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El giro repentino del “Cobra” que llevó a la muerte a las víctimas del “Bruma”
Una llamada al capitán del “Cobra” implicó que este realizara una “caída” (cambio de curso), con el fin de dirigirse hacia un gran banco de peces. Fue entonces cuando se encontró con la pequeña lancha albacorera, según la investigación del Ministerio Público.
Luego de varios meses de indagaciones, la Fiscalía Regional del Biobío pidió al Juzgado de Garantía de Coronel formalizar a tres personas naturales y una jurídica (Blumar S.A.) por su responsabilidad en la desaparición de los siete tripulantes de la lancha albacorera “Bruma”, que fue embestida por el pesquero de alta mar “Cobra” durante la madrugada del 30 de marzo de este año.
Tal como se ha indicado, en la ocasión serán formalizados el capitán del “Cobra”, Roberto Mansilla, así como el piloto y uno de los vigías, quienes serán acusados de siete cuasidelitos de homicidio.
Blumar, en tanto, será formalizada por su responsabilidad penal como empresa, el próximo 18 de marzo de 2026, dado el sobrecargo de audiencias que tiene el Juzgado de Coronel, que actualmente está operando con un solo juez.
Los cargos
La acusación, por cierto, no satisface a las familias de las víctimas (quienes sostienen que se configura al menos la figura de homicidio con dolo eventual, que tiene una pena más elevada), pero al interior del equipo del Ministerio Público, encabezado por la Fiscal Regional Marcela Cartagena y el fiscal de Coronel, Hugo Cuevas, llegaron a la conclusión de que serían efectivas las versiones iniciales de los marinos del “Cobra” en orden a no haberse dado cuenta del impacto contra la embarcación menor.
Uno de los elementos de convicción para los fiscales, en ese sentido, fue la revisión de las trayectorias de ambas naves, así como las de las demás, que se encontraban en faenas de pesca en las inmediaciones de la isla Santa María. El momento que desató la tragedia, de acuerdo con los hechos que se formalizarán, se produjo después de un hecho fortuito, un llamado del capitán de otro barco a Mancilla, indicándole un lugar donde estaban pescando mucho.
Eso hizo que el capitán del “Cobra” ordenara “una caída” (un viraje, en lenguaje marino) importante, para dirigirse hacia el banco de peces, y aquello, como indicó una fuente del caso a El Mostrador, “tuvo efectos catastróficos”, pues fue en esa nueva dirección que el barco de mayor calado literalmente destrozó a la pequeña lancha, la cual se encontraba pescando bacalao en un sector denominado “La Feria”. El “Cobra”, de casco metálico, tiene 64 metros de eslora versus los 14 del “Bruma”.
La caja naranja
Si se hubieran dado cuenta efectivamente –como creen las familias– de lo ocurrido y no hubieran socorrido a las víctimas, además, los tripulantes del “Cobra” habrían incurrido en otro delito, que es la denegación de auxilio, y para determinar ello era vital el contenido de la caja naranja del barco, un equipo semejante a la caja negra de los aviones, que registra la travesía, la velocidad, los virajes, etc.
Sin embargo, la caja naranja sencillamente no estaba operativa la noche de los hechos. ¿El motivo? Su disco duro estaba lleno, según los peritajes realizados por la Fiscalía. Es debido a ello que Blumar será formalizada en el marco de la Ley 20.393, a raíz de la falta de implementación de un modelo de prevención de delitos (o cuasidelitos, como en este caso).
Dos de los barcos que estaban en las cercanías del “Cobra, “Don Tito” y “Vichuquén”, sí tenían sus cajas naranjas operando en forma correcta, por lo cual fueron periciadas, pero en ellas no se encontró antecedente alguno respecto del hecho.
Por cierto, la vocera de las familias, Catalina Medel, ha manifestado en distintas ocasiones que –a juicio de ellos– existen pruebas suficientes para acreditar el dolo en el actuar del buque pesquero.
A ello se suma el suicidio de uno de los vigías del “Cobra”, Juan Sanhueza, cuyo cuerpo fue encontrado en un sector semirrural de Coronel el 10 de abril pasado, luego de que saliera desde su casa varios días antes y se le perdiera la pista.
En agosto pasado, Pablo Sanhueza, hijo de exintegrante de la tripulación, dijo públicamente que “mi padre fue la octava víctima de esta tragedia” y que, antes de desaparecer y quitarse la vida, “mi padre nos dijo a todos que él quería decir la verdad de lo que pasó… sabemos que ‘Cobra’ impactó a ‘Bruma’, que el capitán Mansilla dio órdenes de bajar la marcha y de encender las luces. Sabemos a estas alturas que todos los que iban en el puente sintieron no solamente un pequeño ruido, sino un fuerte golpe en dos oportunidades y que generó el movimiento del buque pesquero en toda su estructura”.
Del mismo modo, aseguró que la noche de los hechos, su padre conversó con otro tripulante “y le dijo textualmente que habían chocado una casa y que ellos sintieron tablas romperse”.
Ante tales declaraciones, el Ministerio Público citó a Sanhueza a fin de interrogarlo al respecto, pues dichos testimonios no constaban en forma previa. Sin embargo, en la nueva declaración indicó que lo habían malinterpretado y mantuvo su declaración inicial, de acuerdo con fuentes vinculadas con la investigación.
Tras bambalinas
Por su parte, la defensa de los tripulantes del “Cobra” ha insistido en la “total inocencia” de sus representados. El abogado de la tripulación, Alejandro Espinoza, indicó a los medios que “esto fue un muy lamentable accidente” y agregando que “el PAM Cobra contaba con todos sus sistemas de navegación operativos, revisiones y certificaciones al día, y que su tripulación cumplía absolutamente con toda la normativa marítima vigente”.
Mientras todo eso sucede en lo relativo a la muerte y desaparición de los tripulantes de la “Bruma”, existe otra acción que ocurre tras bambalinas, por medio de la cual están enfrentados el abogado Espinoza y su colega Rafael Poblete, que representa a las familias de las víctimas fatales.
En efecto, Espinoza presentó, a nombre de los tripulantes del “Cobra”, una querella en contra de Poblete por injurias y calumnias, dado que este los acusó en varias ocasiones, por medio de la prensa, de ser parte de “un pacto de silencio”, lo que a juicio de Espinoza es un delito, pues les atribuye la calidad de autores de obstrucción a la investigación.
El juez de Garantía de Concepción, Iohan León declaró inadmisible la querella, aseverando que los dichos del abogado están amparados por la libertad de expresión y que “las declaraciones expuestas por el abogado Poblete Saavedra, podrían ser objetos de reproches por ser exagerados o destemplados, más en el marco de una investigación abierta, pero no pueden ser objeto de un reproche penal”.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones penquista tuvo un criterio distinto y ordenó que la querella fuera tramitada, por lo cual el caso irá a juicio oral de acción penal privada (es decir, sin la presencia de la Fiscalía), el cual está fijado para el próximo martes 9 de diciembre, a las 09:00 horas, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción.
