EDITORIAL
Las palabras del Fiscal Nacional lo han puesto en el límite de lo que sus funciones le permiten, esto es, investigar los hechos sin distinción del rango de los involucrados, para poner en funcionamiento la acción penal del Estado. Ese es su principal cometido, sin perjuicio del cuidado y protección de las víctimas y testigos, y el debido equilibrio investigativo para no lesionar la presunción de inocencia de los imputados.
En el debate generado por la norma destinada a penalizar, erga omnes, la filtración de información reservada de una investigación criminal, nadie ha explicado por qué se incluyó o qué tiene que ver con la Agenda Corta Antidelincuencia impulsada por el Gobierno. Supuestamente originada en un requerimiento de la Fiscalía Nacional para “mejorar la eficiencia del servicio” y “cautelar el debido proceso”, la indicación enviada por el Vicepresidente de la República Jorge Burgos, y aprobada por unanimidad en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, rebotó en la opinión pública como una presión a la libertad de información y un amedrentamiento de periodistas y de fuentes.
Aparte de las explicaciones y los reacomodos de redacción y contenido que siguieron a las críticas, observadores de la actividad legislativa nacional opinan que no sería esta la primera vez que, de manera inadvertida, la autoridad y el propio Congreso usan el debate de una ley para introducir de manera oblicua una norma que se aleja de las ideas matrices o fundamentales del proyecto y que, por lo tanto, persigue un objetivo distinto al enunciado en los fundamentos originales del mismo.
La oposición a la norma llevó a los senadores que la aprobaron a pedir que no se levantaran suspicacias sobre el tema. Sin embargo, es un hecho que existen parlamentarios que están siendo investigados por presuntos delitos de cohecho o financiamiento ilegal de sus campañas y actividades parlamentarias, además de un enorme cúmulo de investigaciones por corrupción, que tocan el corazón de la elite política, lo que inevitablemente sesga la visión sobre la oportunidad de la norma. Las contradicciones han, incluso, tocado fuerte al propio Ministerio Público.
La Asociación Nacional de Fiscales –entidad gremial del servicio– sostuvo, en declaraciones de su presidente Claudio Uribe, que “es inevitable ponerse suspicaz frente a una norma que en el fondo pretende amordazar a los fiscales y a los abogados que colaboran en las investigaciones”.
“No veo interés público en el tipo penal que se está estableciendo, por cuanto es una norma que ayudará a muy pocas personas, todas ellas cercanas al poder y a los grandes capitales. No estoy defendiendo que se filtre información, no corresponde, pero eso está hoy suficientemente resguardado, tanto a nivel de sanciones administrativas y penales. El único sentido de introducir un nuevo tipo penal es tener una permanente arma de presión para usarla como una forma de impedir que se sepa siquiera que algún poderoso está siendo investigado”, añadió el fiscal.
Días antes, el Fiscal Nacional Jorge Abbott, en una entrevista con el diario La Tercera, había emitido declaraciones que explicarían la dureza del ente gremial. A partir de juicios obvios, como “ser muy cuidadosos en el resguardo de las instituciones” o que las “responsabilidades penales son personales, no institucionales” y no “afectar la institucionalidad de la República», el Fiscal Nacional sostuvo que “tratamos de hacer las investigaciones con el más bajo perfil, de modo tal de no afectar a las instituciones y tampoco afectar la presunción de inocencia de cada persona, que hoy día no tiene mucha consideración y respeto de parte de los medios y la comunidad”. Y agregó que “basta que una persona sea formalizada para que ya se entienda que ha sido condenada por un hecho, cuando (…) no es sino la comunicación que se le hace a una persona que se le está investigando por uno o más hechos… que revisten el carácter de delito”.
[cita tipo= «destaque»]Lo declarado por el Fiscal Nacional deja la sensación de que, impresionado por el rango político de los investigados y la masividad de los hechos, se inclina por bajar la gravedad y profundidad de los mismos, antes que por su investigación. Eso explicaría, también en parte, la fuerza de la postura de la Asociación Nacional de Fiscales.[/cita]
Tal declaración y la petición hecha al Gobierno para que pusiera la indicación con penalización de las filtraciones, aprovechando la Agenda Corta Antidelincuencia, constituyen elementos suficientes para provocar suspicacia, y han generado que la norma sea vista como una clara intención de limitar a la prensa y su papel de informar aquello que tiene relevancia pública.
Las palabras del Fiscal Nacional lo han puesto en el límite de lo que sus funciones le permiten, esto es, investigar los hechos sin distinción del rango de los involucrados, para poner en funcionamiento la acción penal del Estado. Ese es su principal cometido, sin perjuicio del cuidado y protección de las víctimas y testigos, y el debido equilibrio investigativo para no lesionar la presunción de inocencia de los imputados. Lo declarado por el Fiscal Nacional deja la sensación de que, impresionado por el rango político de los investigados y la masividad de los hechos, se inclina por bajar la gravedad y profundidad de los mismos, antes que por su investigación. Eso explicaría, también en parte, la fuerza de la postura de la Asociación Nacional de Fiscales.
Incluso en la entrevista mencionada, Abbott emite juicios jurisdiccionales relativos a la investigación de SQM y su relación con la campaña de la Presidenta Michelle Bachelet. Dijo al respecto: «En el caso de la Nueva Mayoría, tenemos una relación con SQM en que hay una intermediación de una empresa (Asesorías y Negocios) que contrataba con SQM, y tenemos personeros que, a su vez, mantenían contratos con esa empresa, pero no tenían contacto con SQM. Muchos de ellos han entregado trabajos que hicieron efectivamente para esa empresa. En consecuencia, es difícil establecer la existencia de algún delito en la relación entre estas personas naturales y SQM. Por cierto que sí la hubo entre la empresa del señor (Giorgio) Martelli y SQM”. Esta opinión, que condena inequívocamente a Martelli, deja también inmediatamente fuera de responsabilidad al resto del entorno presidencial de campaña involucrado, entre ellos, al ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo.
Tampoco resulta bueno que, en un contexto como el descrito, el Fiscal Nacional adhiera de manera acrítica a la tesis que sostiene que sin querella o denuncia del SII no es posible investigar delitos tributarios, lo que contradice derechamente la norma constitucional que crea el Ministerio Público y que es un tema que, a lo menos y desde hace más de un año, debiera haber sido zanjado por el Tribunal Constitucional. Particularmente a raíz de que se trata de una interpretación jurídico-administrativa que inhibe una clara disposición constitucional, como es el artículo 83 de la Constitución, en favor de una norma de menor rango del Código Tributario.
La tensión interna del Ministerio Público se ve en la ambigua declaración del Consejo General de Fiscales Regionales, que en la parte pertinente señala que “rechazamos cualquier límite al derecho de informar, como asimismo de aquellas aseveraciones que se alejan de los intereses propios y técnicos que persigue una investigación penal”.
La opinión más clara sobre el tema de las filtraciones la dio la Corte Suprema, a través de su vocero, el ministro Milton Juica, quien declaró que el sistema ya está suficientemente resguardado desde el punto de vista procesal y penal y que “cualquier cosa que tienda a enervar la función de la prensa, no tiene mucha presentación porque claramente se trata de situaciones que entran en pugna con el derecho a la información”.
Para el Presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmestch, aprobarla “sería un retroceso”. Lamentablemente, en los últimos días la Cámara de Diputados, en una actitud sorda, a propósito del debate legislativo de una norma en materia de antiterrorismo, ha insistido en penalizar nuevamente a la prensa en caso de filtraciones.
