La institucionalidad como forma de sujeción social

La construcción, o reconstrucción, institucional de una nación que ha pasado por largos períodos dictatoriales claramente es un trabajo complejo y arduo en lo que respecta a la composición estructural que caracteriza el ordenamiento social, económico y político. Sin embargo, el mismo concepto de institucionalidad conlleva muchas dificultades al momento de intentar entenderse su funcionalidad y aplicabilidad en los entornos histórico-coyunturales que debiese competerle. En el caso de las “recomposiciones” de una institucionalidad cultural, la comprensión de la participación civil, como el hecho de sustentarse en políticas multiculturales robustas sería una base fundamental para recién “hablar” de posibles soluciones o acuerdos con los distintos campos organizacionales civiles (de todo tipo), espacios académicos ligados a las reflexiones y prácticas del concepto sobre conocimientos y, junto, o integrado a esto, todo el proceder crítico de los distintos agentes que se encuentren interesados (activa o pasivamente) en una especie de “fiscalización intelectual” sobre las acciones desprendidas de toda institucionalidad con mínimo poder de influencia socio-cultural. La referencia al “uso” socio-civil de la “fiscalización intelectual” la refiero desde la base del uso del intelecto, no necesariamente de la participación crítica de intelectuales, por lo tanto es una instancia que compete a todo habitante que intente o desee un mínimo de participación en la construcción (o cambios) de una institucionalidad dada, es decir, que no se la tome por un “Hecho”, pues esta debe modificar sus modelos de acuerdo a los cambios de la sociedad y la cultura.

Pero bueno, a partir del título de esta columna, las instituciones vigentes, de herencias iusnaturalistas, mantendrían una conservación de administraciones, las cuales se arrogan la defensa de instituciones como si estas fueran parte de un mandato metafísicamente superior a las voluntades populares e investigativas. En el mundo, las revisiones a una conservación clásica de la institucionalidad se dan entre las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado. Una de estas revisiones fue sobre el concepto y función del “utilitarismo”, el cual es ocupado en distintas disciplinas, pero para este caso es en el campo de las ciencias sociales, el cual aparecería en la década del 30 del mismo siglo. En términos muy generales, uno de los problemas asociados a este concepto es su base principal en el intento de sostener, a toda costa, órdenes sociales fijas, con las consecuencias que esto involucra en sociedades constantemente móviles: sujeción, aun cuando personas o grupos removerían al marco formativo de esta estructura, la cual, en sus últimas instancias (y que son, desafortunadamente muy frecuentes), conlleva la utilización de la fuerza. Lo interesantemente negativo, es que esa fuerza legal utilizada, por ejemplo por un gobierno central, no se dirige contra enemigos de una nación, sino contra divergencias políticas, sociales, culturales y económicas. Las bases conductistas de este modelo, en el caso de Chile, lo que consiguen es que, a pesar del paso del tiempo (en muchos decenios), las condiciones estructurales, e infraestructurales, de la vida en la mayoría de la población sean conducidas por la retórica política clásica que se mantiene hasta el día de hoy, la cual, se quiera ver o no, continúa manteniendo un acercamiento y privilegios a una escasa población con demasiado poder económico. Parte de esta retórica utiliza los conceptos de institucionalidad, así como el de democracia, para ajustarlos, dentro de un proceder clásico, al dominio del supuesto saber sobre las condiciones y necesidades materiales y “espirituales” de una población, intentando educarla de acuerdo a estos principios y estableciendo nuevas categorías de supuestas clases sociales. Esto, a través del aumento de los dispositivos técnico-culturales, terminan por conducir las “decisiones” subjetivas en una creciente demanda atomizada e individualista que defendería un “Yo” de derechos que, curiosamente, no son sus derechos, sino parte de la conducción de deseos a través de lo que ya he mencionado dentro de una cibernética de segundo orden, la cual excede los márgenes territoriales, y a la cual los y las interesadas por tomar algún tipo de dirección de poder de una nación no pueden no rendirse a ello hoy en día. La resistencia a esto se redifica en el discurso público a través de medios tecnológicos de interacción social. Una resistencia mayor, se negativiza para desacreditarla hasta el punto de acallarla por los medios que sean necesarios a través de los mecanismos anacrónicos (por no decir clásicos) de la “formalización” del discurso institucional y democrático. Las bases del derecho en estos temas no se discuten en los espacios públicos, ni en los medios de comunicaciones (tradicionales o no), solo en muy pocos ambientes académicos, donde las reflexiones quedan entre pares sin efecto en la concreción, pues las bases de la ficcionalización institucional y del derecho no se vinculan seriamente con los hallazgos científico-académicos. Bueno, en este último sentido, así es el conservadurismo del positivismo jurídico que se mantiene como parte de uno de los pilares de infraestructura institucional con una débil jurisprudencia.

El problema de todo esto es que los órdenes organizacionales, al respecto, se encontrarían inversos, es decir, la comunidad no se encontraría, realmente, afectando y “moldeando” los principios institucionales, sino al revés: la institucionalidad rígida moldea la comunidad. Los encuentros, participaciones, diálogos, etc., etc., son mecanismo muy antiguos que han generado algún tipo de placebo en no pocas organizaciones y particulares no estatales ni gubernamentales. Para quienes se dan cuenta que las mesas de diálogos vienen con los acuerdos ya preestablecidos y la escucha es un mecanismo de “simulación” democrática, generalmente van quedando en los márgenes de la estructura institucional  que, lejos de considerarse fuerte en nuestro país, cada vez está más débil.

Al parecer esto nunca tendrá solución (aunque en el país se actualizara la institucionalidad a una revisión neoinstitucional), sino es a través de la consideración real de las condiciones de clases socio-económicas, donde la posición de las clases populares y las llamadas medias (aunque subsumidas) participen directamente en la articulación del poder, lo cual, por experiencia histórica, las clases dominantes nunca lo aceptarán. Volvemos al mismo círculo problemático de centenios, donde los “síntomas” de época se evidencian en los resabios de los intentos revolucionarios controlados: aumento exponencial de la violencia y delincuencia, de la cual casi nadie no se alarma, pero si olvidan, rápidamente, la violencia de los poderes corporativos -que manipulan las instituciones decidoras- a la hora de tener la sujeción de sus vidas simbólicas y materiales en el cotidiano y en el cálculo de su futuro.