PAÍS
Elaborada por El Mostrador
Acusación contra Rabat apunta a Kast y pide aclarar si ordenó rebajas de condena
El libelo de 189 páginas acusa al ministro de Justicia de conceder beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad. La oposición solicita oficiar al Presidente para determinar si impartió instrucciones sobre los criterios utilizados.
La acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, abrió un nuevo flanco para La Moneda. Además de buscar la destitución del secretario de Estado por las rebajas de condena concedidas a agresores sexuales de menores y condenados por crímenes de lesa humanidad, la oposición pidió esclarecer si el Presidente José Antonio Kast impartió instrucciones sobre los criterios utilizados para otorgar esos beneficios.
La solicitud figura en la última página del libelo de 189 páginas. Los parlamentarios buscan que la Cámara oficie al Mandatario para establecer si intervino en la definición de los criterios aplicados por el Ministerio de Justicia y, de ser así, cuáles fueron esas instrucciones.
El documento contiene tres capítulos acusatorios y reúne 106 antecedentes, entre decretos, sentencias judiciales, oficios, respuestas institucionales y publicaciones periodísticas. Los diputados atribuyen a Rabat infracciones legales, incumplimiento de obligaciones internacionales y vulneraciones al principio de probidad.
Rebajas de condena y criterios contradictorios
El primer capítulo cuestiona los beneficios concedidos a condenados por delitos sexuales contra menores, pese a la exclusión legal incorporada en 2022. Rabat ha defendido sus decisiones invocando el principio de irretroactividad y la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Sin embargo, los acusadores sostienen que el propio Ministerio de Justicia había rechazado solicitudes similares durante esta administración, con decisiones respaldadas por tribunales.
“Durante el mismo periodo coexistieron en la cartera dos criterios opuestos”, señala el libelo, que también cuestiona la suspensión de los procedimientos anunciada en octubre.
El segundo capítulo aborda las rebajas otorgadas a condenados por crímenes de lesa humanidad. En este caso, los parlamentarios reconocen que la legislación no prohíbe automáticamente los beneficios, pero sostienen que debían someterse a una evaluación individual especialmente rigurosa.
“El estándar internacional no exige negar todo beneficio a estos condenados, sino someter su concesión a un examen más exigente, individual y motivado. Lo que se reprocha es haber suprimido ese examen”, plantea la acusación.
Cuestionamientos a la probidad y diligencias
El tercer capítulo apunta directamente a las explicaciones entregadas por Rabat ante el Congreso. Los diputados lo acusan de vulnerar la probidad “al faltar a la verdad, entregar información inexacta y omitir antecedentes relevantes”.
Entre los cuestionamientos figura la utilización de un decreto del Gobierno anterior referido a una víctima adulta, durante una discusión parlamentaria centrada en delitos sexuales contra menores. También se le reprocha haber omitido sentencias que respaldaban decisiones contrarias a las defendidas por el ministro.
La oposición solicita, además, antecedentes internos del Ministerio de Justicia y declaraciones de autoridades, entre ellas el exsubsecretario Luis Silva, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, y el exministro Jaime Gajardo.
Este lunes, la Cámara dio cuenta de la acusación y sorteó la comisión revisora, que quedó integrada por tres parlamentarios de oposición —Lorena Pizarro (PC), Raúl Soto (PPD) y Lorena Fries (FA)— y dos oficialistas: Carlos Chandía (RN) y Germán Verdugo (PNL).
La instancia deberá examinar los antecedentes y los descargos de Rabat antes de emitir su informe. Posteriormente, la Sala resolverá si la acusación avanza al Senado, organismo encargado de decidir una eventual destitución.
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