Fiscalía aún no abre causa por cohecho contra el ex senador UDI y ministro de Piñera
De acuerdo a Ciper, el ex gerente general de SQM envió una indicación al proyecto de Royalty Minero del año 2010 al entonces senador de la UDI, la que pretendía extender los beneficios de los efectos de las normas sobre invariabilidad a las mineras chilenas, indicación que fue ingresada al Congreso prácticamente de manera calcada por el Gobierno de la época, el 31 de agosto del mencionado año. Esta información viene a consolidar la relación entre la empresa investigada por el supuesto financiamiento irregular a la política y el ex presidenciable de la derecha, quien aún no es incluido en las querellas del SII.
«Estimado Patricio. Te envío texto que ingresó al Congreso. Espero tus comentarios. Un abrazo. Pablo», es uno de los correos que envió, a principios de agosto de 2010, el ex ministro de Economía del Presidente Sebastián Piñera y ex candidato presidencial de La Alianza, Pablo Longueira, y el ex gerente general del SQM, Patricio Contesse; dicho intercambio significó la revelación de una relación más que cercana entre ambos representantes del mundo político y económico.
Según reportaje escrito por Ciper Chile, este correo adjuntaba la propuesta que sería ingresada al proyecto de «Royalty Minero» –que buscaba recolectar fondos para la reconstrucción del terremoto de 2010– del entonces ministro de Energía, Laurence Golborne.
En el texto, que había sido enviado previamente por Franco Devillaine –fiscal del Ministerio de Minería– a Pablo Longueira, se especificaba la «posibilidad de extender los efectos de las normas sobre invariabilidad a los proyectos conexos para el caso de las empresas chilenas», según el correo remitido por Longueira, la misma propuesta que días antes le había enviado Patricio Contesse, ex gerente general de SQM, al entonces senador, con el fin de modificar el proyecto que trabajaba el Gobierno de Sebastián Piñera.
Contesse le hizo llegar el 5 de agosto de 2010 a Pablo Longueira (UDI) un documento adjunto, en formato Word y con el nombre “Royalty Minería I”, texto que –de acuerdo a la investigación revelada por Ciper– «es prácticamente igual al que el Gobierno ingresó casi un mes después, el 31 de agosto de 2010, a la Cámara de Diputados como el artículo cuarto transitorio del proyecto de ley».
La propuesta del gerente general de SQM establecía la exención del beneficio de la invariabilidad tributaria, que originalmente estaba reservado solo a los inversionistas extranjeros que firmaran un contrato con el Estado, a las mineras nacionales, pues esto no estaba contenido en el informe enviado previamente por Longueira.
«La nueva disposición legal que se pretende aprobar no se aplicará a SQM –ya que ella no tiene convenios legales acogidos al artículo 5° transitorio de la Ley N° 20.026– y borrará con tal exclusión, todo lo conversado al respecto y todos los esfuerzos que se han hecho para intentar uniformar los derechos y obligaciones tributarias (royalty) de las empresas mineras chilenas con los de las empresas mineras extranjeras”, señala el e-mail enviado por Contesse a Longueira.
Además el correo electrónico adjunta una carta en la que se solicita, a nombre del entonces senador Longueira, la modificación redactada por el fiscal de SQM, Matías Astaburuaga, del proyecto original.
La iniciativa fue ingresada posteriormente por los ministros de Sebastián Piñera: Felipe Larraín, de Hacienda; Juan Andrés Fontaine, de Economía; y Laurence Golborne, de Minería. Tras su ingreso, Longueira le envió el proyecto a Contesse, ante lo cual el ex gerente de SQM respondió: “Pablo en la ley quedó la redacción del asunto de la minería chilena”.
El texto fue aprobado por el Congreso en octubre y benefició a las filiales de la minera SQM Salar, que firmó el contrato del 26 de agosto de 2011, y SQM Nitratos, que hizo lo propio el 22 de diciembre, accediendo ambas al beneficio de establecer un impuesto del 5%, en vez de un 5%-14% que se establecía para el resto de las mineras chilenas.
Menos de un año después, el 18 de julio de 2011, Pablo Longueira asumió en Economía.
Esta última revelación viene a ratificar una serie de hechos que han marcado la caída del ex presidenciable de la derecha.
Cabe recordar que Pablo Longueira es investigado por la Fiscalía, debido a distintas pruebas que lo vinculan con aportes de SQM por más de $730 millones.
Esto se suma a las numerosas personas que emitieron boletas falsas a otras empresas para financiar a la política –además de SQM, se cuentan Metalpar, BCI, Pesquera El Golfo y Cencosud–, todas ligadas a Pablo Longueira, que rindieron pagos efectuados entre 2009 y 2015 y que suman, hasta ahora, $652 millones.
En el informe enviado por SQM al SII y publicado por El Mostrador –en el que fueron revelados 240 Rut que le emitieron boletas el 2010– aparece uno de los hijos de Pablo Longueira, José Tomás Longueira Brinkmann, quien durante ese año boleteó $4.450.333.
A lo anterior se suma otro nexo entre la minera y el ex ministro por medio de la Fundación Chile Justo, que fue creada por el Longueira cuando era senador. Cristian Leay fue el hombre que habría iniciado el nexo con Patricio Contesse, con quien el ex candidato presidencial se comunicaba directamente, según indican los correos electrónicos revelados.
A pesar de todos estos antecedentes, el SII aún no ha emitido una querella contra el ex senador de la UDI –como ocurre también con otros políticos involucrados en estos casos–, tema que habría traído consigo algunas consecuencias al interior del equipo que investiga las causas de platas políticas.
Según distintas publicaciones, la renuncia en febrero de 2016 del fiscal Emiliano Arias –quien trabajaba con el fiscal Gajardo en el caso SQM– habría estado detonada por la necesidad de establecer como delitos políticos aquellos que hasta el momento han sido denominados como tributarios, entre ellos este caso de los correos electrónicos que daban cuenta de una fluida relación entre el dirigente gremialista y el ex gerente de la minera, Patricio Contesse.
Por su parte, el Fiscal Nacional Jorge Abbott ha separado las responsabilidades, junto con señalar que «si las investigaciones por otros delitos no prosperan, no es responsabilidad del SII».
