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Agencia Uno
Defensa de Orrego critica a Fiscalía por solicitud de desafuero en caso ProCultura
El abogado Ciro Colombara, representante del gobernador metropolitano Claudio Orrego, cuestionó la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Antofagasta en el marco del caso ProCultura y acusó errores en la investigación del Ministerio Público.
El abogado Ciro Colombara, cuestionó la solicitud de la Fiscalía de Antofagasta para desaforar al gobernador, argumentando que el convenio del programa de prevención del suicidio “Quédate”, aprobado en 2022, fue uno de los 75 proyectos visados por el Gobierno Regional ese año y que su tramitación se extendió por cinco meses, superando el promedio habitual. Según explicó, la iniciativa fue revisada y aprobada por seis instancias, entre ellas la División de Planificación y Desarrollo Regional, la Comisión de Salud y el pleno del Consejo Regional, integrado por 34 consejeros.
El defensor sostuvo que el convenio del programa de prevención del suicidio “Quédate”, aprobado en 2022, fue uno de los 75 proyectos visados por el Gobierno Regional ese año y que su tramitación se extendió por cinco meses, superando el promedio habitual.
“Y fue revisado, observado y aprobado, no por el gobernador Claudio Orrego, en su oficina o en su casa, sino por seis instancias e instituciones, que asumo que no habrá cuestionamiento alguno. Por la División de Planificación y Desarrollo Regional, por la Comisión de Salud del Gobierno Regional, por el Pleno del Consejo Regional, 34 consejeros, integrado evidentemente también por adversarios políticos del gobernador”, sostuvo el defensor.
Colombara afirmó que eventuales decisiones adoptadas por la fundación respecto al uso de los fondos , como su inversión en instrumentos financieros, no pueden imputarse al gobernador. “¿Qué reproche puede haber de un acto que escapa a la voluntad o al control? Y ya veremos después, al terminar este análisis, cómo el Gobierno Regional, don Claudio Orrego, interpone querella criminal en contra de ProCultura, imputándole el delito de apropiación indebida, que es la tesis subsidiaria de la Fiscalía de Antofagasta”, apuntó.
El abogado destacó que el programa se ejecutó durante un año, beneficiando a más de 14 mil personas en 32 municipios y diversas instituciones educacionales y sociales, con una ejecución presupuestaria cercana a los $600 millones.
Además, defendió la figura del fuero, expresando que “no es un privilegio de impunidad”. sino una garantía institucional. A su juicio, un eventual desafuero con fines de solicitar prisión preventiva podría implicar, en la práctica, una “destitución de facto”.
“El Ministerio Público, la Fiscalía de Antofagasta, desconoce el trabajo del Gobierno Regional, lo plantea como una improvisación para defraudar al fisco, desconoce las normas legales aplicables a la transferencia de fondos, desconoce que se favoreció a más de 15.000 personas, y más de 150 instituciones, desconoce que se cauteló el 100% de los recursos públicos mediante las pólizas de garantía y, por ende, no habrá perjuicio fiscal, desconoce los controles, terminación y denuncia inmediata del Gobierno Regional”, aseguró.
