PAÍS
CPC alerta por costos e incentivos al no pago tras fallo del TC sobre servicios básicos
Susana Jiménez advirtió efectos regulatorios y económicos luego de que el Tribunal Constitucional rechazara, por 9 votos contra 1, el requerimiento del Gobierno contra la reconexión gratuita en zonas de catástrofe.
La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, cuestionó los efectos económicos y regulatorios de la norma que obliga a las empresas a reconectar gratuitamente los servicios básicos en zonas declaradas en estado de catástrofe.
La dirigente reaccionó luego de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara, por 9 votos contra 1, el requerimiento presentado por el Ejecutivo para anular el artículo 31 de la megarreforma. Según informó La Tercera, Jiménez señaló que esperará los fundamentos de la sentencia antes de evaluar los argumentos considerados por el organismo.
La presidenta de la CPC sostuvo que la disposición no se restringe a interrupciones ocasionadas por una emergencia, pues también ordena reponer suministros suspendidos por deudas anteriores. A su juicio, esto traslada a las empresas el costo de una política pública y puede elevar las cuentas incobrables, debilitar los incentivos al pago y abrir un precedente sobre el financiamiento de futuras medidas de apoyo.
Críticas a los plazos
Jiménez también objetó que se establezcan plazos uniformes para restituir los servicios. Afirmó que “son imposibles de cumplir precisamente en una catástrofe”, cuando las compañías deben priorizar la reparación de infraestructura y recuperar el suministro para la mayor cantidad de personas, sin exponer a los trabajadores.
El artículo establece que las concesionarias deberán reconectar gratuitamente a usuarios residenciales y a micro, pequeñas y medianas empresas. El plazo será de 48 horas para electricidad y gas, y de 24 horas para agua potable y alcantarillado.
Durante la tramitación ante el TC, el Gobierno argumentó que la medida “arriesga vidas”, especialmente en el caso del gas, porque no contempla las revisiones técnicas necesarias antes de restablecer el suministro. También sostuvo que la norma no fue analizada por las comisiones de Energía ni de Obras Públicas y careció de un informe técnico.
Los gremios de las empresas eléctricas, sanitarias y de gas formularon reparos similares. Advirtieron que la obligación puede desviar cuadrillas desde la recuperación general de los servicios hacia casos individuales y forzar el despliegue de trabajadores en condiciones de riesgo.
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