El día después de Maduro: el futuro de Venezuela queda bajo la sombra de Washington

La captura de Nicolás Maduro tras el ataque militar de Estados Unidos instaló un escenario inédito para Venezuela y un debate inmediato sobre qué viene después: si el país entra en una transición democrática viable o si se abre una etapa de tutela externa, inestabilidad y conflicto prolongado. A la incertidumbre política se suman denuncias de impactos en zonas civiles, cortes de luz en sectores de Caracas y la activación del “estado de conmoción exterior” decretado por el chavismo, mientras Washington sostiene que gobernará el país “hasta que exista una transición segura y adecuada”.

Uno de los consensos entre especialistas es que la salida de Maduro no equivale automáticamente a una salida institucional. Pablo Lacoste, analista internacional y académico del Instituto de Estudios Avanzados IDEA Usach, planteó en conversación con El Mostrador que hasta ahora hay “tres elementos de lo que ha realizado y dicho Donald Trump.

Dos de esos tiene razón y otro parece bastante dudoso”. En su primera afirmación, sostuvo que el punto de partida es la ilegitimidad del régimen: “Nicolás Maduro no es el gobernante legítimo de Venezuela, porque él es un usurpador, él se robó una elección que perdió, así como la perdió Pinochet, pero reconoció la derrota en el plebiscito del 88. Maduro no reconoció la derrota en las elecciones presidenciales del 2024, hizo un fraude y tomó por arrebato el poder, desconociendo la voluntad popular. Se robó la voluntad popular y la soberanía del pueblo”.

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Desde esa mirada, Lacoste enfatizó que “en eso Trump tiene razón. Es ilegítimo Maduro y se equivoca Delcy Rodríguez cuando dice que el presidente de Venezuela es Maduro. No, no es presidente, es un usurpador”. Pero, junto con esa constatación, instaló un segundo elemento: la dificultad práctica para que la oposición gobierne, incluso habiendo triunfado electoralmente. “Trump dice que María Corina Machado no tiene fuerza para gobernar ahora Venezuela. En eso tiene razón, porque María Corina y Edmundo González, esa fuerza política ganó las elecciones por más del 60% de los votos en el año 24, pero no tiene la fuerza de seguridad que la respalde”, afirmó.

En ese punto, el académico vinculó la discusión con un problema clásico de la política venezolana: “esto es un tema clásico en ciencia política y en la tradición política de Venezuela. Simón Bolívar trató específicamente este tema”. Y recordó el razonamiento atribuido al Libertador: “Bolívar dijo, cuando le reclamaban, por qué no llama a un congreso que establezca una autoridad legítima y él decía, eso se puede hacer, el problema es quién va a sostener al gobierno emanado de eso si no hay una fuerza de seguridad organizada que lo sostenga”.

Bajo esa lógica, remarcó que, aunque “María Corina Machado y Edmundo ganaron legítimamente las elecciones del año 24”, hoy el límite es material: “no hay una fuerza política atrás que lo sostenga” y “las fuerzas de seguridad están cooptadas por la autocracia de Maduro”.

Pero el tercer elemento es el que, según Lacoste, abre el mayor riesgo: el anuncio de Trump de administrar Venezuela. “La tercera afirmación de Trump, donde él dice que él va a asumir el gobierno de Venezuela, eso es muy complicado. Es muy complicado porque ya hemos visto lo que pasó en Afganistán, lo que pasó en Irak y eso puede abrir una puerta hacia situaciones tormentosas de consecuencias imprevisibles”, sostuvo.

A su juicio, “involucrar directamente a la administración norteamericana a gobernar Venezuela no parece ser un camino recomendable ni un camino armónico” y podría desencadenar “muchos conflictos, resistencia, guerra de guerrillas y un empantanamiento con final muy incierto”. Por eso, concluyó, lo que se observará será “si se avizora una transición, que ojalá sea lo más rápida posible, donde las fuerzas de seguridad reconozcan el resultado de las elecciones del año 24 y garanticen el gobierno de los que fueron electos por el pueblo de Venezuela”.

