desórdenes financieros y uso indebido de fondos públicos. Uno de los cargos más graves apunta al desvío de recursos hacia fines personales de campaña electoral, como la contratación por trato directo de un servicio de “coaching directivo” por más de 31 millones de pesos, que según la Contraloría tuvo un contenido político-electoral, distinto del objetivo institucional declarado.
