La firma sueca afirmó que el ex ministro de Sebastián Piñera designaba al gerente general de la firma y que fue presidente hasta 2010. Además cuestionó requerimiento de la FNE por no incluir todos los antecedentes que aportó y dar mayor relevancia a CMPC para justificar beneficio de delación compensada. La respuesta de la empresa del Grupo Matte al mismo requerimiento fue escueta y apuntó a SCA.
SCA, la firma sueca involucrada en la colusión de papeles tissue con CMPC entre 2000 y 2011 se guardó poco frente al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) al momento de defenderse de la acusación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
La firma optó por no responder el requerimiento presentado en octubre pasado por la entidad que dirige Felipe Irarrázabal, y sí interponer un recurso para exigir que la FNE corrija su presentación, acusándola de no incluir todos los antecedentes que aportó SCA y de dar mayor relevancia a CMPC para justificar el beneficio de delación compensada que le concedió y que deberá ratificar el TDLC.
En su presentación, SCA delegó en Gabriel Ruiz-Tagle cualquier responsabilidad en la colusión que la FNE dice que existió desde 2006, deslizando que el empresario tomaba las decisiones principales hasta 2010 y asegurando que, a su juicio, la colusión no tuvo una fecha de término exacta sino que se fue disolviendo en el tiempo.
Respecto del ex ministro del Gobierno de Sebastián Piñera, Díaz de Valdés advierte que a diferencia de lo que hicieron en otros países de la región en la década pasada, en Chile SCA no tomó el control de inmediato de PISA (como se llamaba la empresa en manos del ex socio de Blanco y Negro) en 2003, sino solo compraron el 50% y dejó claramente establecido y subrayado que “la administración fue entregada a los socios locales”, debido a que sabían más del mercado.
Detallaron el pacto de accionistas que firmaron con Ruiz-Tagle, en el cual queda establecido que este podría recomprar el 50% después de un cierto período y bajo ciertas condiciones y al mismo tiempo tenía derecho a exigir a SCA que le comprara la diferencia.
Adicionalmente, SCA asegura su presidencia la mantuvo Gabriel Ruiz-Tagle hasta principios de 2010 y que él tenía el derecho a designar al gerente general de PISA, “como en la especie lo hizo, teniendo SCA únicamente un derecho a veto”. “El gerente general de PISA era el encargado de la administración ordinaria de la compañía y de elaborar los planes estratégicos”, complementa SCA.
Cuando en abril de 2012, SCA alcanza el 100% de la propiedad, “solo a partir de ese momento la compañía quedó bajo el control de SCA Chile”.
Los abogados ahondaron en la estrategia indicando que SCA no tenía ninguna otra investigación en la región, a diferencia de CMPC que estaba siendo analizada en Perú y Colombia. En el caso de Familia, afirman, no era administrada por SCA.
SCA señala, asimismo, que desde que el 3 de abril se enteran de la investigación de la FNE, comienzan a indagar internamente y “al no haber tenido la administración directa de la operación de SCA Chile entre 2000 y 2011”, la firma tomó algunas medidas, como solicitar estudios económicos independientes para investigar los movimientos de precios de los productos tissue en el lapso cuestionado, contratar empresas forenses para estudiar y analizar los correos electrónicos internos, y contratar abogados para investigar los hechos. Estos encargos, agrega SCA, “no arrojaron ningún antecedente respecto de la existencia de actos de colusión durante el período en análisis”.
Dice que solo meses después que la FNE les notificó el inicio de la investigación, uno de los ejecutivos interrogados internamente confesó la colusión de 2006 a 2011, tras lo cual el gerente general de la época confirmó los hechos. Luego de ello recabaron antecedentes y acudieron a la FNE a autodelatarse, sostiene SCA.
Diferencias con FNE
SCA advierte al TDLC que la FNE dejó fuera del requerimiento antecedentes que le habían entregado cuando se autodelataron y que, dijo, fueron considerados para rebajarle a la mitad la multa solicitada ante el TDLC, lo que interpreta como una evidencia de que la información que entregaron a la Fiscalía era veraz, precisa y comprobable.
