Defendamos la Defensa 

En su reciente cuenta pública, el Ministerio de Defensa puso con discreción un dato preocupante en la agenda: el mecanismo de financiamiento no ha funcionado. ¿Qué significa esto? ¿Qué consecuencias puede acarrear? ¿Qué ha pasado en nuestra historia reciente ante situaciones similares?

Años atrás, el financiamiento de la defensa tenía dos vías legales: por un lado, los fondos provenientes de la Ley de Presupuesto, que a través de la llamada Partida 11 asignaba los recursos necesarios para el gasto corriente de las FFAA: sueldos, operaciones, adquisición de pertrechos, entre las principales.

Existía un segundo mecanismo, con recursos provenientes de la ley Reservada del Cobre, (el famoso 10%) que se dedicaba íntegramente a la adquisición de sistemas de armas. Estos fondos eran administrados por el Consudena, y las decisiones eran adoptadas por la autoridad política (presidente y ministro de defensa) en base a informes y planes elaborados por las instituciones, mismas que se desprendían de la llamada Apreciación Global Político Estratégica.

La ley del Cobre

La Ley del Cobre tenía ventajas y problemas. Por un lado, permitía un financiamiento seguro, a largo plazo (como son las adquisiciones de este tipo de material) e independiente de los avatares de la coyuntura doméstica. Por otro, sus detractores señalaban que este aporte a la Defensa le ponía una pesada mochila a Codelco, lo que impedía su despegue. Se agregaba también el carácter secreto de esta ley, débil control civil y problemas de trasparencia.

A comienzos del presente siglo, el precio de la libra de cobre oscilaba alrededor de menos de un dólar.  Sin embargo, empezó a subir por diferentes motivos.  Ello, junto a la recuperación de la democracia, permitió una progresiva recuperación de nuestro potencial estratégico, castigado además por el embargo de armas que varios países le impusieron a Chile en años anteriores.

Por ello, cuando se produjo el boom de los precios de las materias primas, los fondos provenientes de la ley del cobre permitieron asumir un postergado plan de modernización, todo ello cuando el precio de la libra de cobre arañaba los 4 dólares.

El Ministerio de Defensa, orientado por la presidencia de la República, junto a las instituciones llevaron adelante un conjunto de programas que elevaron sustantivamente la estatura estratégica del país junto a una profunda reforma educativa de su personal.

A fin de evitar la rigidez de “los tres tercios”, se estableció el mecanismo de la llamada “cuarta cuenta” que permitía balancear las prioridades de las diferentes ramas. Fueron los años en que Chile renovó su flota aérea, se dotó de modernas brigadas acorazadas y la flota de superficie y de submarinos proporcionaron credibilidad a nuestra política de cooperación y disuasión.

En esos años Chile alcanzó quizás el potencial más alto de sus FFAA de toda su historia. Con ello se garantizó la paz y la estabilidad, y además aportamos sustantivamente a la gobernabilidad global, siendo Haití una potente señal del nivel de alistamiento de nuestro personal y de cooperación con otras naciones amigas.

El presente preocupante

Como comentamos, la defensa nacional acometió a inicios del presente siglo una audaz modernización. En el estricto plano estratégico se diseñó un plan que buscaba alcanzar una interoperatividad nivel OTAN, que a estas alturas lo hemos alcanzado. Prueba de ello es la participación de nuestras fuerzas en ejercicios combinados con FFAA del primer mundo.

Lo anterior se caracterizó por un aumento del potencial y especialmente de la tecnología. Ello tuvo consecuencias, pues pasamos a tener flotas aéreas y oceánicas de primer nivel en la región, lo que fue acompañado por un incremento de la profesionalización de nuestro personal. En cuanto al Ejército, se transformó en una fuerza de maniobra, más que en un ejército de instrucción.  Más tecnología, menos conscriptos, más material de guerra, más tropa profesional.

También implicó una reforma del propio Ministerio de Defensa, y muy en especial, del mecanismo de financiamiento. El 2019 se derogó la ley del cobre y se la reemplazó por una ley de Capacidades Estratégicas, que tenía un horizonte cuatrianual en su planificación.

La administración prudente de los fondos de la ley del cobre dejó además un “pozo” generoso que permitía cubrir eventuales emergencias. En suma, se trasladó la provisión de recursos de la defensa íntegramente a lo que dispusiera la Ley de Presupuesto. Esa misma ley dispuso la creación de un Fondo Plurianual destinado a cubrir las adquisiciones, junto a otro Fondo de Contingencia Estratégica. Todo quedó bajo la administración del Ministerio de Hacienda, con la correspondiente supervisión de la contraloría.

