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Gobierno alista plan para conmutar penas por expulsión de extranjeros y construir cárcel modular
Ante la lentitud del sistema tradicional de concesiones, el Gobierno apostará por la construcción modular acelerada. El Ejecutivo descarta replicar la megacárcel CECOT de El Salvador, impulsada por Nayib Bukele. Los detalles sobre plazas y ubicaciones se conocerán después del 1 de enero.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, detalló una estrategia penitenciaria que contempla medidas extraordinarias con las que el Ejecutivo busca enfrentar el hacinamiento carcelario.
La estrategia incluye la construcción modular de al menos una cárcel, según adelantó en una entrevista con el programa Estado Nacional de TVN.
El secretario de Estado señaló que el Gobierno también busca acelerar la tramitación de un proyecto de ley que se encuentra en el Congreso y que permitiría conmutar penas por la expulsión del país de ciudadanos extranjeros —con especial atención a condenados de nacionalidad boliviana por narcotráfico—, además de avanzar en el traspaso operativo de Gendarmería.
Ante la lentitud del sistema tradicional de concesiones —que proyecta incorporar 20.000 plazas penitenciarias durante la próxima década, con elevados costos—, el Ministerio de Seguridad evalúa recurrir a sistemas de construcción modular acelerada para aumentar la capacidad carcelaria.
El titular de la cartera explicó que los detalles de la iniciativa, incluida la cantidad exacta de nuevas plazas y la ubicación de los recintos, formarán parte de un anuncio oficial que se realizará después del 1 de enero de 2027, fecha en que se concretará el traspaso operativo de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad.
Asimismo, Arrau descartó que la iniciativa contemple la construcción de megacárceles de máxima seguridad similares al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.
Segregación de 15.000 internos de bajo compromiso delictual
Uno de los principales objetivos de los nuevos módulos y recintos de construcción rápida es enfrentar las dificultades que actualmente existen para clasificar y separar adecuadamente a la población penal, una situación que obstaculiza los procesos de rehabilitación y reinserción social.
Según cifras de Gendarmería de Chile, cerca de 15.000 personas privadas de libertad —equivalentes al 25% de la población penal— presentan buen comportamiento y bajo compromiso delictual. Este grupo sería el principal destinatario de las nuevas plazas modulares, con el propósito de separarlo de internos de alta peligrosidad o vinculados al crimen organizado.
“Solo le anticipo que no estamos pensando en el CECOT de Bukele ni en ese tipo de infraestructura (…) es un anuncio que será en enero (…)”, señaló Arrau.
Respecto de los mecanismos para liberar espacios carcelarios, el ministro diferenció los indultos presidenciales —atribución que corresponde al Presidente de la República— de las iniciativas legislativas impulsadas en materia de seguridad.
En ese contexto, Arrau destacó que avanza en el Congreso un proyecto de ley que permitiría conmutar determinadas penas por la expulsión del país de ciudadanos extranjeros, especialmente en casos de internos con condenas próximas a cumplirse y bajo compromiso delictual.
“Lo que sí estamos considerando, porque el tema de los indultos es algo que depende del Presidente de la República (…) pero hay una ley que está avanzada en el Congreso que sí nos permite conmutar ciertas penas con expulsión del país, que hoy es algo que no se puede”, indicó el secretario de Estado.
Bolivianos condenados por tráfico de estupefacientes
La medida estaría orientada a internos extranjeros que cumplen condenas relativamente bajas. Como ejemplo, Arrau mencionó el caso de ciudadanos bolivianos condenados por tráfico de estupefacientes a quienes les resta poco tiempo para completar sus penas.
Según explicó, la posibilidad de conmutar el tiempo restante de condena por la expulsión del territorio nacional permitiría liberar cupos y reducir la presión sobre los establecimientos penitenciarios.
“Hay una alerta importante de personas que son bolivianas, que están con penas no tan altas por tráfico de estupefacientes, y que ya les queda poco”, señaló el ministro, quien planteó la posibilidad de conmutar esas condenas por la expulsión del país para liberar espacios carcelarios. Agregó que existen otras medidas en evaluación.
El ministro de Seguridad también abordó la crisis de saturación del sistema penitenciario, que atribuyó a un abandono histórico de Gendarmería.
Según las cifras entregadas por la autoridad, los recintos penitenciarios del país albergan actualmente a 66.000 personas privadas de libertad, mientras que la capacidad instalada alcanza para 40.000. Esta diferencia se traduce en un déficit de aproximadamente 26.000 plazas carcelarias a nivel nacional.
Junto con las medidas de infraestructura y las iniciativas legales, Arrau confirmó que Gendarmería avanzará hacia un modelo institucional de mayor disciplina e instrucción militarizada, con una estructura inspirada en la de Carabineros.
El propio ministro reconoció que el desafío más complejo no radica únicamente en aumentar el presupuesto o construir nuevos recintos, sino también en transformar la cultura organizacional de Gendarmería. En ese sentido, comparó el proceso con la modernización de la Policía de Investigaciones (PDI), desarrollada a lo largo de tres décadas.
