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Foto: AgenciaUNO
Congreso despacha reajuste al sector público y le baja el pulgar a norma de “amarre” del Gobierno
El proyecto pasa ahora al TC para su revisión final. Si no hay reparos, quedará en condiciones de ser promulgado por el Presidente Boric y comenzar el pago del reajuste de 3,4%, ya sin la norma que el Gobierno no logró sostener. El Gobierno reconoció el revés pero puso el foco en el cuadro general.
El reajuste salió, pero no como lo imaginaba el Gobierno. Tras una áspera tramitación y un debate cruzado por el financiamiento y el rol del Estado, el Congreso despachó a ley el proyecto de reajuste al sector público, asegurando un alza salarial de 3,4%, pero borrando del texto final la polémica norma de “amarre” que buscaba blindar la estabilidad de los funcionarios a contrata.
La definición quedó zanjada este miércoles en la Cámara de Diputados, donde en su tercer trámite constitucional la iniciativa fue aprobada con 122 votos a favor y cuatro en contra (ver votación), ratificando el aumento para sueldos, aguinaldos y bonificaciones. El reajuste será escalonado: un 2% retroactivo desde diciembre de 2025 y otro 1,4% adicional a partir de junio.
El nudo político del proyecto, sin embargo, se resolvió en contra de La Moneda. La mayoría parlamentaria rechazó definitivamente el criterio de confianza legítima, una norma que permitía a funcionarios a contrata con cinco años de antigüedad reclamar ante la Contraloría por despidos injustificados y obligaba a la autoridad a fundamentar formalmente la no renovación de contratos. Para la oposición, se trataba de un intento del Ejecutivo por dejar amarrada a la próxima administración; para el Gobierno, de una regla mínima contra arbitrariedades.
REAJUSTE 📰| Proyecto de reajuste culminó tramitación en el Congreso Nacional. https://t.co/7fkEf8qs6Y pic.twitter.com/7beIxff3Hh
— Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) January 21, 2026
Grau: “No logramos obtener los votos ni acá ni en el Senado en lo relativo a evitar arbitrariedades”
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, reconoció el revés, aunque intentó poner el foco en el cuadro general. De las 145 normas misceláneas que contenía el proyecto, 130 fueron aprobadas y solo 15 rechazadas, recordó. “no logramos obtener los votos ni acá ni en el Senado en lo relativo a evitar arbitrariedades y tener mayor transparencia en la forma en que se renuevan las contratas”, lamentó, subrayando que en el Gobierno central hay cerca de 287 mil funcionarios a contrata, la mayoría ingresados por concurso y no por afinidad política. A su juicio, el tema seguirá siendo un desafío para las próximas administraciones.
Grau también explicó que, debido a que algunas disposiciones se votaron por separado y requerían quórum constitucional, el proyecto deberá pasar ahora por el Tribunal Constitucional antes de su promulgación por parte del Presidente Gabriel Boric. Sobre el financiamiento, descartó un vacío fiscal y sostuvo que el reajuste está cubierto por el informe financiero, pese a la caída de la norma que permitía imputar el gasto a cada repartición.
La oposición, en todo caso, no soltó las críticas. Miguel Mellado (Ind.-REP) acusó que el reajuste aprobado “no tiene financiamiento”, citando advertencias del Consejo Fiscal Autónomo y de la Contraloría. Johannes Kaiser (PNL) fue más allá y aseguró que el déficit que deja el Ejecutivo terminará trasladándose a recortes futuros o a mayor endeudamiento. Desde la UDI, Daniel Lilayú cuestionó el uso de la ley de reajuste para empujar normas misceláneas “que no resistirían un debate serio”, aunque aclaró que votó a favor del proyecto como señal de responsabilidad con los trabajadores.
Desde el oficialismo, el debate se leyó en otra clave. El socialista Juan Santana llamó a no desacreditar el empleo público y defendió el rol del Estado en la corrección de desigualdades. En la misma línea, la diputada frenteamplista Camila Rojas recordó que en emergencias como los incendios forestales son los funcionarios públicos —desde brigadistas hasta personal de salud— quienes sostienen la respuesta del Estado. Marta González (Ind.-PPD), en tanto, expresó su preocupación por el rechazo de artículos vinculados a la libertad sindical.
Así, el reajuste al sector público cerró su paso por el Congreso con un resultado mixto para el Ejecutivo: los trabajadores recibirán el aumento comprometido, pero el Gobierno no logró instalar su principal apuesta institucional. El sueldo sube; la norma de amarre, definitivamente, no.
El Proyecto
Entre los principales cambios efectuados por el Senado están los siguientes:
- Modificó el plazo para autorizar el teletrabajo en servicios públicos y otras entidades públicas. Así, se pasó del límite del 31 de diciembre de 2028, al 1 de marzo de 2027.
- Eliminó el artículo que define la vía de financiamiento.
- Suprimió las normas relacionadas a materias sindicales en el sector público.
- Eliminó una modificación a la planta de directivos del segundo nivel jerárquico del Instituto de Previsión social (IPS).
- Suprimió la norma que ordena la renuncia del personal de confianza del Gobierno.
- Incorporó un nuevo artículo que permite a los gobiernos regionales financiar proyectos de inversión regional en algunas empresas estatales.
- Introduce la entrada en funcionamiento de los servicios locales de educación pública de Las Caletas y Costa Itata para el 1 de marzo de 2026.
- Definió que la reclamación de la declaración de inadmisibilidad de una moción, solo podrá ser enmendada con los votos favorables de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de la Sala.
- Prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 las licencias de conducir cuyo vencimiento ocurra durante el año 2025.