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Desde una mirada regional, el analista internacional de la Universidad Andrés Bello, Felipe Vergara Maldonado, también subrayó el carácter excepcional del hecho: “La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses abre un capítulo inédito en América Latina”. Y planteó la pregunta central: “¿qué viene después y qué significa para la región?”. Para Vergara, los antecedentes comparados advierten que “sacar al líder o al dictador no garantiza estabilidad ni instituciones sólidas”.

Recordó que “Panamá, con la caída de Noriega en 1989, logró una transición democrática, pero bajo tutela externa y con costos humanos”, mientras que “Irak y Afganistán, tras intervenciones similares, quedaron sumidos en conflictos prolongados” y “Libia, después de Gadafi, se convirtió en un Estado fragmentado”.

El especialista remarcó que Venezuela enfrenta el dilema de una salida incompleta: “La salida de Maduro no desarma las redes militares y económicas que sostienen al chavismo. Sin acuerdos mínimos, el riesgo es reemplazar una hegemonía por otra o abrir paso a la violencia”. Y advirtió sobre el impacto fuera de las fronteras venezolanas: “Para América Latina, el impacto será regional, asociado a temas de migración, tensiones diplomáticas y nuevos alineamientos geopolíticos”.

Además, alertó que “la operación unilateral de Estados Unidos crea un precedente que erosiona normas internacionales y puede justificar futuras intervenciones selectivas”. Para Vergara, el punto crítico es no confundir el desenlace de un liderazgo con el nacimiento de una institucionalidad: “Una transición democrática requiere reglas claras, supervisión externa y garantías para la ciudadanía. Lo contrario —confundir la caída de un caudillo con la llegada de la democracia— sería correr el riesgo de repetir la historia y los costos que eso implica”.

En el plano estructural, el académico Froilán Ramos, del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, sostuvo que el escenario no puede leerse como un episodio aislado, sino como parte de una crisis acumulada: “La situación de Venezuela responde a una crisis política, económica, social y humanitaria de larga data, profundizada por el autoritarismo del régimen chavista y el fracaso de múltiples negociaciones para una salida institucional”.

Ramos añadió que existen “antecedentes relevantes” que apuntan al componente criminal del poder: “Los testimonios del ex jefe de inteligencia Hugo Carvajal, hoy detenido en Estados Unidos, el caso de los sobrinos de Maduro acusados en Nueva York y el proceso contra Alex Saab”. Para él, todo eso “refuerza la idea de que el narcotráfico fue un componente estructural del régimen” y que lo ocurrido “transmite una señal clara de que las acusaciones de narcoterrorismo tienen consecuencias reales”, con repercusiones regionales: “Incluso Cuba observa con preocupación este escenario, considerando su crisis interna y la pérdida de un aliado estratégico en la región”.

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Hoja de ruta

En cuanto a la hoja de ruta de la transición, las miradas también se abren. Juan Nagel, analista venezolano y académico de la Escuela de Negocios ESE de la Universidad de los Andes, señaló al diario La Tercera que “Estados Unidos ha dicho que viene una transición tutelada por ellos, con Delcy Rodríguez a la cabeza. Eso es sorprendente, pero puede que sea lo que haga falta para que Venezuela se estabilice”.

Sin embargo, Santiago Acosta, abogado venezolano y coordinador del Área Internacional de IdeaPaís, advirtió al mismo medio que el diseño está lejos de despejar certezas: “En la rueda de prensa, la administración Trump dejó abierta la posibilidad de continuidad, lo cual es preocupante porque aumenta el riesgo de escalamiento y de incertidumbre. Mi lectura es que, por ahora, la señal dominante es de control y condicionalidad. Hablan de que Estados Unidos administrará el país hasta una transición segura, sin ofrecer todavía un marco claro de legitimidad democrática para esa transición”.

