El tren de los municipios

En su segundo Reporte de Análisis de Datos con Alerta de Riesgo (RADAR), la Contraloría General de la República constató hace algunas semanas que entre 2017 y marzo de 2026, las municipalidades del país recibieron más de 33 mil millones de pesos a través del Programa de Tenencia Responsable de Mascotas que impulsa la Subdere, constatando que 61 municipios no realizaron jornadas de rescate animal ni de control poblacional. En tanto, 162 comunas no respondieron a los requerimientos de información de la Contraloría sobre el uso de más de 16 mil millones transferidos. 

En otro ámbito, en enero de 2025 la misma Contraloría presentó su primer Consolidado de Información Circularizada (CIC), en que aborda el cumplimiento de la Ley de Royalty Minero por parte de los municipios. Allí destacó que el 44% de los municipios no entregó información alguna a la SUBDERE sobre los gastos ejecutados. El mismo informe constató que el 78% de los municipios reportó no contar con una cuenta corriente exclusiva para la gestión de estos recursos, como lo exige la normativa.

Veamos algunas perlas para advertir cómo se están gastando estos cuantiosos recursos: según información obtenida por Ciper Chile por Ley de Transparencia, el municipio de Huasco destinó $25.585.000 del Royalty Minero para financiar el espectáculo de Noche de Brujas. Además, en el Festival del Velero 2024, se gastaron otros $48.790.000 en las actuaciones de diversos grupos musicales. En total, más de $74 millones invertidos en entretenimiento para la población de Huasco, la que aún se ve expuesta a los efectos de la contaminación generada por actividades mineras. En Iquique, en tanto, se utilizaron $424.446.000 de los $454 millones asignados solo en el pago de sueldos de funcionarios municipales. Esto, mientras que en octubre del 2024 se detectó un déficit de $ 6.000 millones que amenazaba al hospital de mayor complejidad de la región -Hospital Regional Dr. Ernesto Torres Galdames- con dejar de funcionar. Podríamos seguir la ruta del despilfarro comuna por comuna.

Sigamos: una auditoría que abarcó entre 2018 y 2023 a la municipalidad de Las Condes detectó el gasto de 45 mil millones de pesos en horas extras.  Según pudo constatar la auditoría, en esos seis años casi un cuarto del costo total de remuneraciones del municipio -un 23,96%- estuvo destinado al pago de horas extras. Esta situación desde luego no es exclusiva de esta adinerada comuna sino solo un ejemplo entre muchísimos otros municipios en que se recurre al dudoso mecanismo de las horas extras con el único propósito de aumentar remuneraciones ya desproporcionadas.

No menos generosas son las cifras que alcaldes y concejales gastan en viajes hacia variados destinos globales del planeta, por coincidencia siempre muy turísticos, con supuestos fines de capacitación.  Entre 2025 y 2026 se gastaron 1.700 millones por este concepto, figurando como sede de las capacitaciones ciudades como Lima, Medellín, Sevilla, Madrid, entre muchas otras. Veamos algunas perlas: Camiña (Tarapacá), comuna de poco más de mil habitantes y formada por 11 caseríos como Chillayza, Moquella y Saiña, con niveles de pobreza superiores al promedio nacional, gastó desde enero de 2025 a marzo de 2026, 54 millones en viajes, según se puede constatar en la plataforma de la Ley del Lobby. 

Otro municipio que está dentro del ranking de los diez con mayores gastos en viajes es Tierra Amarilla (Atacama), que alberga a menos de 15 mil habitantes, con 54 millones entre 2025 y 2026, repartidos en 86 viajes, la mayoría de ellos a capacitaciones en turísticas ciudades de Chile como Puerto Montt, Arica o La Serena. Igual interés por las capacitaciones se observa en las autoridades municipales de Chol Chol (Araucanía), comuna que destaca por su alta vulnerabilidad social y económica, y que enfrenta severas brechas de desarrollo, con deficiencias en conectividad, servicios básicos y deterioro de la infraestructura pública. Esta aguda realidad no impidió que en febrero de 2023 su alcalde viajara con otros cinco funcionarios municipales hasta Israel al curso “Buscando soluciones a las crisis hídricas de la seguridad y herramientas tecnológicas para la docencia del siglo XXI”, curso que se extendió por apenas cinco días, pero con un costo de 73 millones. En este duro viaje de capacitación algunos de los participantes, sin embargo, se dieron tiempo, entre clase y clase, para grabarse alegremente en una discoteca en Tel Aviv.

