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Nuevas reglas para expulsiones administrativas quedan a un paso de convertirse en ley
Con 37 votos a favor y una abstención, el Congreso cerró la tramitación de una reforma que amplía las facultades de la PDI, acorta los plazos de reclamación y endurece las restricciones de reingreso al país.
El Senado dio este martes el último respaldo legislativo al proyecto que busca agilizar las expulsiones administrativas de extranjeros en situación migratoria irregular. La iniciativa fue aprobada por 37 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, correspondiente a la senadora Claudia Pascual (PC), quedando en condiciones de convertirse en ley.
La reforma tiene una particularidad política: nació durante el gobierno de Gabriel Boric, en mayo de 2024, y fue retomada y modificada por la administración de José Antonio Kast, que la incorporó a su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo.
El texto, visado el lunes por la Cámara de Diputados con 128 votos a favor y 11 en contra, faculta a la Policía de Investigaciones (PDI) para ingresar a domicilios y detener a extranjeros con órdenes de expulsión firmes, previa autorización de un juez de garantía, quien tendrá 24 horas para resolver la solicitud.
Entre sus principales modificaciones, eleva de tres a cinco años la prohibición mínima de reingreso al territorio nacional, reduce de diez a cinco días el plazo para reclamar judicialmente una expulsión y establece que la presentación de ese recurso no suspenderá automáticamente su ejecución.
También permite al Servicio Nacional de Migraciones solicitar información para localizar y notificar a extranjeros sujetos a estos procedimientos, excluyendo datos de menores de edad y antecedentes provenientes de establecimientos educacionales y de salud.
Durante el debate, la senadora socialista Danisa Astudillo, quien presidió la comisión mixta, advirtió sobre la brecha entre las órdenes de expulsión y su cumplimiento: aseguró que en 2025 se dictaron más de 23 mil órdenes, pero se concretaron poco más de 1.200 expulsiones, considerando tanto las administrativas como las judiciales.
Desde el Ejecutivo, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, celebró el respaldo transversal y sostuvo que la reforma permitirá dar mayor efectividad a las resoluciones de expulsión.
Tras superar su tramitación en ambas cámaras, el proyecto deberá cumplir los procedimientos correspondientes, incluido el control del Tribunal Constitucional, antes de su promulgación.
