Nicolás Somma y el 18-O: “Temas enterrados tras el fracaso constitucional pueden empezar a resurgir”

A siete años del estallido social, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrenta su primera conmemoración en medio de presiones internas por indultos a uniformados y un complejo contexto económico que ha impactado en sus niveles de aprobación. 

En entrevista con El Mostrador, el académico del Instituto de Sociología UC y experto en movimientos sociales, Nicolás Somma, sostiene que el 18-O sigue siendo un episodio clave para entender la política chilena. “El estallido del 2019 fue un productor muy potente de símbolos” y “define el comienzo de una nueva era para Chile”, aunque su interpretación continúa en disputa y puede volver a cambiar bajo el actual Gobierno.

Somma descarta, por ahora, un nuevo estallido, porque se trata de “fenómenos extraordinarios” que no suelen repetirse con frecuencia. Sin embargo, advierte que puede cambiar “la lupa con que se interpretan las demandas que surgieron o cristalizaron en 2019”. En ese escenario, la seguridad sigue siendo relevante, pero comienza a ser disputada por preocupaciones materiales como el desempleo, que podría generar “otros temas críticos que produzcan una espiral deslegitimadora”.

El sociólogo no observa una capacidad de articulación  de los movimientos sociales en el corto plazo. “Si uno la compara con la década pasada (2010-2020), ciertamente esta no está siendo la década de los movimientos sociales”, afirma. El voto obligatorio habría reforzado el peso de las “mayorías silenciosas”. Por ello, concluye que “hasta que no haya una reorientación de las prioridades de la gente hacia temas fácilmente apropiables por parte de los movimientos sociales, no vamos a tener grandes movilizaciones”.

Finalmente, señala que decisiones políticas que impliquen recortes o sean percibidas como una ruptura del “acuerdo moral” entre Estado y ciudadanía pueden aumentar el riesgo de movilizaciones. Sin embargo, la magnitud de estas dependerá también de la existencia de liderazgos, cohesión y capacidad de articulación entre los grupos organizados.

-Estamos ad portas del séptimo aniversario del 18 de octubre, el primero bajo el Gobierno de José Antonio Kast. ¿Qué significado político adquiere esta conmemoración en un contexto donde, por ejemplo, el Gobierno ha puesto el orden público en el centro de su agenda y donde las prioridades ciudadanas han cambiado?
-Creo que el estallido del 2019 fue un productor muy potente de símbolos. Hubo un intento de apropiación discursiva desde ambos lados. En un caso, pintándolo como una irrupción romántica de las masas en contra del neoliberalismo y, por el otro, construyendo la versión del estallido delictual donde un conjunto de vándalos habían querido haber derribado el Gobierno con apoyo de fuerzas extranjeras. Entonces, es un evento que define el comienzo de una nueva era para Chile y, si bien los eventos que ocurrieron son objetivos, cómo se los interpreta cambia mucho su impacto en las acciones del presente.

Mi impresión es que estamos en un momento político en el que el péndulo quizás puede empezar a moverse, no digo hacia el lado del estallido social, pero sí hacia una mayor tolerancia a la acción colectiva, que últimamente pasó a ser vista como sinónimo de desorden. Estar en el Gobierno desgasta y esto ocurre rápidamente ahora, arrastrando a la baja los temas que enfatizó el Gobierno en la campaña. E inversamente, ciertos temas que parecían estar enterrados después del fracaso constitucional –como tener un Estado que no solo sea eficiente sino que también atienda la vulnerabilidad social– pueden empezar a resurgir como reacción al rechazo, a estas alturas casi automático, que produce llegar al poder.

En ese contexto, no creo que estemos necesariamente cerca de un nuevo estallido porque estos son fenómenos extraordinarios y que no suelen repetirse muy seguido (aunque sí ocurre a veces, como en Perú o Colombia). Pero sí puede cambiar una vez más la lupa con que se interpretan las demandas que surgieron o cristalizaron en 2019.

-¿Cómo ves en particular los cambios en las prioridades ciudadanas? ¿Se trata de algo estructural o puede ir mutando constantemente?
-Las prioridades que tiene la población varían mucho. Y eso depende, por un lado, de las tendencias objetivas, hay una correlación entre fenómenos estructurales en la economía, la inmigración y las preocupaciones de las personas. Pero también tiene mucho que ver con la manera en que los líderes políticos activan ciertos temas con la expectativa de ganar popularidad.

La noticia tan difundida de que Chile tiene una de las percepciones más altas de crimen en el mundo, a pesar de tener cifras bajas de crímenes y homicidios en el contexto latinoamericano, muestra que no siempre la gente forma sus opiniones a partir de las estadísticas o de los datos. Y que hay mucho espacio para que surjan emprendedores políticos que activen ciertos temas, si es que los medios los encuentran noticiosos.

No creo que la preocupación por la seguridad haya quedado en un segundo plano, pero sí está empezando a ser seriamente disputada por preocupaciones materiales como el desempleo. Y el desempleo, para un Gobierno cuyo foco era reactivar la economía (aunque por medio de la inversión y frenando la permisología, no reactivando el empleo directamente) puede abrir la cancha para que surjan otros temas críticos que produzcan una espiral deslegitimadora.

-Otro de los temas que ha surgido estos días ha sido la presión de algunos sectores de derecha para que el Presidente Kast concrete los indultos a uniformados condenados por hechos vinculados al estallido. ¿Cómo analizas las formas en que la derecha busca también construir esta memoria política del estallido? 
-El hecho de que un sector, en este caso la derecha, haya llegado al poder, lejos de ser un factor de unificación, es un factor de disputas. Tenemos una derecha mucho más heterogénea, con varios liderazgos, que se expandió hacia la ultraderecha, y donde el Partido Nacional Libertario tironea hacia ese lado al Partido Republicano, que una vez que gobierna ya no puede ser el más “duro” como era hace unos años. Y por otra parte, el Gobierno se ve tironeado hacia el centro por la derecha tradicional, cuyo apoyo precisa en el Parlamento.