La alegría y las celebraciones tampoco son ajenas al quehacer municipal. El Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22 de abril pasado de la Contraloría General reveló múltiples casos en que municipalidades del país desembolsaron más recursos públicos en celebraciones que en asistencia social a sus vecinos. El informe reveló que el gasto total asociado a celebraciones alcanzó a más de 31 mil millones en el periodo 2024-2025. Un caso extremo de alegría y jolgorio es el de la comuna de Río Verde (Magallanes) donde habitan 102 personas, pero cuyo gasto alcanzó los $100.150.869, esto es, $981.871 por cada habitante. En el informe no se incluyeron los gastos festivos provenientes de las siempre opacas corporaciones municipales ni celebraciones de carácter transversal como Fiestas Patrias.

En fin, podríamos seguir analizando el repertorio completo de las funciones y tareas que les corresponde cumplir a los municipios, y encontraríamos en cada una de ellas mecanismos de intervención y aplicación torcida de la ley y de sus facultades, con el mismo patrón de abuso, despilfarro y aprovechamiento de recursos públicos para beneficio personal.

Así como el crimen organizado expande con singular habilidad sus actividades ilícitas a cada sector de la economía nacional en que advierte que puede penetrarlo con sus métodos criminales, la creatividad de la burocracia municipal siempre encuentra fórmulas ingeniosas para exprimir cada ámbito de su quehacer para el enriquecimiento personal de sus protagonistas: venta ilegal de licencias de conducir, contrataciones cruzadas entre municipios, fraccionamiento de licitaciones para eludir el control de la Contraloría, horas extras falsas, sueldos desproporcionados, viajes injustificados, simulacros de capacitaciones, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, manipulación de licitaciones públicas, pagos por servicios no prestados, permisos y autorizaciones irregulares, mal uso de bienes municipales, etc.

Algunas notas adicionales:

• i) Las municipalidades son la cara más visible del Estado frente a los ciudadanos y concentran una enorme proporción de los funcionarios públicos del país, pero nadie sabe con certeza cuántos son exactamente. Los datos de la Dipres, la Contraloría y de los mismos municipios simplemente no coinciden, y a nadie parece importarle demasiado.
• ii) De acuerdo con un estudio nacional sobre integridad municipal elaborado por Chile Transparente, el 70% de los municipios no tiene políticas anticorrupción.
• iii) Conforme a cifras del Consejo de Defensa del Estado del año 2022 al menos un 51% de los municipios tenían investigaciones pendientes por casos de corrupción.
• iv) De acuerdo con un trabajo de investigación del centro de estudios Horizontal, el 2023, los 345 municipios del país destinaron el 58% de su gasto total en personal, equivalente a US$7.156 millones (2,4% del PIB). Si Chile destinara en personal municipal la misma proporción de recursos que el promedio de los países unitarios OCDE (37%), se ahorrarían US$2.553 millones al año (0,85% PIB). De igual forma, si Chile destinara el equivalente de recursos de Nueva Zelanda (20%), el ahorro fiscal anual sería de US$3.270 millones (1,1% del PIB).
• v) En el lapso de diez años que va entre 2013 y 2023, el gasto en personal municipal experimentó un crecimiento del 79,1% real (DIPRES, 2023).

Hemos llegado a un punto en que la desbordada corrupción de los municipios se ha normalizado como si fuese parte del paisaje institucional chileno, lo cual es simplemente inaceptable.

En momentos en que el país está sumido en una grave crisis fiscal y enfrenta un dramático crecimiento de la deuda pública y presiones por mayor gasto social, resulta particularmente irritante la pasividad y la indolencia de aquellos poderes del Estado que teniendo en sus manos la posibilidad de empezar a cerrar la llave del dinero fácil a los municipios, poco o nada hacen al respecto. Pareciera que un cierto temor reverencial paraliza a la clase política, lo que le impediría avanzar con decisión en medidas legislativas que pongan freno al descontrol presupuestario de los municipios. 

Es sabido que la eficiente administración del clientelismo político y de grandes caudales de votos por parte de los alcaldes, puede determinar el éxito o el fracaso de una carrera política.