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La peligrosa desregulación de la “Negociocracia”

por 5 diciembre, 2014

La peligrosa desregulación de la “Negociocracia”
Aquí es donde campea el lobby, que para quienes no lo conocen, es esa zona gris donde aparece un sujeto activo (el lobbista) que representa el interés de un privado frente a un sujeto pasivo (funcionario público) que tiene que llevar adelante una toma de decisión relevante para dicho sector interesado, ya sea regulando, subsidiando, fiscalizando o legislando. Pero más de alguien se preguntará: ¿y esto qué tiene de malo? Bueno, los liberales pensamos que aquello es una actividad legítima, siempre y cuando quede total registro de las peticiones concretas hechas hacia el sujeto pasivo y sea transparente para el resto de la ciudadanía.

Estados Unidos hace 120 años, Canadá hace 40 años, Argentina hace 30 años, Noruega hace 25 años, Perú hace 15 años. Prácticamente todos los países OCDE hace 25 años. Chile recién hace una semana posee una Ley que regula el lobby. Bajo este contexto, todos los ciudadanos nos hacemos dos preguntas fundamentales: ¿qué efectos positivos o negativos tiene toda esta demora para Chile? Y ¿es una Ley de Lobby de calidad o un saludo a la bandera?.

Durante gran parte de este año, como miembro de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, me tocó participar en la elaboración del reglamento del lobby que aterriza e implementa la Ley 20.730 que fue aprobada en la legislatura anterior. Desde la Comisión de Ética pudimos reconocer varias críticas y desafíos que me gustaría compartir en esta columna. Aún así, con una ley deficiente, en la Comisión nos hicimos cargo de que el reglamento afrontara lo mejor posible los vacíos de la ley.

Chile posee una desregulación peligrosa entre el dinero y la política. Este fenómeno que se reconfiguró en la dictadura, nos heredó una relación entre empresas privadas y sector público que da como resultado un sistema que los liberales-igualitarios llamamos “Negociocracia”. Aquí es donde campea el lobby, que para quienes no lo conocen, es esa zona gris donde aparece un sujeto activo (el lobbista) que representa el interés de un privado frente a un sujeto pasivo (funcionario público) que tiene que llevar adelante una toma de decisión relevante para dicho sector interesado, ya sea regulando, subsidiando, fiscalizando o legislando. Pero más de alguien se preguntará: ¿y esto qué tiene de malo? Bueno, los liberales pensamos que aquello es una actividad legítima, siempre y cuando quede total registro de las peticiones concretas hechas hacia el sujeto pasivo y sea transparente para el resto de la ciudadanía. Obviamente resguardando la soberanía nacional, que últimamente tanto preocupa a algunos embajadores.

El problema central es que los lobbistas no quieren ser regulados, no quieren reconocer sus clientes, no quieren reconocer los términos en los cuales se les contrata e, incluso, no quieren reconocer a sus trabajadores. El resultado es que tenemos una Negociocracia en donde son las industrias las que terminan pauteando las reglas del juego públicas y, por tanto, diseñando condiciones como un traje a la medida.

Desde el retorno a la democracia, Chile tuvo más de 10 intentos fallidos para crear una Ley de Lobby. Sin embargo, siempre hubo un lobby capaz de impedir su éxito. Irónico por decir lo menos. El problema central es que los lobbistas no quieren ser regulados, no quieren reconocer sus clientes, no quieren reconocer los términos en los cuales se les contrata e, incluso, no quieren reconocer a sus trabajadores. El resultado es que tenemos una Negociocracia en donde son las industrias las que terminan pauteando las reglas del juego públicas y, por tanto, diseñando condiciones como un traje a la medida. Lo hemos visto en distintas legislaciones: el sector eléctrico, sanitario, pesquero, educacional, en el retail, las farmacéuticas, software (algo supe por ahí), hasta la comida chatarra (una cola de ratón), etc.

Pese a todo esto, en el gobierno del Presidente Piñera se sacó adelante la actual ley. Pero el costo de aprobarla fue alto, Chile desconoció toda la evidencia internacional, todos los aprendizajes acumulados de la OCDE e, incluso, de países de la región como Perú o Argentina. Se concedieron todas las obligaciones que debía tener el lobbista y se le asignaron al sujeto pasivo, al funcionario público.

Aquello nos deja con dos problemas prácticos. El primero, que el registro previo de lobbistas y toda la información que se debe obtener para regular esta actividad se realiza por la vía de un registro automático que se va construyendo en la práctica y no desde el inicio, y segundo, que el artículo 6 numeral 6, no reconoce como lobbistas a profesionales e investigadores de asociaciones sin fines de lucro, corporaciones, fundaciones, universidades, centros de estudios y de cualquier otra entidad análoga, así como las invitaciones que dichas instituciones extiendan a cualquier funcionario de un órgano del Estado. Es decir, cometemos los dos pecados capitales que nos advierte la OCDE, o sea, el resultado será un registro de lobbistas a medias, ya que en reuniones en casas o matrimonios no se podrá corroborar si las personas son lobbistas o son “los parientes del sur que están de visita”. Y además, al dejar fuera de regulación a todos los actores no profesionales, tendremos un pasillo por donde se camuflará el lobby, tal como quedó en evidencia gracias a un reportaje de CIPER-Chile sobre el financiamiento de British American Tobacco al centro de estudios “Libertad y Desarrollo”.

Más que una Ley de Lobby, la Ley 20.730 parece una Ley de Transparencia obligatoria para el sector público y voluntaria para el sector privado.

Quisiera finalizar rescatando que tener una Ley de Lobby no es un acto de persecución –al estilo nazi– como han señalado algunos, donde se quiere espiar reuniones privadas o cosas por el estilo. Las leyes de lobby a nivel internacional son un mecanismo que protege el bien común y al funcionario público que lo implementa. Esperamos que los dichos de la ministra Rincón se conviertan en modificaciones a la ley.

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