Gobierno ratifica a Gabriel Zaliasnik como embajador en Israel pese a vínculos con Caso Hermosilla

El Gobierno cerró filas en torno al embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, luego de que la Fiscalía Regional de Valparaíso confirmara la apertura de diligencias investigativas por las conversaciones que sostuvo con el abogado Luis Hermosilla, uno de los principales imputados en el denominado Caso Audios.

Consultado sobre la situación del diplomático, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez-Mackenna, descartó que la investigación tenga efectos sobre su designación y aseguró que el Ejecutivo mantendrá la decisión adoptada respecto de su nombramiento.

“La investigación no modifica las decisiones que se han tomado”, afirmó el canciller, quien insistió en que corresponde esperar el resultado de las indagatorias antes de emitir juicios o adoptar medidas adicionales.

La autoridad sostuvo además que el Gobierno actuará con respeto a la institucionalidad vigente y a la presunción de inocencia. “Nosotros, básicamente, somos, respecto a las cosas que se han informado, muy respetuosos de las labores del Ministerio Público y los tribunales de justicia, así que no tengo más opinión que dar al respecto”, señaló.

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Las diligencias fueron asumidas por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso, que informó que ya comenzó a ejecutar las primeras actuaciones investigativas tras una denuncia presentada por la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri.

La presentación judicial se fundamenta en antecedentes difundidos por Reportea, relativos a intercambios entre Zaliasnik y Hermosilla que, según los denunciantes, podrían dar cuenta de eventuales delitos como malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones.

Entre los hechos mencionados en la denuncia figuran una supuesta solicitud para acceder a gastos reservados del Estado con el objetivo de financiar una defensa penal privada, gestiones relacionadas con honorarios vinculados a ENAP, eventuales intervenciones en nombramientos judiciales y solicitudes de fallos favorables, además de presuntos requerimientos para interceptar teléfonos o realizar seguimientos a dirigentes políticos de oposición sin autorización judicial.

La apertura de la investigación también generó preocupación en el mundo diplomático. La Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera (ADICA) manifestó públicamente sus reparos, señalando que quienes representan a Chile en el exterior deben exhibir una conducta acorde con la responsabilidad del cargo.

Pese a ello, el Ejecutivo optó por mantener a Zaliasnik en funciones mientras avanzan las diligencias, reafirmando que será el Ministerio Público el encargado de determinar si existen antecedentes que permitan establecer responsabilidades en los hechos denunciados.