El caso Cascadas promete ser una historia de largo aliento. En septiembre de 2013 comenzaron las primeras acusaciones por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a Julio Ponce Lerou.
Y desde entonces han ido apareciendo una y otra vez nuevas aristas en el caso. Se sabía que hubo negociaciones entre los hoy enemigos Julio Ponce y Moneda Asset Management en 2012 y comienzos de 2013, para llegar a un acuerdo que evitara el desangre público que vino luego.
Lo que no se conocía fue la versión dada por Darío Calderón ante el Ministerio Público. El influyente lobbista y abogado, amigo de Ponce, director de Lan y consejero de los poderosos, aseguró que en medio de las conversaciones con Moneda, a través de José Cox –el amigo de Sebastián Piñera e integrante del comité ejecutivo de Bancard–, éste le pidió compensar con US$ 60 millones al gestor de fondos que preside Pablo Echeverría.
El pago apuntaba, según Calderón, a compensar a Moneda por el impacto que habrían tenido las operaciones que realizó Ponce entre 2009 y 2011, que le permitieron aumentar su presencia aguas abajo (más cerca de SQM) en las Cascadas y que finalmente llevaron a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a acusar a Ponce y Leonidas Vial, entre otros, de participar de un esquema de transacciones.
Las declaraciones de Calderón, reveladas en Pulso la semana pasada, desataron una reacción airada de Moneda, acostumbrada hasta ahora a guardar silencio, reservando sus intervenciones públicas a documentos ingresados ante la SVS o lectura de cartas en las juntas de accionistas de las Cascadas.
La respuesta de Cox fue tajante. Acusó a Calderón de mentir abiertamente. Según Cox, su intervención fue a título personal, por solicitud de Calderón y jamás como enviado de Moneda. Luego, dijo que nunca hubo requerimiento de dinero de por medio y sólo hizo una propuesta para fusionar Cascadas reduciendo el descuento para las firmas más alejadas de SQM.
Así, según Cox, los minoritarios, no sólo Moneda, serían compensados por las pérdidas que, en su opinión, les provocaban las operaciones realizadas por Ponce, donde tuvo claro protagonismo Leonidas Vial, socio de la corredora LarrainVial.
Pero también respondió a Calderón el presidente de Moneda, Pablo Echeverría. En su declaración, Echeverría reconoce que, cuando tuvieron certeza de las operaciones ilícitas de Ponce, se acercaron a él en abril de 2012 para manifestar su “disconformidad” con dichas transacciones y le pidieron que reordenara las sociedades, pero como recibieron un “portazo en la cara”, decidieron denunciar el caso en las juntas de accionistas de julio de 2012 y, finalmente, llegaron a la SVS en agosto de ese año.
Según Echeverría, la intervención de Cox parte en noviembre de 2012, tres meses después que acudieron a la SVS y por encargo de Calderón, es decir, cuando la SVS ya investigaba el caso. Cox entonces conversó con Pedro Pablo Gutiérrez, abogado de Moneda y buscó un acuerdo con los abogados de Ponce, el estudio Vergara y Labarca. Según Echeverría, estas tratativas concluyeron en enero de 2013, ocho meses antes de que la SVS acusara a Ponce.
Pero los dichos más clarificadores los dio Gutiérrez a El Mercurio el domingo. Allí confirma que en la primera parte de 2012 (en rigor abril, como dijo Echeverría) hablan con Ponce, le reclaman por las operaciones y le exigen que reduzca las sociedades de 5 a 3. Gutiérrez señala que no habían detectado el esquema luego descubierto por la SVS, pero reconoce que le dijeron a Ponce que redujera las sociedades, pues las habían usado para realizar operaciones en beneficio de él.
Además, comenta que sólo en agosto de ese año acuden a la SVS luego de denunciar las irregularidades en las juntas de accionistas en julio.
Gutiérrez, además, acusa a Ponce de hacer un montaje cuando denuncia que Moneda compró acciones una vez que sus precios bajaron y dice que espera que la sanciones de la SVS y la investigación del Ministerio Público demuestren que ellos tenían la razón.
La disputa pública se suma a lo revelado hace dos semanas por este medio: la intervención del ex subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn, ante el titular en aquel momento de la SVS, Fernando Coloma, para que conociera la posición de Ponce.
Las acusaciones deberán ser investigadas por el fiscal José Morales, quien aún no se adentra en el caso de fondo que lleva adelante la SVS contra Ponce, Vial y una veintena de acusados, cuyos procesos ya comenzaron la etapa probatoria con la llegada de testigos y abogados esta semana.
Ayer, de hecho, acudieron a la SVS los abogados de Aldo Motta, Cristián Araya y Julio Ponce, además del ex subgerente de acciones internacionales de Banchile, Sebastián Candia.
