Para el Presidente Kast, hay mañana sin ayer

La regresión política en derechos humanos fue iniciada por el Presidente Kast el mismo día de la inauguración del nuevo Gobierno, al radicarse en La Moneda, sitio de memoria por antonomasia.

La memoria histórica sobre la violación sistemática de los derechos humanos por agentes del Estado en Chile durante la dictadura militar se ha nutrido de una gran variedad de iniciativas gubernamentales y sociales que han acopiado testimonios y rescatado momentos y lugares significativos de ese periodo.

Entre estas se destacan la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig, 1990), creada por el Presidente Patricio Aylwin; la fracasada Mesa de Diálogo de los Derechos Humanos (1999), convocada por el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle; la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech, 2003), iniciada por el Presidente Ricardo Lagos y su apertura de la puerta de Morandé 80 (11 de septiembre de 2003); el programa Rutas de la Memoria (2007) y la inauguración del Museo de la Memoria (11 de enero de 2010) bajo la presidencia de Michelle Bachelet; el cierre del Centro Penitenciario Cordillera y el traslado a  Punta Peuco de condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, por el Presidente Sebastián Piñera, y su crítica a los “cómplices pasivos que no defendieron el derecho a la vida”; y los iniciados durante Gobierno del Presidente Gabriel Boric, el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia (2023), los Recorridos de la Memoria en La Moneda (2023), así como la creación de la Comisión Verdad y Niñez (2024).

Después de su destrucción el 11 de septiembre de 1973, La Moneda quedó grabada en la retina nacional e internacional como un sitio de memoria referencial. El Salón Blanco, despacho del Presidente Salvador Allende; el Sitio de Memoria Cuartel N° 1 del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR); la Puerta de Morandé 80 y, frente a ella, el memorial de los miembros de la escolta presidencial, asesores y trabajadores ejecutados o detenidos desaparecidos que se encontraban allí en el momento del golpe.

Ya restaurada, a partir de 1990 ningún Presidente vivió en forma permanente en la Casa Presidencial. Su último residente fue el Presidente Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958). Siete décadas después, en el día de su investidura, el Presidente José Antonio Kast –intentando dar señales de austeridad y eficiencia– se instaló como morador en el Palacio de La Moneda durante la semana laboral y, al día siguiente, en “una acción espontánea” que enfatizó el carácter doméstico de su residencia, su esposa sirvió el almuerzo en el casino del personal.

Una política regresiva

Desconsiderando la dignidad simbólica que tiene el Palacio de La Moneda, la forma sincrética del Presidente Kast de habitar el cargo develó su desdén por el significado sociocultural de las violaciones masivas de los derechos humanos durante la dictadura. Ya en su programa de gobierno, Atrévete Chile, criticaba lo que consideraba las “visiones corruptas de Derechos Humanos”, caracterizándolas como un “discurso falaz de corte neo-marxista”.

Una vez en el cargo, este sello presidencial se evidenció rápidamente en torno a una diversidad de temas que han ido perfilando esta política gubernamental como sistemática. A menos de un mes de iniciado el nuevo Gobierno, Nelson Caucoto, abogado defensor de los derechos humanos, informaba sobre las primeras medidas regresivas que en estas materias se habían iniciado: “El retiro desde Contraloría del Tercer Plan Nacional de derechos humanos (2026-2029) para ‘someterlo a ajustes’; Chile no adhirió a la declaración de la OEA que protege a las personas LGBTIQ+e ; se desvinculó de sus funciones y cargos a destacados profesionales, que trabajaban en el Programa de Derechos Humanos y en el Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia; y se suspendió el proceso de expropiación de Colonia Dignidad para concretar la construcción de un Sitio de Memoria en el lugar”.

En la 17ª sesión (14 de julio) de la Comisión Mixta chileno-alemana para abordar la memoria histórica de Colonia Dignidad y la integración de las víctimas en la sociedad, el Gobierno reiteró su negativa a crear en ella un sitio de memoria, argumentando la ilegalidad del proceso y la inviabilidad presupuestaria de su expropiación. Todo ello fue denunciado, en el mes de abril, por la  Red de Observadoras en Justicia y Memoria y su  posterior presentación (agosto) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el “Impacto de las políticas administrativas en los derechos humanos”.

Esta política regresiva continuó con la campaña contra el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Durante la última campaña presidencial, el programa gubernamental de José Antonio Kast proponía su “clausura [y] reemplazo por una institución transversal dedicada a la defensa efectiva de los derechos humanos de todos los ciudadanos”.

Ya en el Ejecutivo, los partidos de gobierno afirmaban que el INDH estaría capturado por la izquierda, “tinte de izquierda”, diría el ministro de Justicia. Y concluían que este había perdido imparcialidad por concentrarse solamente en abusos del Estado y no considerar a las víctimas de la delincuencia, terrorismo y violencia política, ignorando flagrantemente la diferencia entre lo que constituye la violación de los derechos humanos por agentes del Estado y las conductas criminales de privados.

En el mismo mes de abril recién pasado senadores oficialistas exigieron indultar a los condenados por violación de los derechos humanos, tema sobre el que el Ejecutivo aún no ha adoptado una posición clara.

Con todo, las últimas declaraciones presidenciales reconocen la existencia de un centenar de solicitudes de indulto pendientes ante lo cual ha señalado que “no corresponde que una persona muera en la cárcel” y que “cada petición será revisada de acuerdo con sus antecedentes particulares”. Así, a fines de septiembre y siguiendo estas orientaciones, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, cambió el criterio del ministro de Justicia anterior, Jaime Gajardo, respecto del exagente de la CNI Patricio González, asegurando que este cumple con los requisitos de la ley para una rebaja de condena.