La tesis principal de SCA es que la colusión partió en 2006, no el 2000 como se autodelató CMPC y como lo planteó en su requerimiento la Papelera. SCA reclama por qué la FNE fija el inicio del cartel en 2000 si sus propios antecedentes entregados apuntan al 2006.
Su argumento se afianza principalmente en el hecho de que en la segunda mitad de 2005 SCA había sufrido “graves presiones económicas de parte de CMPC”, lo que llevó al inicio de los acuerdos a comienzos de 2006. Esa presión fue una baja violenta de precios por parte de CMPC Tissue, lo que habría generado millonarias pérdidas a SCA Chile.
Más adelante dirá que “la FNE está consciente que durante el año 2005 existió una ‘guerra de precios’ que CMPC implementó en contra de SCA Chile, la cual terminó generándole ingentes pérdidas a esta última”. Agrega que “siendo esta guerra de precios contradictoria e incompatible con la existencia de colusión, la FNE debería haber explicado en el requerimiento por qué estimo que durante ese período existió colusión”, sobre todo, añade, «considerando que resulta impensable (o imposible) que un acuerdo colusorio esté diseñado e implementado para causar sendas pérdidas a uno de sus miembros”.
La firma sueca alega que la FNE no incluyó hechos contenidos en su autodelación, a diferencia de lo efectuado con los antecedentes entregados por CMPC. El mayor cuestionamiento apunta a que la FNE en ninguna parte del requerimiento aborda las amenazas y medidas de coacción que los ejecutivos de SCA dicen haber sufrido de CMPC para implementar las listas de precios y de posicionamiento.
Uno de ellos fue que en enero de 2006 el gerente general de CMPC, Jorge Morel, convocó a una reunión al recién llegado gerente general de SCA, Felipe Barahona. Menciona SCA que en dicha reunión CMPC les dijo que “no permitiría que SCA Chile incrementare su participación de mercado” y que en concretó “amenazó a SCA que si no aceptaba entrar a un acuerdo de participación de mercado, continuaría manejando los precios de venta, con el objeto de afectar a SCA Chile, profundizando sus pérdidas y en definitiva, causando su salida de mercado.
Detalla SCA que, desde 2006 en adelante, el relato de la FNE coincide con el de ellos. Además, revela que los antecedentes del requerimiento de la FNE desde 2006 en adelante son fundamentalmente de ellos. Así, se refiere a las reuniones sostenidas entre ejecutivos de ambas compañías, desde 2006 en adelante, en diversos hoteles de Santiago, correos electrónicos intercambiados entre ellos, entrega de listas de precios, mecanismos de monitoreo y presión por parte de CMPC.
“Nos atrevemos a decir que a contar de año 20006, el requerimiento se basó esencialmente en los antecedentes aportados por SCA Chile durante el proceso de delación compensada ante la FNE”, puntualiza SCA.
La otra diferencia con el requerimiento, dice SCA, es el término de la colusión. Según la FNE fue en 2011, pero según la sueca no hay fecha exacta. Esto, debido a que desde 2010 el acuerdo fue perdiendo fuerza, en parte porque los retails cambiaron política comercial y no aceptaron la lista de precios sugerida, porque en enero de 2011 SCA perdió 2 a 3 puntos de participación de mercado por un incendio en sus instalaciones y porque, según SCA, el poder de mercado de la papelera era tal que era imposible no seguir sus precios.
Ruiz-Tagle ante FNE
Ayer Ruiz-Tagle se reunió con el fiscal Cristián Galdames y le pidió a la FNE que entregue lo antes posible los antecedentes reservados en la investigación.
Según Pulso, el ex ministro estima que esa sería la única forma de que el Ministerio Público avance «y que aquellos que han sido apuntados como responsables puedan defenderse».
“¡Nada más!”
Para oponer excepción dilatoria de ineptitud del libelo de la FNE, los abogados de la sueca, Rodrigo Díaz de Valdés y José Joaquín Ugarte, argumentaron que el requerimiento de la Fiscalía se formuló “omitiéndose ciertos requisitos legales que son determinantes para el legítimo ejercicio del derecho a la defensa jurídica de nuestra representada”, por lo que solicita que la FNE complemente su presentación.
