Por filtraciones y no cirugías: el verdadero sumario en Carabineros anunciado por ministro Arrau

“Entiendo que hay un sumario, una investigación, habrá que esperar el resultado de ello”, comentó el ministro de Seguridad Martín Arrau, el jueves de la semana pasada, cuando algunos periodistas le preguntaron sobre las cuatro cirugías estéticas a la esposa del General Director de Carabineros, Janet Morales, realizadas en el hospital institucional en menos de tres años.

A poco más de una semana de que se conocieran los antecedentes sobre las intervenciones médicas a la esposa de Marcelo Araya, mandamás de la institución, el sumario administrativo anunciado por el Gobierno, no estaría orientado a esclarecer la naturaleza de las operaciones, sino a determinar cómo la información llegó a la prensa.

Según antecedentes recopilados por la Unidad de Investigación de El Mostrador, existiría hasta el momento solo una indagatoria administrativa –nunca hubo otra– concentrada principalmente en identificar quién accedió a la información médica y cómo esos antecedentes terminaron siendo públicos. El viejo truco de siempre: “matar al mensajero”.

El sumario, en rigor, ya partió con varias reuniones la semana pasada. La señal ha generado controversia al interior de la institución, pues no aborda la problemática generada por el uso de prestaciones médicas facturadas a la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), ni tampoco los reclamos de funcionarios por saltarse la lista de espera.

La controversia, además, se instala en un momento particularmente sensible para Carabineros, institución que en los últimos años ha intentado fortalecer sus estándares de transparencia y control interno tras una serie de irregularidades administrativas y financieras, que terminaron con los últimos cinco generales directores investigados por la justicia.

El énfasis del sumario, dado los antecedentes recopilados, estará puesto en la eventual vulneración de deberes de reserva, confidencialidad y protección de datos sensibles contenidos en registros clínicos y administrativos, y no orientados a determinar si existieron irregularidades en las prestaciones médicas o en el uso de recursos asociados a cirugías estéticas.

La medida, por cierto, pone bajo escrutinio al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, la primera autoridad de Gobierno en revelar la existencia de un sumario, supuestamente dirigido a esclarecer la naturaleza de las cirugías realizadas en el hospital institucional, pero que terminó en una investigación completamente diferente.

Plan de salud aprobado por Araya

Las operaciones realizadas a Janet Morales en menos de tres años –una blefaroplastía, una rinoplastía, una abdominoplastía y la corrección de la cicatriz de esta última–, han causado revuelo público debido a que funcionarios cuestionan que los procedimientos hayan sido pasados como cirugías reconstructivas, cuando en el fondo se trataba de intervenciones estéticas, realizadas por oficiales de Carabineros, o sea, empleados públicos.

La polémica generó reacciones en el mundo político. El diputado Patricio Pinilla (DC), integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, planteó que era complicado llevar a cabo el sumario en contra del General Director y su esposa, en una institución tan jerarquizada como Carabineros. Héctor Barría, diputado del mismo partido, propuso incluso una investigación externa. “Totalmente imparcial”, sostuvo.

El asunto escaló a la Contraloría General de la República, la cual el jueves de esta semana dio un plazo de diez días a Carabineros y el Ministerio de Seguridad Pública, para que entreguen antecedentes y respondan sobre las cirugías realizadas a Janet Morales. La orden obedece a un oficio enviado por la diputada Lorena Pizarro (PC), quien además solicitó una investigación especial de auditoría.

Fuentes al interior de la institución, aseguran que funcionarios de Contraloría ya habrían solicitado documentos para esclarecer cuatro asuntos fundamentales: “Si las cirugías realmente existieron, si estas se pagaron, quién las pagó y si hubo aportes involucrados”, resume un funcionario. Según la misma fuente, ya se habría entregado información comprobando que las cirugías se pagaron con aportes de Dipreca, un seguro y un copago complementario.

Según documentos a los que accedió la Unidad de Investigación de El Mostrador, la esposa del General Director de Carabineros en su operación de rinoplastía, corrección nasal y cauterización de cornetes, realizada el 24 de marzo de 2025, recibió de Dipreca un aporte de casi la mitad del valor de la operación.

En el caso de la abdominoplastía, realizada el 15 de julio de 2025, Araya tuvo que pagar $180.526. El seguro, en tanto, cubrió $44.200. Esto, sumado a otros insumos como medicamentos y consumo de desechables ambulatorios. Por el día cama, el jefe máximo del organismo estuvo exento de pagos.

Ahora que se sabe que el curso de la indagatoria va por otro carril, hay otros antecedentes que acompañan el papel del General Director de Carabineros, ya que el mismo habría aprobado el Plan de Salud Dipreca 2025, donde se confirma que el organismo no aporta para “el tratamiento de las patologías o secuelas derivadas de tratamientos cosméticos o modificaciones corporales voluntarias”.

En caso de requerir una rinoplastía –una cirugía de nariz que corrige aspectos estéticos y problemas de respiración que se realizó a Janet Morales–, el documento señala que los antecedentes médicos deben ser visados por la jefatura del Departamento de Administración de Fondos de Salud y Auditoría Médica, “tanto para activos, pasivos y sus cargas familiares”.

Esta última información, da cuenta de la duda esencial que subyace en todo este conflicto: ¿Las cirugías realizadas a la esposa del General Araya son realmente estéticas o reconstructivas? Esta inquietud, al parecer, no será resuelta por la investigación interna, ya que el motivo central es pesquisar al mensajero, a fin de esclarecer las filtraciones de antecedentes, salvo que Contraloría diga otra cosa.