A mediados de año, con el objetivo aclarar las trayectorias de las víctimas de la dictadura militar desde su detención hasta la ubicación del cuerpo o certeza de su muerte, el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia comenzó a enfrentar sus primeras dificultades.

Al respecto,  Carlos Basso, editor de Investigación de El Mostrador, alertaba que este “en lo formal sigue existiendo”, pero “ya no hay fondos, ya no hay instrucciones a distintas instituciones públicas que es lo que se facilitaba con el Plan de Búsqueda”.

Esta información quedó confirmada en el proyecto de Presupuesto 2027 al reducirse, entre otros, el financiamiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Servicio Nacional del Patrimonio, el Programa de Derechos Humanos, el Programa Sitios de Memoria, al Servicio Médico Legal, afectando en este aquellas actividades vinculadas a la investigación pericial de crímenes de lesa humanidad y causas de derechos humanos, y eliminar de hecho el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS).

En mayo, el Ejecutivo redujo drásticamente el personal de atención de demandas y quejas de la Comisión de Verdad y Niñez, con el argumento de que representaba el 50% de su presupuesto, ante lo cual cuatro de los siete miembros del directorio renunciaron a sus puestos.

Continuando con esta política, el Gobierno decidió no seguir alegando en sede judicial contra la solicitud de indultos presentada por veinte exagentes de la dictadura, lo que llevó a las organizaciones de derechos humanos a denunciar esta situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caracterizándola como “indultos pasivos”.

En septiembre pasado, el Presidente Kast y su Gobierno reiteraron esta política al no conmemorar, por primera vez desde 1990, el golpe del 11 septiembre, con la justificación de que “la historia no la podemos borrar, genera dolores, convicciones”, agregando que, si alguien quiere orar, en la misa que cada viernes que se celebra en La Moneda, lo haga. “No hay problema”.

Tampoco el Gobierno se dio por aludido por la muerte del mundialmente destacado cineasta y documentalista chileno Patricio Guzmán, fallecido el 15 de septiembre, ni conmemoró el asesinato por agentes de la dictadura del excanciller Orlando Letelier y Ronni Moffitt el 21 de septiembre, en Washington D.C.

Así, en estos siete meses el Gobierno ha puesto en práctica una política regresiva –que se repite en diversos ámbitos de la gestión gubernamental– y que se implementa  con medidas administrativas bajo la línea de visión de la opinión pública. Estrategia que no es inocua para el desarrollo de la democracia en el país.

Memoria y democracia

Al inaugurar el trabajo de la Comisión Valech, el Presidente Lagos señaló: “Un mañana construido no sobre la base engañosa y frágil del olvido, sino sobre la base sólida en la cual las lecciones del dolor y el quebranto son incorporadas a nuestra memoria histórica. Solo así será posible un Chile más confiado y más integrado, más verdadero y más justo, porque no hay mañana sin ayer”.

Tomando en consideración esta visión de la memoria histórica y analizando al contexto actual, la política regresiva del Gobierno del Presidente Kast en derechos humanos no solo muestra una falla ética y moral, sino que también revela un proyecto político antidemocrático.

Las ciencias sociales han mostrado que cuando en una democracia se tolera la violación a los derechos humanos del pasado, cuando la memoria ya no importa y hay que olvidar para no abrir “heridas”, porque es preciso “mirar hacia adelante”, se corre el riesgo de reducir la transición democrática a un mero cambio de régimen, a una sustitución de autoridades y procedimientos que deja intactas las condiciones que hicieron posible la violencia estatal.

Por el contrario, una democracia refuerza su legitimidad cuando reconoce los abusos cometidos por el Estado, atribuye responsabilidades y define explícitamente los límites que deben regir el ejercicio de su poder.

En este sentido, la memoria constituye una forma de aprendizaje institucional y social sobre los factores que hicieron posible la violencia y los controles que fallaron. De ese aprendizaje se desprende la necesidad de contar con instituciones judiciales, políticas y sociales más fuertes, capaces de contribuir a las defensas institucionales frente a una eventual reversión autoritaria, gradual o de golpe.

La memoria crea condiciones para una concepción más amplia de los derechos humanos, en la medida en que convierte el pasado en una fuente de normas para el presente. Lo ocurrido opera como un límite normativo retrospectivo señalando lo que no puede volver a ocurrir e impone al ejercicio del poder estatal límites que este no debe traspasar, aun cuando disponga de los medios para hacerlo.

Esta función normativa permite distinguir una democracia meramente procedimental de una democracia consolidada. Mientras la primera se satisface con el cumplimiento de las reglas formales de acceso y ejercicio del poder, la segunda requiere que determinados principios estén socialmente interiorizados. Es en esta interiorización donde la memoria contribuye a la formación de una cultura democrática.

Como se ha visto en nuestra ya larga transición democrática, la relación entre memoria de la violencia estatal y democracia es en última instancia un tema  político, de poder. Si la memoria va a fortalecer la democracia, lo hará formando no solo instituciones democráticas, sino también ciudadanos activos, una ciudadanía democrática.

En esta creación de capacidades para el presente y futuro, la memoria transforma la experiencia de la violencia en conciencia social sobre los derechos ciudadanos y los límites del poder.