En el texto legal ingresado el viernes pasado, SCA dice que no ha tenido acceso a las diligencias practicadas por la FNE, ni a las pruebas que recopiló, pues aún no ha podido ver el expediente investigativo y porque tampoco ha podido tener a la vista la delación compensada que CMPC ingresó a la FNE el 27 de marzo de este año.
SCA reclama que solo siete días después que CMPC se autodelatara –y con ello marcara el primer lugar para la posibilidad de obtener la autodelación compensada– ellos fueron notificados de la investigación. Recién siete meses después la sueca se autodelató. SCA afirma que nunca se enteró de que CMPC se autodelató sino hasta octubre, cuando se hace público el caso.
En el intertanto, agregó que la FNE le requirió antecedentes, tomó declaración a ejecutivos y registró e incautó documentos en sus oficinas.
En su razonamiento, el requerimiento de la FNE “carece de una exposición clara de los hechos que habrían tenido lugar desde principios del año 2000 a comienzos del año 20006, así como también de una explicación razonada de su implementación e impacto en el mercado”. Según SCA, los hechos planteados por la FNE respecto del periodo 2000-2006 “son bastante exiguos y críticos”.
Básicamente, alude al relato de la Fiscalía respecto de que el lanzamiento de marca propia de Líder a principios de 2000 habría desatado una guerra de precios entre CMPC y Pisa y que en ese contexto se iniciaron los contactos entre Ruiz-Tagle y Jorge Morel, de CMPC, reuniéndose “en más de una oportunidad en el restaurante del Club de Golf Las Brisas de Chicureo”. En el requerimiento la Fiscalía agrega que en esas reuniones acordaron la colusión y el posicionamiento de mercado.
Además, de ello, recuerda SCA, el requerimiento de la FNE solo apunta que se realizaron al menos tres reuniones más para implementar el acuerdo y que dichos encuentros se habría efectuado en un cuartel de bomberos, y que los participantes habrían sido Ruiz-Tagle y Morel, además de los gerentes comerciales de ambas firmas. “Ese es todo el relato de la FNE para justificar y respaldar una acusación tan grave como un acuerdo colusorio que se habría desarrollado por 6 años. ¡No hay más!”, enfatizan los abogados de la sueca.
“Si se piensa de manera lógica, el requerimiento debió ser preciso y detallado en la descripción de los supuestos actos colusorios que habrían ocurrido durante el período 2000-20006, por cuanto no hay confesión de parte de SCA Chile en ese periodo. Sin embargo, contrariando esa lógica el requerimiento es mucho más detallado respecto de hechos acaecidos durante los años venideros (2006-2011), donde sí existe confesión expresa de ambas partes”, continúa SCA en su crítica a la FNE.
A juicio de la sueca, “la falta de explicación del requerimiento es aún más grave, si se considera que SCA no administraba la compañía durante el período investigado, y peor aún, ninguno de los ejecutivos de esa época trabajan actualmente en SCA Chile”.
CMPC en silencio
Ayer, en tanto, CMPC Tissue respondió el requerimiento de la FNE, pero lo hizo en silencio y renunciando a defenderse de la colusión. Apenas una carilla y media fue su contestación a la acusación. Según fuentes cercanas, la situación es lógica, pues con la autodelación ya dijeron todo lo que debían decir y ahora esperarán que sea SCA la que se defienda y litigue.
Eso sí, CMPC aprovechó la oportunidad de cuestionar a SCA por decir que fue la papelera la que los coaccionó a coludirse.
«Esta parte no puede dejar de hacer presente en relación con la alegación de supuesta coacción profusamente anunciada por los asesores de SCA Chile, a través de diversos medios de prensa, que ella carece de todo sustento jurídico y fáctico. Adicionalmente, dicha alegación violenta el más básico sentido común, según aflora sin mayor esfuerzo de los antecedentes allegados por la FNE a este proceso y según se acreditará, a mayor abundamiento, en el desarrollo de estos autos», consignó el escrito del abogado de CMPC, Cristóbal Eyzaguirre.