Indultar a reclusos es siempre una fuente de posibles complicaciones para un Gobierno. Sienta precedentes que después otras fuerzas políticas pueden intentar utilizar a su favor. Y abre la discusión sobre si los indultos estaban justificados, si estaban todos los antecedentes disponibles, etcétera. Ya vimos el problema que se armó cuando Boric indultó a manifestantes con antecedentes criminales. Como el indulto tiene un componente de juicio personal, de clemencia, y no es simplemente una decisión legal, administrativa, abre flancos a discrepancias. Todos podemos opinar sobre si estaba justificado o no, sobre si el motivo de la condena puede ser puesto entre paréntesis por una consideración superior.

-Otro tema desde el 2019 hasta hoy han sido los cambios en la relación entre la política institucional y los movimientos sociales. ¿Consideras que los movimientos sociales perdieron capacidad de incidencia o cómo interpretas su presencia actualmente?
-No diría que perdieron definitivamente capacidad de incidencia, pero si uno la compara con la década pasada (2010-2020), ciertamente esta no está siendo la década de los movimientos sociales. Si uno recuerda desde el 2010 o 2011 en adelante, a partir del movimiento estudiantil, las demandas de los movimientos sociales fueron tomadas muy en cuenta, al punto que las principales reformas del segundo Gobierno de Bachelet fueron básicamente una respuesta a las demandas de los estudiantes y de otros movimientos. Eso tuvo un momento de posible cristalización durante el primer proceso constituyente que al final fue rechazado por el electorado, produciendo la sensación de que hasta ahí se había podido llegar.

Y ahora vemos que las prioridades del Gobierno y los partidos en el Congreso no pasan por tomar en cuenta las demandas de los movimientos sociales, que están con un nivel de movilización mucho más bajo, sino de esas mayorías silenciosas que en definitiva son las que en un contexto de voto obligatorio terminan decidiendo las elecciones.

Entonces, el cambio al voto obligatorio aumenta el impacto político de personas que antes no votaban (y que ahora tienen que hacerlo) y que en su gran mayoría no protestaban. Y los políticos se anticipan a lo que piensa esa masa recién llegada a las urnas. Eso reduce la capacidad de incidencia de los movimientos sociales, que se basan en la fuerza en las calles, no en las urnas.

A esto se suma que los movimientos sociales son muy susceptibles al contagio recíproco y la percepción de éxito. En ausencia de grupos que lideren manifestaciones masivas y con agendas más o menos transversales, la movilización permanece baja, que es lo que estamos viendo desde mediados del Gobierno de Boric.

-¿Ves capacidad de rearticulación hoy día?
-No mucha, al menos en el corto plazo. Los movimientos sociales dependen de que la gente tenga preocupaciones que sean fácilmente politizables en términos de indignación y acción callejera. Por ejemplo, la redistribución, las desigualdades, el rol del Estado, el sufrimiento de grupos postergados, la agenda de derechos sociales, culturales, etc. Si las preocupaciones de la opinión pública van por otro lado, no hay buenas perspectivas. El desempleo podría ser un tema politizable en las calles, pero los movimientos laborales suelen preocuparse más de quienes ya están empleados que de los desempleados (salvo los piqueteros argentinos).

Ya hubo ciclos importantes de movilizaciones feministas, ambientalistas, y hay una lógica de agotamiento de causas que demoran en volver. Los estudiantes, si bien en las últimas semanas protagonizaron manifestaciones, no tienen el horizonte de objetivos que tenían hace 15 años, ya que se logró la gratuidad universitaria y se pusieron limitaciones al lucro.

Entonces, creo que hasta que no haya una reorientación de las prioridades de la gente hacia temas fácilmente apropiables por parte de los movimientos sociales, no vamos a tener grandes movilizaciones. De todas maneras, es un tema de huevo o gallina. Los movimientos sociales también ponen temas sobre la agenda que a veces convencen a las personas desmovilizadas y las mueven a participar. No lo descarto.

-Decías al principio que estamos, en Chile por lo menos, lejos de que vuelva a haber un nuevo estallido social. Pero mirando, por ejemplo, lo que está pasando con las movilizaciones estudiantiles en Europa o lo que está pasando con el tema de la vivienda en España, ¿existe el riesgo de que ciertas decisiones políticas vuelvan a reactivar fracturas que el país no ha terminado de procesar?
-Los estallidos sociales son difíciles de predecir y en América Latina ocurren en circunstancias muy diversas. Pero una cosa son estallidos sociales con la magnitud y la masividad que tuvimos en el 2019, y otra cosa que es más habitual es la movilización de sectores puntuales de la sociedad, con agendas específicas.

Los estudiantes, por ejemplo, son un sector que por razones etarias, de disponibilidad de tiempo, de flexibilidad de agendas, suelen ser fácilmente movilizables. Pero eso no quiere decir que tengan la capacidad de sumar a otros sectores de la sociedad que se mantienen inactivos.

El bencinazo del principio de este Gobierno aumentaba el riesgo de un estallido social, porque en América Latina muchos de los estallidos surgen después de ajustes de este tipo, pero estaba recién asumido para recibir grandes movilizaciones. En general, los gobiernos que recortan beneficios o que son leídos en clave de violación de un acuerdo moral sobre las responsabilidades del Estado con la ciudadanía están más expuestos, pero si hay o no revuelta también depende de qué grado de cohesión y liderazgo existe en los grupos organizados.

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