El actual consejero del Banco Central presidió la comisión que desarrolló el pilar solidario
Al presentar los resultados de la comisión que presidió el mismo economista en 2006, ya exponía los problemas por venir para el sistema, al indicar que las AFP como tales no están en crisis, al cumplir sus mandatos de resguardar los fondos de los trabajadores con empleos estables y ser rentables. Sin embargo, apunta a que no se hacen cargo del resto de la población al ser un sistema “desequilibrado, que hizo recaer demasiadas responsabilidades sobre el régimen de capitalización individual”, y que sumado a su “complejidad y su baja legitimidad política”, “difícilmente este sistema podrá, por sí solo, corregir los problemas y hacer frente a los cambios que el país seguirá experimentando”. En ese sentido, advirtió que “postergar la reforma previsional involucra no solo el riesgo de que los problemas no se resuelvan, sino de que se genere un círculo vicioso de frustraciones, cuestionamientos y conflictos que a la larga amenacen la propia viabilidad del sistema”.
Los economistas a menudo plantean escenarios a futuro, pero las proyecciones de Mario Marcel tienen tintes proféticos.
El economista, ex director de presupuestos en el Gobierno de Ricardo Lagos, presidió en 2006 la comisión presidencial para mejorar las pensiones en el país, mandatado por el primer gobierno de Michelle Bachelet.
El actual consejero del Banco Central, quien además se desempeñó por casi una década en el Banco Mundial, entregó como principal resultado de la comisión el actual pilar solidario que complementa el sistema de AFP.
Marcel fue claro en señalar, en aquella oportunidad, que si bien el sistema de pensiones regente funcionaba para los trabajadores con empleos estables y contratos indefinidos, “las AFP cumplen con sus obligaciones legales; los afiliados tienen seguros sus fondos; solo en dos años las inversiones han producido rentabilidades negativas, y en 25 años de funcionamiento del sistema no se han producido fraudes ni ha quebrado ninguna AFP”.
Pese a esto, apuntó a que es “desequilibrado” el hacer caer “demasiadas responsabilidades sobre el régimen de capitalización individual”, en un Chile donde “ha aumentado la emergencia de empleos a plazo fijo, empleos de temporada y de jornada parcial, lo que, unido a la creciente reticencia de los trabajadores independientes a cotizar, se ha traducido en densidades de cotización menores a las que se preveían”.
Apuntó en ese sentido a que “difícilmente este sistema podrá, por sí solo, corregir los problemas y hacer frente a los cambios que el país seguirá experimentando” y llamó al Estado a hacerse cargo de una reforma previsional acorde al contexto nacional.
Marcel indicó, en 2006, que “postergar la reforma previsional involucra no solo el riesgo de que los problemas no se resuelvan, sino de que se genere un círculo vicioso de frustraciones, cuestionamientos y conflictos que a la larga amenacen la propia viabilidad del sistema”.
A continuación, las palabras de Marcel para presentar el informe “El Derecho a una vida digna en la vejez”:
¿Crisis en el sistema previsional? El régimen de capitalización individual creado por la reforma de 1981 no está en crisis.
Este funciona de acuerdo a lo previsible: las cotizaciones de los trabajadores dependientes se efectúan con regularidad; las AFP cumplen con sus obligaciones legales; los afiliados tienen seguros sus fondos; sólo en dos años las inversiones han producido rentabilidades negativas, y en 25 años de funcionamiento del sistema no se han producido fraudes ni ha quebrado ninguna AFP.
El régimen de capitalización individual como mecanismo de financiamiento no ha fracasado. Para trabajadores con empleos estables, que cotizan con regularidad a lo largo de toda su vida laboral, los fondos acumulados permiten financiar pensiones cercanas a sus ingresos en actividad. El régimen de capitalización individual también ha tenido efectos positivos sobre el crecimiento y el desarrollo del mercado de capitales del país.
Estos efectos no se reflejan sólo en indicadores macroeconómicos, sino en realidades mucho más cercanas a las personas, como el costo de los créditos hipotecarios, los créditos de consumo y los créditos para las pequeñas empresas. Sin embargo, un sistema de pensiones, no requiere estar inmerso en una crisis para que sea necesario reformarlo. Basta con que esté expuesto a mayores exigencias de la sociedad. La información disponible indica que una parte importante de los trabajadores del país no ha logrado cotizar con la constancia requerida por el nuevo sistema y el rendimiento de sus aportes no ha sido suficientemente alto para subsanar esta situación.
Por ello, de seguir las cosas como están, una fracción mayoritaria de los trabajadores obtendrá pensiones significativamente más bajas que sus remuneraciones, y no es evidente que esta situación pueda ser subsanable mediante transferencias intrafamiliares o el apoyo subsidiario del estado. Lo anterior puede deberse a diferencias en la operación del sistema o a diferencias en el comportamiento de los afiliados, pero también a los cambios que experimentó el país en los últimos 25 años.
