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Adolescentes en robos violentos: Cifras de Fiscalía estiman promedio de 1.700 anuales desde 2020 PAÍS

Adolescentes en robos violentos: Cifras de Fiscalía estiman promedio de 1.700 anuales desde 2020

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La muerte de un adolescente de 14 años durante un asalto reabrió el debate sobre la participación de menores en delitos violentos y las deficientes políticas preventivas. Cifras de la Fiscalía revelan un promedio de 1700 casos anuales de adolescentes imputados por robos.


Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La muerte de un adolescente de 14 años durante un asalto reabrió el debate sobre la creciente participación de menores en delitos violentos y las falencias de las políticas preventivas. Expertos advierten que el problema no se resuelve solo con castigos, sino con intervención temprana, salud mental y apoyo a niños vulnerables. El caso ocurrió tras un robo a la casa de Iván Aróstica, donde otros dos menores fueron detenidos. Especialistas alertan sobre el aumento de la violencia juvenil y la insuficiente capacidad del Estado para prevenirla.
Desarrollado por El Mostrador

La muerte de un adolescente de 14 años durante un asalto a una vivienda en la capital ha vuelto a poner en el centro del debate la creciente participación de menores de edad en delitos violentos y la insuficiencia de las políticas públicas orientadas solo al castigo.

Según cifras de la Fiscalía Nacional, la cantidad de adolescentes imputados por robos violentos se ha mantenido relativamente estable en los últimos cinco años, con un promedio cercano a los 1.700 casos anuales. En 2020 se registraron 1.722 imputados, mientras que en 2025 la cifra subió a 2.042.

Expertos consultados por El Mercurio coinciden en que el problema no se resuelve únicamente con medidas penales reactivas, sino que exige una intervención temprana sobre las causas estructurales que afectan a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

“La participación de adolescentes en delitos violentos no han desaparecido ni tampoco puede abordarse únicamente desde una lógica penal”, advirtió la exdirectora del Servicio Nacional de Menores (Sename), Rosario Martínez.

En la misma línea, el abogado especialista en temas de familia e infancia Francisco Estrada señala que “la magnitud de los delitos cometidos por menores de edad suele ser función de aspectos estructurales de la sociedad a los que las medidas meramente reactivas no abordan”.

Martínez asegura que “cuando un adolescente de 14 años termina muerto en un delito, el Estado ya llegó demasiado tarde”. La exdirectora del Sename agrega que “en materia de políticas públicas, Chile todavía tiene una deuda importante en salud mental infantil y adolescente. Existen listas de espera, baja cobertura y poca capacidad de intervención intensiva en casos complejos. Si no fortalecemos esa red preventiva, vamos a seguir viendo a niños cada vez más jóvenes involucrados en hechos extremadamente graves”.

En la misma línea, Estrada llama a fortalecer la implementación del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, advirtiendo que “con los recortes anunciados se ve en riesgo”, y enfatiza la necesidad de “implementar programas de salud mental infantil con foco en niñez vulnerada e infractora”.

El caso que reabrió el debate

La discusión cobra fuerza tras la muerte de un joven de 14 años la noche del jueves, quien falleció pasadas las 21:00 horas tras recibir un impacto de bala en la casa del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica.

De acuerdo con la Fiscalía, el hecho se enmarca en un homicidio frustrado y robo con violencia. Al menos ocho personas habrían participado en el asalto. Además del fallecido, otros dos adolescentes de 15 y 14 años fueron detenidos en flagrancia. Aróstica, quien percutó el disparo en legítima defensa, indicó que no pudo determinar en el momento si los intrusos eran menores, aunque sí notó que se trataba de personas jóvenes.

“Hay que asumir que hay gente que tiene armamento de distinto calibre, que están actuando como una operación casi comando de entrar a una casa. Ya no es un turbazo de gente necesitada que está muerta de hambre, donde uno pudiera entender. No, pareciera más una operación. Pero confío en que la fiscalía va a hacer su trabajo, aseguró el exjuez.

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