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Tres ministros de cortes de apelaciones arriesgan remoción por viajes con licencia médica
Entre los jueces de segunda instancia hay dos magistradas, de La Serena y Santiago, y uno de Arica, que en el pasado ha enfrentado acusaciones por violencia intrafamiliar y prevaricación, aunque fue absuelto en ambos casos.
Al menos tres ministros de cortes de apelaciones de distintas regiones del país se encuentran en el listado de 56 jueces a quienes la Corte Suprema abrió cuadernos de remoción.
La presidenta de dicho tribunal, Gloria Ana Chevesich, impulsó la medida luego de revisar 104 investigaciones disciplinarias respecto de miembros del escalafón primario del Poder Judicial (es decir, jueces) que viajaron fuera de Chile mientras estaban con licencia médica.
Según explicó Chevesich el lunes pasado, “la Corte Suprema tiene la obligación de velar por el cuidado del Poder Judicial, por su legitimidad ante una sociedad democrática de derecho, ante malas conductas que afectan su imagen, deteriora su estatura moral, degrada su credibilidad o alimenta el desprestigio de la judicatura”.
El listado inicial se compone de 53 jueces de primera instancia y de tres ministros de cortes de apelaciones. Estos últimos son quienes se encuentran en la situación más compleja, dado que, como lo explicó un abogado, “se trata de personas que no solo tienen entre su obligaciones las facultades jurisdiccionales que son propias de la función judicial, sino que además son quienes evalúan a los jueces de primera instancia, quienes forman las ternas de abogados integrantes y quienes supervisan el funcionamiento y la ética de los juzgados, así como las notarías y conservadores”.
En dicho sentido, explica otra fuente del mundo judicial, “aunque en teoría la vara debería ser igual para todos, al momento de enfrentar el proceso de remoción, sin duda que para ellos será más alta”.
Por supuesto, la noticia no fue bien recibida en buena parte de la judicatura ni mucho menos en la Organización de Trabajadores Judiciales (OTJ), uno de cuyos dirigentes es el magistrado Daniel Urrutia Labreaux, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Urrutia fue incluido en el listado, luego de un largo historial de intentos por parte de sus superiores de expulsarlo del Poder Judicial, ninguno de los cuales ha tenido efecto hasta el momento.
Un comunicado de a OTJ indica que se trata de un “amedrentamiento jerárquico que hiere gravemente la independencia judicial y socava las garantías de quienes desempeñamos funciones en el sistema de justicia” y señalan que hubo casos “ampliamente conocidos en los que magistrados que contaron con el respaldo de determinados ministros de la Corte Suprema no fueron objeto de sanciones equivalentes”. Esto último, en alusión a lo sucedido con los exministros Antonio Ulloa y Diego Simpertigue, implicados en aristas del caso Hermosilla, o el del exjuez de garantía de Rancagua, Luis Barría Alarcón, que luego de ser denunciado por acoso y abuso sexual por funcionarias del mismo tribunal, solo tuvo como sanción administrativa una suspensión temporal con goce de medio sueldo, tras lo cual fue trasladado como relator a la Corte de Apelaciones de esa ciudad.
En el caso del juez Urrutia, según la OTJ, las salidas del país “se encuentran plenamente justificadas”, aseverando que en su caso lo que hay es una persecución ideológica.
Los ministros en capilla
Hasta el momento hay tres ministros en contra de quienes se abrió cuaderno de remoción. Según información entregada a El Mostrador, dos de ellos son la actual presidenta de la Corte de Apelaciones de La Serena, Gloria Negroni Vera y el ministro José Delgado Ahumada, de la corte de Arica. Una tercera ministra que está en la misma situación, según La Tercera, es Danai Hasbún, de la Corte de Apelaciones de Santiago.
En el caso de la ministra Negroni, fuentes consultadas al respecto por la unidad de investigación de El Mostrador indicaron que su inclusión en el listado obedecía a un viaje que efectuó hace cerca de cinco años, cuando pertenecía a la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Experta en temas de género, como reportó Interferencia, se desempeñó por 18 años en tribunales de familia y es integrante del tribunal de alzada serenense desde 2023.
Negroni alcanzó cierta connotación nacional el año pasado, cuando integraba la segunda sala de dicho tribunal, la cual dictó una orden de no innovar en contra de Natalia Valdebenito, luego de que esta hiciera un chiste respecto de los mineros fallecidos en un accidente en la mina El Teniente, lo que llevó a sus deudos a presentar un recurso de protección en contra de la humorista.
La ministra Hasbún, por su parte, comenzó trabajando como oficial primero en el 17 Juzgado Civil de Santiago, en 2022. Más tarde fue relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago, jueza del 29 Juzgado Civil y a partir de 2018 se integró como relatora a la Corte Suprema. En 2022 ascendió al tribunal de alzada y a fines del año pasado, integrando la segunda sala, votó a favor de ratificar la prisión preventiva dictada por el Séptimo Juzgado de Garantía en contra de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, así como respecto de Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Angela Vivanco.
El polémico ministro de Arica
José Delgado, en tanto, se desempeña como miembro del tribunal de alzada ariqueño desde 2019, donde fue presidente entre 2022 y 2023. Previamente fue juez del Cuarto Tribunal de Juicio Oral (TOP) de Santiago.
En 2018 la jueza del Sexto Juzgado de Garantía de Santiago Vania Boutaud Mejías interpuso una denuncia por prevaricación y fraude penal en contra de varios jueces de Santiago, entre ellos Delgado, acusándolos de haber dictado medidas intrusivas ilegales en contra de ella, debido a las diferencias que había tenido con sus pares a partir de 2015, por la compra de un inmueble por 1.700 millones de pesos para la Asociación Nacional de Magistrados.
Todos ellos eran parte de la directiva de esta, pero Botaud se opuso a la adquisición del inmueble, una hostería ubicada en Iloca, por el alto costo que implicaba y porque era propiedad de una sucesión de la cual formaba parte el fiscal judicial de la corte de Rancagua, Alvaro Martínez.
Tras una investigación realizada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, la causa fue sobreseída en julio de 2024 por la jueza del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago Paula Brito Castro, hija del exministro de la Suprema Haroldo Brito.
Dicha decisión generó la presentación de una nueva denuncia por parte de la jueza Botaud, pero ni la primera ni la segunda acusación formulada por ella figuran en el portal web del Poder Judicial, pese a que se trata de delitos que no reúnen ninguna de las causales de secreto establecidas en el auto acordado 44 de la Corte Suprema, que establece que la regla general sobre las causas es que sean públicas y que queden reservadas aquellas relativas a delitos vinculados con menores de edad, causas de familia, delitos sexuales y algunos procedimientos aduaneros y tributarios.
Posteriormente, Delgado fue acusado de violencia intrafamiliar, dado que en 2021 su expareja se querelló en su contra, ante el Juzgado de Garantía de Arica. Sin embargo, el ministro fue sobreseído de las acusaciones penales y lo mismo sucedió con la investigación administrativa que se inició respecto de él, como lo dio a conocer Canal 13. Su abogado, Cristian Muga, negó taxativamente los hechos, aseverando que estos no habían existido y que así se había probado judicialmente.
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