Acosta describió un mejor escenario y dos rutas más pesimistas. El primero, dijo, sería “una transición negociada y rápida, con un arreglo de gobernabilidad provisional y hoja de ruta de recuperación institucional”, aunque advirtió que “requiere un marco de legitimidad y garantías mínimas de orden interno” y que “requiere que la oposición venezolana sea parte del acuerdo”.

Los otros escenarios, en cambio, son “administración transitoria de facto con negociación parcial, donde EE.UU. y sectores del régimen pactan un esquema que estabilice el país, pero sin anclaje claro en el mandato democrático del 28 de julio de 2024” o, derechamente, “inestabilidad y fragmentación, si no hay sucesión ordenada, si hay facciones que resisten o si el control territorial se vuelve difuso”. Para Acosta, la clave es “volver al hilo constitucional” y reconocer “la legitimidad de la victoria de González Urrutia el 28 de julio”. Y, en paralelo, Nagel insistió en que no hay garantías inmediatas: “Habrá que ver cómo evoluciona la situación de seguridad y de servicios públicos esenciales. Venezuela ha sufrido un ataque brutal a su infraestructura, que podría repetirse, por lo que hay que ver qué tan extenso es”.

Debate jurídico

El debate jurídico, en tanto, es uno de los puntos más críticos. El counsel de la Corte Penal Internacional, Javier Ruiz, en France 24 en español, no dudó en calificar el ataque como “ilegal” y afirmó que la doctrina que busca imponer Trump implica atacar “sin haber pedido permiso y sin haber solicitado la intervención de Naciones Unidas”.

Ruiz sostuvo que una acción distinta “perfectamente podría haberse dado en el marco de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas” invocando la “Responsabilidad de Proteger”, y argumentó que “EE. UU. tenía la posibilidad de hacer pasar por la Asamblea General de la ONU, no por el Consejo de Seguridad”. Sin embargo, concluyó, Estados Unidos optó por “un crimen de agresión liso y llano”, con un componente político asociado a “la calificación como cartel de droga al cartel de los Soles y a Nicolás Maduro como uno de sus miembros”. Y agregó que, más allá de la discusión internacional, “EE. UU. no solo violó el derecho internacional, sino también viola la ley norteamericana, en cuanto que no pidió la autorización al Congreso de las 48 horas antes”.

Desde Chile, Jaime Abedrapo, doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad San Sebastián, fue categórico al afirmar que Estados Unidos “lo viola en todas sus formas”. Reconoció el contexto regional, pero descartó que sirva como justificación: “Hoy vimos nuevamente una acción militar y si bien tiene un contexto político -hay un cansancio regional, una suerte de saturación respecto a las implicancias que ha tenido el régimen de Maduro en materia migratoria, en materia de alguna vinculación con el crimen organizado transnacional, y un largo etcétera- pero eso no justifica de manera alguna el modo en que Estados Unidos está procediendo”.

Y, sobre el giro doctrinario, explicó que “desde que asume Trump, él generó las condiciones para establecer como una amenaza a su seguridad nacional el crimen organizado y particularmente el narcotráfico”, preparando el terreno para “establecer que va a ocupar el instrumento militar para ir sobre los enemigos”. En esa lectura, el marco recuerda el giro post 2001: “Es como el capítulo siguiente a lo que empezó en el 2001, con los atentados de las Torres Gemelas, donde el enemigo se transformó en el terrorismo… y vimos guerras ilegales”.

Así, la caída de Maduro abre una bifurcación: por un lado, el reconocimiento extendido de que el régimen había perdido legitimidad; por otro, el temor de que el método —un ataque y posterior administración de un país por una potencia extranjera— empuje a Venezuela hacia un ciclo de “consecuencias imprevisibles”. En palabras de Lacoste, lo que se juega ahora es si se impone un camino “tranquilizante” —con fuerzas de seguridad reconociendo el resultado electoral— o si se abre una etapa de “resistencia” y “empantanamiento” que vuelva a convertir la transición en un problema mayor que el propio desenlace del poder.