Agreguemos que una amplia mayoría de las bancadas aprobaron la reforma y se comprometieron a adoptar decisiones transversales y de Estado en materia de adquisición de sistemas de armas. De paso, señalemos que el aumento tecnológico de nuestro arsenal no exige necesariamente adquisiciones continuas, pero sí, un oportuno mantenimiento del potencial bélico, y se suponía que ello saldría de los aportes fiscales. No hacerlo a tiempo es como ahorrar en el cambio de aceite de cualquier vehículo.

Del dicho al hecho. ¿En qué se gastó el pozo? 

Lo revelado por la cuenta pública cuestiona el diseño. Si poseo una flota aérea con buena tecnología para nuestras necesidades, obvio que necesito pilotos de combate -su eficiente formación lleva su tiempo- pero además necesito que vuelen determinadas horas para mantener al día sus capacidades. Lo contrario sería como disponer de un cirujano especializado que no operase. Vale el símil para nuestra flota de mar y para el personal de nuestras brigadas acorazadas.

El nuevo sistema empezó operando con los recursos que heredó la Ley del Cobre, y si fuese necesario, se dispondría de fondos aportados por la ley anual de presupuesto y la de Capacidades Estratégicas. No ha ocurrido así, desgraciadamente. En el actual sistema, cada parlamentario defiende tenazmente los intereses de su distrito o región, lo que es comprensible, pero no sucede lo mismo con los intereses del Estado. En la práctica, cada año la Defensa se mantiene con un presupuesto de continuidad, que a estas alturas equivale a menos de un 1% de nuestro PIB.

¿Qué pasó con los fondos heredado de la Ley del Cobre?

Buena pregunta para el Ministro de Hacienda de hoy y también para los de ayer.

¿Qué dicen las comisiones de defensa de ambas cámaras?

Menor presupuesto y más misiones

Pero las dificultades financieras no se quedan allí. Las sucesivas administraciones (de todos los colores) en la última década han ido aumentando las misiones de las FFAA, especialmente en materia de seguridad interior, mediante los llamados Estados de Excepción (EE). Es el caso de la Araucanía y de la macrozona norte.

Un problema mayor es que en estas operaciones -que ya llevan varios años- el poder político no ha sido claro, hasta la fecha, en definir cuál es el Objetivo Final Deseado; es decir, qué pretende alcanzar con el empleo del recurso bélico.

Estos desplazamientos aumentan el gasto, empezando con el corriente. Tomemos solo el ejemplo del combustible: no es el mismo el consumo de combustible de una planificación en tiempos de normalidad, al de un periodo que implica cotidianos desplazamientos y patrullajes. Cuando se dicta un decreto que moviliza a FFAA en casos de EE, se les ordena que haga uso de sus recursos ordinarios, bajo la promesa de que los fondos que irrogase la nueva orden serán transferidos de fondos del Ministerio del Interior.

Pero desgraciadamente no somos suizos y las platas nunca llegan a tiempo, muchas veces demoran, o definitivamente no llegan. El anterior mando del Ejército, preguntado hace un tiempo atrás por la comisión parlamentaria respectiva, señaló que, de no reponerse los recursos empleados en los EE, no se terminaba el año. Hoy en día, las instituciones aún esperan que se les repongan los recursos empleados en tareas no planificadas ni menos presupuestadas.

En definitiva, el poder político espera que las FFAA hagan más con menos recursos. Si no se realiza el oportuno mantenimiento, el material se fatigará.  Las FFAA son instituciones profesionalizadas y disciplinadas, con un alto nivel vocacional. Es perfectamente comprensible que ante una emergencia concurran a atender las necesidades de la población, pero cuando una emergencia dura años deja de ser una anomalía circunstancial y nos indica que algo no está funcionando.

Hace un siglo, el Servicio Militar permitía que además de la formación militar básica, el Ejército alfabetizara a buena parte de la conscripción, pero para un empleo eficiente de los recursos del Estado el desafío no era darle más recursos a las FFAA para que alfabetizaran a sus conscriptos, sino potenciar la educación, y eso sucedió cuando el poder político asumió que gobernar era educar.

Proporcionar un financiamiento estable y de largo plazo a nuestra Defensa es una tarea nacional y, digamos para cerrar, que la nueva ley que reemplazó a la del cobre data del 2019. Hoy el precio de la libra de cobre está en 6,6 dólares, y pese a ello, Codelco no está en su mejor momento.

Algo huele mal en Dinamarca.