Entre los cambios más relevantes a este respecto se cuentan: • El importante aumento de las expectativas de vida y la postergación de la entrada al mercado del trabajo remunerado, debido a la mayor permanencia de los jóvenes en el sistema educacional. Todo ello ha reducido la extensión del período de acumulación en relación al período de desacumulación de los ahorros previsionales. • El incremento de la participación de la mujer en el mercado del trabajo, pero con una inserción laboral más inestable que la del hombre, lo cual afecta su capacidad para acumular fondos previsionales. • La mayor rotación laboral ha disminuido la importancia relativa de los contratos de trabajo indefinidos, y ha aumentado la emergencia de empleos a plazo fijo, empleos de temporada y de jornada parcial, lo que, unido a la creciente reticencia de los trabajadores independientes a cotizar, se ha traducido en densidades de cotización menores a las que se preveían al momento de la reforma. • La reducción de la importancia de la familia extendida, disminuyendo el tamaño promedio de los hogares. Junto a ello, la proporción de hogares monoparentales, muchos de ellos encabezados por una mujer sola. Todos estos cambios dificultan que las carencias previsionales puedan suplirse mediante transferencias intrafamiliares.
Estos cambios significan que la imagen predominante en la época de la reforma previsional de una fuerza laboral compuesta mayoritariamente por hombres jefes de hogar, con empleos indefinidos, cotizando en forma continua a lo largo de su vida activa, se ha ido volviendo menos representativa de la realidad del país y lo será aún menos en el futuro. Esto hace que el sistema entonces diseñado también vaya perdiendo capacidad para responder a las necesidades del conjunto de la población. Frente a esta realidad, los mecanismos subsidiarios de apoyo estatal se vuelven insuficientes. Muchos trabajadores no han cotizado con la constancia suficiente para reunir el requisito de 240 meses de cotizaciones para acceder a la garantía estatal de pensión mínima. Las pensiones asistenciales son bajas y están sujetas a un complejo procedimiento de evaluación socioeconómica de la familia, por lo que no es fácil contar con ellas.
De seguir las cosas como están, se estima que dentro de 20 años sólo alrededor de la mitad de los adultos mayores podrá contar con una pensión superior a la pensión mínima, menos de un 5% podrá acceder a la pensión mínima garantizada por el estado (actualmente de $87.853 mensuales) y el resto deberá conformarse con una pensión inferior a la mínima, una pensión asistencial (actualmente de $44.186), una pensión de sobrevivencia o no tendrá pensión. Esto significa cerca de un millón de personas con pensiones inferiores a la mínima en 2025. Entre quienes se encuentran en mayor riesgo de encontrarse en esta situación se cuentan los trabajadores de bajos ingresos, los temporeros, los trabajadores por cuenta propia y una importante proporción de las mujeres. Esta realidad contrasta con las exigencias hacia el sistema previsional que surgen de los convenios internacionales, de la Constitución y de las opiniones ciudadanas.
Estas exigencias apuntan hacia una amplia cobertura, adecuadas tasas de reemplazo, protección mínima contra la pobreza, predictibilidad y transparencia. Ante estos contrastes, la limitada adhesión que la población revela hacia el sistema previsional es un problema que puede ir profundizándose en el tiempo. Esta escasa adhesión, originada en la falta de información, la complejidad del sistema y su baja legitimidad política, que hoy día complica el funcionamiento de los mecanismos de mercado en que éste se sustenta, puede transformarse en un rechazo más abierto en el futuro si sus beneficios se encuentran muy por debajo de las expectativas de la población. Postergar la reforma previsional involucra no sólo el riesgo de que los problemas no se resuelvan, sino de que se genere un círculo vicioso de frustraciones, cuestionamientos y conflictos que a la larga amenacen la propia viabilidad del sistema.
La inacción conlleva, por tanto, un riesgo demasiado alto que no se debería validar. Si la reforma de 1981 generó un sistema desequilibrado, que hizo recaer demasiadas responsabilidades sobre el régimen de capitalización individual, difícilmente este sistema podrá, por sí solo, corregir los problemas y hacer frente a los cambios que el país seguirá experimentando en el futuro próximo. La responsabilidad por corregir las limitaciones del sistema no es de las AFP y no parece prudente esperar a que los problemas se presenten para improvisar compensaciones desde el estado. Prevenir la frustración y evitar la improvisación debe ser el objetivo de la reforma previsional. Impulsar ahora una reforma previsional es un signo de que Chile no sólo envejece, sino que también madura.
