El capital no volvió (y no iba a volver)

El Chile de derechas se contó una historia durante cuatro años. El relato decía así: el problema era Boric. El proceso constitucional, la reforma tributaria, el clima ideológico, la incertidumbre. Cuando ese ciclo terminara, cuando Chile eligiera un gobierno que hablara el idioma del mercado, el capital regresaría, la inversión se recuperaría y la economía volvería a crecer. Era una historia tranquilizadora. Y esta semana quedó definitivamente desmentida.

Los datos del Banco Central para el primer trimestre de 2026 son elocuentes: entre enero y marzo salieron del país US$2.163 millones, un alza de 155% respecto del mismo trimestre del año anterior, la cifra más alta para ese período desde 2022. José Antonio Kast lleva dos meses en La Moneda y la fuga de capitales no se frenó. Se aceleró.

Conviene leer a la investigadora Rachel Théodore, quién lleva más de tres años documentando este fenómeno. Su tesis, publicada este año en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, es incómoda para todos los sectores, pero especialmente para el relato que instaló la derecha empresarial: el estallido social de 2019 no generó una crisis de confianza política coyuntural. Generó un quiebre estructural entre las élites empresariales chilenas y el Estado-nación.

Théodore lo llama desanclaje. Las élites que históricamente mantenían un fuerte sesgo local —que invertían en Chile por encima de lo que la lógica de diversificación global recomendaba— dejaron de hacerlo. No porque Boric les asustara, sino porque octubre de 2019 les mostró que el país en que creían existir ya no era el mismo. El estallido rompió el contrato implícito entre élites económicas y sociedad chilena, el que decía que el modelo producía paz social suficiente para sostener la acumulación sin redistribución. Ese contrato se evaporó en pocas semanas y no ha vuelto a firmarse.

Entre 2019 y 2024, distintos cálculos estiman que salieron del país alrededor de 50 mil millones de dólares, casi el 20% del PIB. No es una estadística abstracta. Es la cifra del desenganche.

Aquí está la paradoja que define el momento político chileno, el mismo proceso que explica la fuga de capitales explica el triunfo de Kast con el 58% de los votos en diciembre de 2025. Son dos caras de la misma moneda.

El estallido de 2019 no solo asustó a la élite empresarial. También asustó a la clase media emergente,  esa que en los últimos 30 años había logrado acceder al consumo, al crédito, a la universidad privada, a la casa propia. Para ese sector la refundación era una amenaza, no una promesa. Tenían algo que perder y la izquierda del proceso constitucional no supo leerlo. Kast sí lo leyó.

Su campaña operó exactamente como un catalizador de ese malestar específico: el de quienes querían estabilidad, no transformación. Orden, no experimento. Kast capturó el voto del miedo al cambio, que en Chile post estallido es un voto enorme. Y ganó con una mayoría aplastante, la más alta en votos absolutos desde el retorno a la democracia. Pero capturar ese malestar y resolverlo son cosas distintas. Y aquí está el nudo.

El programa de Kast se construyó sobre una premisa: que el problema era el Estado. Demasiado gasto, demasiada regulación, demasiada incertidumbre tributaria. La solución era reducir el gasto en US$6.000 millones, recortar impuestos a los inversionistas y señalizar al mercado que Chile era de nuevo un lugar confiable. La narrativa era que bastaba con cambiar el signo político del gobierno para que el capital regresara.

Los datos del primer trimestre contradicen esa premisa con brutalidad. La fuga no esperó a Boric para comenzar ni ha esperado a Kast para detenerse, porque el problema nunca fue quién gobernaba. Fue que las élites empresariales chilenas tomaron la decisión estratégica de transnacionalizar su patrimonio, diversificar sus activos fuera del país y reducir su exposición a Chile como proyecto. Esa decisión no se revierte con un ajuste fiscal ni con un ministro de hacienda pro empresarial.

Peor aún: la solución que Kast propone agrava el otro lado del problema. Théodore advirtió con claridad que recortar el gasto fiscal en un país donde los derechos sociales aún no están consolidados genera problemas de paz social. Chile recauda apenas el 23-24% del PIB cuando el promedio OCDE es el 30% y países como Francia superan el 50%. En ese contexto, recortar para tranquilizar a un empresariado que se va de todas formas significa debilitar los servicios básicos que son el único pegamento que le queda al contrato social.

La élite empresarial pide menos Estado, pero fue la ausencia de Estado —en salud, pensiones, educación— lo que incubó el estallido que la asustó y la hizo irse. Reducir más el Estado para que vuelvan es la lógica circular que solo puede profundizar la espiral.

Lo que la investigación de Théodore pone sobre la mesa, y que la política chilena todavía se niega a discutir con honestidad, es que Chile necesita un nuevo pacto fiscal. Uno que recaude más, que redistribuya mejor y que reconstruya los derechos sociales que le darían estabilidad de largo plazo. Ese pacto es la única forma de reponer el contrato social que el estallido destruyó.

Pero ese pacto requiere que las élites empresariales contribuyan a él. Y esas élites, precisamente, están sacando su dinero del país. El gobierno de Kast no puede pedirle a las élites que se queden y al mismo tiempo bajarles los impuestos: esa es la cuadratura del círculo que define su imposibilidad estructural. El ministro Quiroz necesita que las élites inviertan en Chile, pero para lograrlo les baja los impuestos, reduciendo exactamente los recursos que podrían construir la estabilidad social que haría a Chile atractivo para invertir. La solución destruye las condiciones que harían posible la solución.

Chile eligió a Kast porque quería certeza, pero la certeza que las cifras entregan es la contraria a la que su proyecto prometía: el capital de las élites no volvió con el cambio de gobierno. Y sin un nuevo pacto social que reconstruya la confianza desde abajo —desde los derechos, desde la cohesión, desde el Estado— tampoco va a volver después.

El primer trimestre de 2026 no es una mala noticia para un gobierno. Es el diagnóstico de una fractura que ningún gobierno de este ciclo tiene las herramientas ideológicas para sanar.