Insunza por rebaja de penas a 56 abusadores sexuales: “Es una inconsistencia política y jurídica”
El exministro cuestionó que Justicia no agotara las instancias para impedir las rebajas de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores. En Al Pan Pan, apuntó a la responsabilidad de la cartera encabezada por Fernando Rabat y acusó desprolijidad del Gobierno.
El exministro secretario general de la Presidencia y exdiputado Jorge Insunza (PPD) cuestionó la actuación del Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, frente a la polémica por las rebajas de penas concedidas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad, acusando una inconsistencia tanto política como jurídica en la decisión de dar curso a los beneficios.
En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el abogado y analista político sostuvo que el principal cuestionamiento no radica únicamente en la existencia de argumentos legales que pudieran respaldar las rebajas, sino en que el Ejecutivo no haya agotado las instancias disponibles para intentar impedirlas.
“Lo insólito, lo que no tiene mucha explicación, es por qué el Ministerio de Justicia actual decidió, simplemente, proceder con la dictación de esos decretos y no hacer un cuestionamiento, solicitar una nueva revisión, o tomar al conjunto de medidas que permitieran impedir” los beneficios, afirmó.
Insunza puso especial énfasis en la gravedad de los delitos por los que fueron condenadas las personas beneficiadas y cuestionó que la cartera no recurriera a otras alternativas antes de formalizar las reducciones de penas.
“Puede haber un argumento jurídico, pero lo que no parece consistente, ni para mí, claro, a esta altura, es por qué el Ministerio de Justicia quiso, sin más, dar curso a esa rebaja y no controvertirlas, no someterlas a revisión, no solicitar, digamos, agotar todas las instancias antes de que pudiera dictarse”, sostuvo.
El exministro insistió en que la responsabilidad de las autoridades no se limitaba a determinar si existía una interpretación legal que permitiera aplicar las rebajas, sino también a evaluar los mecanismos disponibles para evitar sus efectos en casos de delitos especialmente graves.
“O sea, ¿por qué no agotar todas las instancias para prevenir, precisamente, respecto de hechos tan graves como los que estamos conociendo?”, planteó.
A juicio de Insunza, la actuación del Ministerio de Justicia resulta cuestionable tanto por sus implicancias políticas como por la decisión de no explorar otras vías jurídicas.
“Y eso es inconsistencia. Primero, desde luego, una inconsistencia política, pero también una inconsistencia jurídica”, afirmó.
En esa línea, reiteró que el foco de sus críticas está en la falta de acciones destinadas a controvertir las rebajas antes de que fueran concedidas.
“El punto es por qué el Ministerio de Justicia renuncia a todas las posibilidades y al agotamiento de todos los recursos para impedir una cosa como esta”, señaló.
La controversia ha instalado cuestionamientos sobre el papel del ministro Fernando Rabat y las decisiones adoptadas por su cartera frente a los beneficios otorgados a los 56 condenados. También ha abierto el debate político sobre las eventuales responsabilidades de las autoridades y la posibilidad de impulsar una acusación constitucional.
Sin embargo, en las declaraciones entregadas durante la entrevista, Insunza concentró sus críticas en la decisión administrativa y jurídica de dar curso a las rebajas, sin pronunciarse expresamente sobre la procedencia de una acusación constitucional contra el secretario de Estado.
El exministro vinculó finalmente el episodio con lo que considera deficiencias más amplias en el funcionamiento del Ejecutivo.
“Yo lo que creo es que esto es otro caso, Mirna, en que el Gobierno muestra desproligidad en sus procedimientos”, concluyó.
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