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Senado despacha proyecto “Escuelas Protegidas” a la Cámara de Diputados para su tercer trámite
La iniciativa fue aprobada en particular por la Cámara Alta tras una extensa discusión sobre revisión de mochilas, presencia policial y gratuidad universitaria. El proyecto volverá ahora a la Cámara de Diputados.
El Senado concluyó este martes la votación en particular del proyecto “Escuelas Protegidas” y despachó la iniciativa a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional, luego de una extensa jornada marcada por tensos debates sobre revisión de mochilas, presencia policial y derechos de estudiantes.
El proyecto, impulsado por el Gobierno, busca establecer nuevas medidas de seguridad, orden y convivencia dentro de establecimientos educacionales. Aunque La Moneda esperaba aprobarlo completamente el lunes, la discusión del articulado se extendió hasta este martes, complicando los tiempos legislativos antes de la próxima Cuenta Pública presidencial.
Uno de los puntos más debatidos fue la revisión de mochilas y pertenencias de estudiantes. Una indicación que buscaba limitar estas revisiones solo a situaciones fundadas fue rechazada por 22 votos en contra y 18 a favor, pese al respaldo de parlamentarias como Yasna Provoste (DC) y Claudia Pascual (PC).
Posteriormente, el Senado aprobó de manera unánime modificaciones destinadas a precisar cómo deben realizarse las revisiones especiales e individuales de estudiantes, incorporando resguardos y aclaraciones al procedimiento.
También se aprobó la posibilidad de revisar bolsillos de alumnos, pese a las críticas de sectores que consideraron que la medida vulnera derechos de niños, niñas y adolescentes. La modificación fue respaldada por 24 votos contra 15.
En paralelo, el Senado rechazó varias indicaciones impulsadas por la senadora Beatriz Sánchez (FA), entre ellas propuestas para fijar una edad mínima de 14 años para las revisiones, impedir la divulgación de información encontrada en cuadernos o libretas y permitir que docentes pudieran negarse a participar de estos procedimientos.
Otro de los puntos aprobados fue la regulación de la presencia policial en casos donde un apoderado no concurra tras ser citado por una revisión escolar. La modificación obtuvo 23 votos favorables, 14 en contra y una abstención.
La discusión también incluyó controversias sobre las sanciones vinculadas a la gratuidad universitaria. El Senado rechazó tanto una indicación del senador Vlado Mirosevic para reducir de cinco a tres años la inhabilidad para acceder al beneficio, como otra propuesta de Beatriz Sánchez que buscaba eliminar completamente la sanción.
Durante el debate se produjo además un enfrentamiento reglamentario por la constitucionalidad de algunas normas. La senadora Yasna Provoste solicitó recalificar el quorum de votación del artículo que incorpora un nuevo artículo 87 ter al Código Procesal Penal, argumentando que la revisión de efectos personales de estudiantes afecta derechos fundamentales vinculados a la privacidad e intimidad.
La mesa del Senado rechazó esa interpretación y sostuvo que la norma requería mayoría simple. Finalmente, Provoste, Beatriz Sánchez y Claudia Pascual presentaron reserva de constitucionalidad sobre el articulado aprobado.
En la discusión política previa, parlamentarios oficialistas defendieron la iniciativa como una herramienta necesaria para recuperar la convivencia escolar. El senador Javier Macaya (UDI) sostuvo que “la primera preocupación del Estado tiene que estar puesta en las víctimas, en los alumnos que quieren estudiar, en los profesores que quieren enseñar”.
Desde sectores críticos, en cambio, se cuestionó el enfoque del proyecto. La senadora Ximena Órdenes (Ind. PPD) acusó que la iniciativa “instala una lógica de sospecha permanente dentro de las escuelas”, mientras Karol Cariola (PC) advirtió que la respuesta legislativa “no puede convertir la legítima preocupación por la convivencia escolar en una política de sospecha y criminalización de niños y adolescentes”.
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