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Archivo (AgenciaUno)
Rebajas de condenas ahora llegaron a la Comisión Interamericana de DDHH
Cuatro organizaciones de Derechos Humanos actualizaron la información ya enviada a la entidad y denunciaron, entre otras cosas, el proyecto de Ley que busca reducir al INDH, así como la decisión de no perseguir a los violadores de DDHH ante los tribunales.
Cuatro organizaciones de la sociedad civil informaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre lo que describieron como la “desarticulación de las políticas de derechos humanos en Chile”, incluyendo los decretos exentos que rebajaron sus condenas a 56 condenados, incluyendo violadores de los DDHH.
En una carta fechada el 9 de noviembre y dirigida a la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, Londres 38 Espacio de Memorias, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) pidieron que la comisión emita un requerimiento de información al Estado de Chile, con base en el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El documento, según informaron las mismas organizaciones, actualiza los antecedentes que presentaron en la audiencia del 5 de agosto e incluye 23 preguntas para el Estado.
En ese sentido, indican que entre marzo y octubre el Programa de Derechos Humanos no se presentó a alegar o se desistió de acciones ya presentadas en 29 ocasiones, en causas que involucraban a 24 agentes condenados por graves violaciones a los derechos humanos. Según la carta, la decisión respondió a instrucciones del Ministerio de Justicia, lo que resultó en la liberación inmediata de seis agentes y redujeron la condena de otros dos.
“Se trata de una estrategia del Ministerio de Justicia y DDHH, que busca facilitar la salida anticipada de prisión de los agentes del Estado condenados por graves violaciones de DDHH. Estas medidas vulneran la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Vega González vs. Chile y omiten por completo el control de convencionalidad al cual están obligados” señaló Magdalena Garcés, de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria.
Asimismo, denunciaron ante la CIDH las rebajas de condenas mediante decreto, sin intervención de tribunales. Uno de los beneficiados fue el exagente de la CNI César Luis Acuña Luengo bajaron la pena en 19 meses. La carta también informa que se rebajaron las condenas de 56 personas condenadas por abusos y violaciones sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Plan Nacional de Búsqueda y Financiamiento a Sitios de Memoria
En 2027, los recursos destinados al Plan Nacional de Búsqueda bajan 27,71% real. El Programa de Sitios de Memoria cae 60,69% y pierde la totalidad de sus fondos de inversión. Pero además el escenario se ve agravado con la actual discusión presupuestaria que reduce aún más el financiamiento a sitios de memorias, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y Plan Nacional de Búsqueda.
Paulina Zamorano, de la Red de Observadoras, expresó su alarma frente a discursos negacionistas en el Congreso: “Es inaceptable que tanto el Plan Nacional de Búsqueda como 14 sitios de memoria queden sin presupuesto. Los sitios de memoria enfrentan una reducción de 78,6% respecto de la base de 2026. Esta decisión refleja una clara falta de voluntad para respetar la memoria y la dignidad de las víctimas”.
Por otra parte, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad recordó que “luego de la denuncia por las representantes de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad en audiencia con el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada e Involuntaria, la ONU manifestó a través de un comunicado su preocupación por la realización de festividades en la ex Colonia Dignidad y llamó a las autoridades chilenas a impedir cualquier uso del recinto que pueda comprometer la preservación de evidencias en el antiguo centro de tortura y desaparición”.
INDH: de 11 a 5 consejeros y sin sedes regionales
Otro de los hechos sobre los cuales llamaron la atención fue que 19 de octubre el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley para reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, iniciativa que reduce el Consejo de 11 a cinco integrantes, excluye a la sociedad civil de la designación directa de consejeros y establece que el primer Consejo será nombrado por el Presidente de la República. Además, elimina las sedes regionales, quita al INDH la facultad de presentar querellas y reduce su presupuesto en 22%.
La carta también advierte sobre el impacto de los recortes presupuestarios y la pérdida de capacidades técnicas y territoriales en programas destinados a la niñez, las mujeres, las víctimas de violencia y otras poblaciones que dependen de las prestaciones públicas.
“Desde la ANEF mantenemos la alerta: ni un peso menos para la ciudadanía. La Cámara despachó al Senado el proyecto de Presupuesto 2027 después de rechazar las partidas de Cultura y de Mujer. La propuesta reduce en 10,1% los recursos de Culturas, deja en mil pesos asignaciones para sitios de memoria y contempla financiar Prodemu solo hasta marzo de 2027, con miras a su cierre. No son cifras neutras: comprometen programas, empleos y derechos. Como advertimos ante la CIDH, debilitar la función pública reduce la capacidad del Estado para garantizar servicios, verdad, justicia y reparación”, señaló Nuvia Guajardo, presidenta nacional de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de Justicia de (Afuminju) y secretaria técnica de jóvenes de la ANEF.
Asimismo, las entidades firmantes pidieron que la CIDH requiera al Estado explicaciones sobre los fundamentos de estas decisiones, sus efectos y las evaluaciones realizadas antes de adoptarlas.
También solicitaron información sobre medidas para resguardar la continuidad de los servicios públicos, asegurar la participación sindical y de las organizaciones de víctimas, proteger los testimonios y evidencias, y garantizar el cumplimiento de las obligaciones estatales en verdad, justicia, memoria y reparación.