Tres senadores, dos diputados y una dirigenta del movimiento ecologista afirmaron este viernes que recurrirán a todas las instancias judiciales, fiscalizadoras y la factibilidad de una comisión investigadora si el próximo lunes 9 de mayo, en Coyhaique, región de Aysén, el comité de evaluación ambiental autoriza el proyecto de generación eléctrica HidroAysén.
Los senadores Guido Girardi (PPD) y Fulvio Rossi (PS), los diputados Enrique Accorsi (PPD), Gabriel Silber (DC) y Guillermo Teillier (PC) y la dirigenta ecologista Claudia Liberona, en una conferencia de prensa, rechazaron el proyecto, coincidiendo que éste «no cumple con los estándares mínimos de transparencia».
Girardi, presidente del Senado, dijo que si se aprueba la central hidroeléctrica «va a tener una trascendencia planetaria, porque Chile está haciendo algo absolutamente aberrante porque se dañará su patrimonio natural, que es la Patagonia, y la Patagonia chilena es un emblema en el mundo entero y lo que se quiere acá, para favorecer negocios de corto plazo, es inundar la Patagonia chilena».
Girardi expresó que este proyecto «desde sus inicios ha carecido del total y más absoluto proceso de transparencia en el gobierno anterior y particularmente en este gobierno. Este proyecto no cumple con los estándares mínimos de transparencia para poder tener la tranquilidad espiritual de los chilenos y chilenas que se aprobó un proyecto de acuerdo a sus méritos, en justicia y a través de un proceso equilibrado, transparente y justo».
«Hubo informes de distintos servicios sobre el proyecto que en el pasado eran negativos, y casi por magia posteriormente se transformaron en positivo. Para dar solamente uno, tenemos irregularidades como la Conaf que en su dependencia regional rechazó el proyecto emitiendo un informe negativo porque la Central Hidroeléctrica iba a inundar el Parque Nacional San Rafael, y la Conaf nacional sin ir a visitar posteriormente la zona y sin hacer un estudio, modificó el informe de la Conaf regional siendo esto ilegal e irregular», explicó el senador.
Agregó que ahora «un seremi de Vivienda en la página web aparece rechazando el proyecto al día siguiente autorizándolo, por lo que nosotros vamos a desarrollar acciones legales en esta materia. Hay seremis que compraron terrenos que casualmente son los que se van a inundar, eso en la ley se denomina conflicto de interés, y cuando ocurre eso existe el deber de abstención. Cuando la persona no se abstiene a sabiendas hay una falta de probidad administrativa, y eso constituye otra de las irregularidades graves», expresó el senador Girardi.
«Nosotros vamos a desarrollar todas las acciones legales y queremos plantear que estos comportamientos irregulares a nosotros nos parece que podría generar una reflexión para eventuales acusaciones constitucionales contra autoridades regionales o ministeriales que hayan participado en estas irregularidades», dijo el presidente del Senado.
Añadió que «todos estos funcionarios que tienen conflicto de interés renuncien a la tarea que están desarrollando para darle una mínima base de transparencia a un proceso que está absolutamente viciado por todas las irregularidades que ha habido».
Por su parte, el diputado Silber dijo que «el gobierno llega cargado con la mochila de un procedimiento que nosotros consideramos prácticamente viciado. Hemos observado los distintos servicios públicos que han tenido que pronunciarse respecto al proyecto HidroAysén como Sernageomin, como Vivienda, como Conaf, un cúmulo de irregularidades que han tenido como objeto torcer la mano a la legalidad ambiental vigente. Sentimos que están ganando las presiones y el poderoso lobby desplegado por la empresa para obtener la aprobación de dicho proyecto».
El diputado dijo que junto a un grupo de diputados viajará a Coyhaique el lunes, día de la votación, «con el fin de reunir antecedentes de modo de proponer la instalación de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados que se encargue de citar y perseguir las responsabilidades funcionarias políticas llevadas adelante por parte de funcionarios para solicitar que en definitiva este proyecto se apruebe (…) hay decisiones políticas emanadas del nivel central tendiente a lograr una aprobación trucha respecto de este proyecto», expresó el diputado Silber.
A su vez, la directora ejecutiva de la Fundación Terram, Claudia Liberona, hablando a nombre de las 50 organizaciones que forman el Consejo de Defensa de la Patagonia, dijo que «la participación ciudadana en el proceso de calificación ambiental se dejó fuera. En su momento hubo 11 mil observaciones ciudadanas que no se incorporaron y por lo tanto la voz de la ciudadanía no está en este proceso», expresó.
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