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En cuanto a las sugerencias específicas, el estudio -de la Comisión Nacional de Productividad- cuenta con 75 recomendaciones que buscan mejorar el proceso de tramitación de los 23 permisos priorizados. La mayoría de ellas (64) constituyen modificaciones que pueden ser implementadas por vía administrativa y contemplan reducciones de hasta un año de tramitación en algunos permisos.
Se trata de más de una centena de recomendaciones para mejorar la certeza jurídica y hacer más eficiente la tramitación de proyectos. Eso es parte del documento que le hizo llegar al Presidente de la República, Sebastián Piñera, la Comisión Nacional de Productividad (CNP).
Su presidente, vicepresidente y secretario ejecutivo, Raphael Bergoeing, Joseph Ramos y Alfie Ulloa respectivamente, se reunieron con Piñera, para presentarle el resultado final del estudio “Revisión Regulatoria de Sectores Estratégicos”, que contempla 108 recomendaciones, enmarcadas en una estrategia de simplificación regulatoria y administrativa, tanto actual como futura.
“Se encontraron 400 permisos únicos necesarios para llevar a cabo inversiones en los cinco sectores analizados y 53 instituciones que los otorgan, 9 de las cuales participan en todos los proyectos y en cada sector bajo análisis. Destaca que más de la mitad de los permisos identificados son otorgados por 7 entidades”, enfatizó Bergoeing.
Explicó que la CNP “priorizó para el análisis 23 permisos clave en el desarrollo de inversiones para Chile. Se concluyó que existen dos principales problemas para el desarrollo y tramitación de proyectos de inversión en Chile: baja eficiencia en el otorgamiento de permisos y una decreciente percepción de certeza jurídica”.
En cuanto a la baja eficiencia, detalló que el principal problema es el extenso plazo de tramitación de los permisos: “Se detectaron demoras que implican que los plazos reales de otorgamiento para algunos permisos pueden -en promedio- hasta octuplicar el tiempo que contempla la normativa. Así, un proyecto que, en teoría debiese tramitarse en 2 años y medio, requiere en la práctica de 10 años para iniciar su funcionamiento”, aseguró.
Basándose en una estrategia de simplificación integral, Bergoeing explicitó que la CNP recomendó al gobierno de Chile, “implementar recomendaciones en tres niveles: específicas, generales y estructurales”.
En cuanto a las sugerencias específicas, el estudio cuenta con 75 recomendaciones que buscan mejorar el proceso de tramitación de los 23 permisos priorizados. La mayoría de ellas (64) constituyen modificaciones que pueden ser implementadas por vía administrativa y contemplan reducciones de hasta un año de tramitación en algunos permisos.
Respecto de las generales, en materia de eficiencia, se propone crear un adecuado nivel de trazabilidad en la tramitación de permisos, lo que permitirá incorporar los plazos de tramitación como un indicador monitoreable de gestión. Con ello, se recomienda intervenir mediante un proceso gradual y focalizado los Servicios asociados a los permisos priorizados. Entre estas intervenciones se cuentan ampliar los mecanismos de traspaso de costos al usuario con colaboradores externos o costeo directo de trámites; definir el plazo de tramitación para todos los permisos existentes, incluyendo plazos referenciales para cada una de las actividades en la tramitación; rediseñar los procedimientos de tramitación con base en los riesgos asociados y establecer un sistema de declaración para permisos de bajo riesgo.
Para aumentar los niveles de Certeza Jurídica, para mayor estabilidad, se propone precisar como vía de impugnación un reclamo de ilegalidad general aplicable a todo permiso que no tenga un mecanismo de reclamación especial. Para aumentar previsibilidad, se propone unificar desde el nivel central los criterios que utilizarán los servicios regionales para el otorgamiento de permisos, y se realizan propuestas sobre los nuevos instrumentos de ordenamiento territorial (PROT).
