Opinión
Una de las razones que se han dado para eliminar las AFP es que son “negocios” que generan “utilidades”, pese a que las pensiones que ha producido y seguirá produciendo el sistema son inferiores a expectativas anteriormente creadas (cercanas a 70% del último sueldo). Al respecto sabemos que, aunque la administración de fondos previsionales no es gratis –pública o privada tendremos que pagarla–, existe consenso en que las ganancias que obtienen las AFP son superiores a las que necesitarían los inversionistas para compensarlos por su capital invertido. Sin embargo, lo que no sabemos es cuánto ganaríamos si se transfiriera una parte de estas utilidades a los cotizantes (o a los pensionados). Tampoco tenemos mediciones de los posibles costos que esto generaría.
Distintos actores han planteado medidas para limitar el rol de las AFP en la administración de nuestros ahorros previsionales. Los más radicales, Frente Amplio y No+AFP, proponen reemplazarlas por una entidad estatal. El candidato Guillier proponía terminar con su “monopolio”, mientras que el candidato Piñera proponía permitir el ingreso a bancos, compañías de seguros y cajas de compensación. La mayoría de los miembros de la Comisión Bravo votaron a favor de la creación de una AFP estatal y permitir la entrada de administradoras sin fines de lucro. El proyecto de ley que se tramita en el Congreso plantea la creación de un Consejo de Ahorro Colectivo.
Un elemento común de estas medidas es que no han sido fundamentadas con estudios detallados que cuantifiquen sus principales costos y beneficios en las pensiones. Más allá de la legitimidad de las distintas posturas ideológicas y de las fundadas razones que explican el descontento de la ciudadanía, es preocupante que una discusión tan importante gire en torno a un diagnóstico incompleto. Esto es riesgoso porque, a cambio de mayor legitimidad, podríamos deteriorar las pensiones que tanto queremos mejorar.
El principal ejemplo de nuestra ignorancia es la ausencia de estudios recientes que evalúen el desempeño financiero de las inversiones de los fondos de pensiones. Pese al enorme monto de recursos administrados (US$200 mil millones equivalentes a 75% del PIB), ni el Estado, ni el mundo académico, ni las administradoras los han realizado. Tampoco recuerdo que alguno de estos actores haya planteado la necesidad de realizarlos.
Para ilustrar la relevancia de este tema, basta considerar que una diferencia de 1% en la rentabilidad de los fondos durante la vida de un afiliado permitiría aumentar las pensiones en cerca de 25%, cifra levemente inferior al impacto que tendría un aumento de 5% en la cotización obligatoria en las pensiones de los afiliados. En el corto plazo, un punto de rentabilidad equivale a US$2 mil millones, monto que excede los US$1.650 millones destinados al pago de beneficios del pilar solidario definidos en la Ley de Presupuesto 2017.
Una de las razones que se han dado para eliminar las AFP es que son “negocios” que generan “utilidades”, pese a que las pensiones que ha producido y seguirá produciendo el sistema son inferiores a expectativas anteriormente creadas (cercanas a 70% del último sueldo). Al respecto sabemos que, aunque la administración de fondos previsionales no es gratis –pública o privada tendremos que pagarla–, existe consenso en que las ganancias que obtienen las AFP son superiores a las que necesitarían los inversionistas para compensarlos por su capital invertido. Sin embargo, lo que no sabemos es cuánto ganaríamos si se transfiriera una parte de estas utilidades a los cotizantes (o a los pensionados). Tampoco tenemos mediciones de los posibles costos que esto generaría.
El estudio “Estructura de propiedad, legitimidad y competencia en la industria de AFP”, publicado durante abril de este año, analiza el caso hipotético en que las AFP distribuyeran una parte de la diferencia entre sus ingresos por comisiones y sus costos operacionales –que en 2016 ascendieron a US$524 millones–. En el caso base, la mitad de estos recursos hubiese permitido dar un beneficio único anual en torno a $30 mil para el cotizante promedio o, alternativamente, aumentar la pensión del jubilado promedio de las AFP en cerca de $12 mil mensuales. En cambio, si estos recursos fueran invertidos anualmente en las cuentas de los cotizantes actuales para financiar sus pensiones futuras, estas podrían aumentar 3,5% en el caso de las generaciones más jóvenes.
Considerando el tamaño de los fondos administrados, estos beneficios se anularían si la rentabilidad de los fondos administrados por nuevas entidades se redujera en 0,13% respecto a la que alcanzarían las AFP. Sin estudios sobre el desempeño de las inversiones, no tenemos elementos para predecir la probabilidad de este escenario. Del mismo modo, distintos expertos han planteado que las instituciones que no maximizan utilidades con gobiernos corporativos débiles tendrán mayores costos que las AFP actuales. Sin embargo, tampoco tenemos estimaciones de estos costos, en parte porque quienes han propuesto estas instituciones no han explicitado detalles esenciales de su diseño institucional.
Una parte importante de la discusión actual se basa en suposiciones que generalmente encajan en el discurso ideológico de quienes participan en el debate. Esto es desafortunado, porque un diagnóstico erróneo podría llevar a una reforma que no aprovecha todo el potencial que tenemos para mejorar nuestro sistema de pensiones.
Fernando López
Académico Facultad de Economía y Negocios
Universidad Alberto Hurtado
