Ante el Tribunal de Garantía de Constitución se interpuso este jueves una querella por cuasidelito de homicidio múltiple en contra de los que resulten responsables de la muerte de ocho personas durante el terremoto que afectó a la zona centro sur del país el pasado 27 de febrero.
Los afectados vivían en el primer piso de un edificio entregado como viviendas sociales construidas por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu). Los pisos superiores del inmueble se desplomaron ocasionando falleciendo dos familias, entre ellas menores de 2 y 5 años de edad.
En este caso particular existe un antecedente especialmente grave y que acreditaría el pleno conocimiento de las autoridades del organismo dependiente de Vivienda sobre las fallas de construcción del inmueble, lo cual es señalado en una carta enviada a los propietarios del inmueble por parte de la entidad en el año 2007, en la cual se les cancela las hipotecas a todos los propietarios y se les da por pagada íntegramente las propiedades por existir fallas en la construcción del edificio.
La acción penal estará destinada a determinar las responsabilidades penales que tendrían los funcionarios del SERVIU y las autoridades regionales y nacionales, especialmente, a la determinación de la calidad de construcción de la vivienda social que fue autorizada por la repartición pública mencionada.
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