Cuando hablamos de Salud Mental, hablamos de un concepto que no tiene más de dos siglos de historia en las culturas occidentales. En Chile, residió primero la Casa de Orates, antecedente del actual Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak. Siguiendo a Europa, la Salud Mental fue – y probablemente aún es – dominio exclusivo de médicos por décadas, quienes establecieron las políticas de cuidado para los locos de nuestro país. Paulatinamente, se fueron incorporando otros profesionales, aunque generalmente realizando su trabajo de forma privada o al alero de la Medicina. Este escenario cambió abruptamente luego del Golpe Militar, evento que causó la completa desaparición (no casual) de la Salud Mental dentro preocupaciones del Estado luego, marcando una época donde ésta era algo oculto e impensable, o bien un lujo accesible sólo por algunos.
En los noventa, el retorno de la democracia trajo consigo el reconocimiento del daño psíquico de la población causado por la tortura y la opresión, lo que condujo al inicio del diseño de nuevas políticas en Salud Mental. Este esfuerzo tuvo como resultado la creación del Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría (PNSMP), cuya publicación en el 2001 dio un lugar formal a los profesionales de la Salud Mental dentro del sistema de Salud Pública, definiendo sus funciones y niveles de especialización. Sin duda, este fue un gran paso en la instalación de la Salud Mental dentro de las políticas públicas del Estado.
No obstante, tal como se reconoce en el último informe de la OMS respecto a la Salud Mental en Chile, el PNSMP se orientó hacia la construcción de un sistema estatal sin considerar a sus trabajadores. En particular, el área de recursos humanos en lo que respecta a Salud Mental quedó a manos del mercado y los vaivenes políticos. En este sentido, llama la atención cómo, al igual que en otras áreas de nuestra sociedad, las recompensas prometidas por el crecimiento económico fueron perseguidas con tanto frenesí que no consideraron el impacto (y daño) social que conllevaron. Fue el crecer sólo por crecer, sin planificación y a costas de malestar social.
[cita tipo=»destaque»] A 15 años de la implementación del programa, la situación de los psicólogos en Chile es quizás la que mejor encarna las consecuencias negativas de este apremio por crecer. Por un lado, la falta de regulación ha llevado a un excesivo número de psicólogos en el sistema público y privado. Al 2014 se contaban casi 30,000 psicólogos en todo Chile, sumándose alrededor de 3,000 cada año. Si bien no todos ellos se dedican a la Salud Mental debido a que en la práctica hay especialidades en Psicología, no hay un reconocimiento legal de ellas.[/cita]
A 15 años de la implementación del programa, la situación de los psicólogos en Chile es quizás la que mejor encarna las consecuencias negativas de este apremio por crecer. Por un lado, la falta de regulación ha llevado a un excesivo número de psicólogos en el sistema público y privado. Al 2014 se contaban casi 30,000 psicólogos en todo Chile, sumándose alrededor de 3,000 cada año. Si bien no todos ellos se dedican a la Salud Mental debido a que en la práctica hay especialidades en Psicología, no hay un reconocimiento legal de ellas. Más aún, según Contraloría no hay ningún impedimento para que todo psicólogo, independiente de la especialidad que haya estudiado en pregrado o posgrado, pueda realizar psicoterapia. A mi parecer, esto ha llevado a los psicólogos clínicos a necesariamente seguir especializándose para poder garantizar que tendrán trabajo, el cual muchas veces no paga ni siquiera el costo de los posgrados debido a que la excesiva cantidad de psicólogos dispuestos a trabajar por menos.
Lo segundo tiene que ver con las necesidades de profesionales en el sistema. En un país tan deprimido como el nuestro y en el que el 78,3% de la población pertenece a FONASA, no es raro pensar que la necesidad de especialistas en Salud Mental en consultorios se tornó urgente. Esto ha causado que los psicólogos se lleven gran parte de la carga en Salud Mental en la primera línea de los servicios de Salud. Por un lado, para el sistema sale bastante más barato tener más psicólogos y menos médicos generales o psiquiatras. Mientras un psicólogo puede recibir entre 500 mil a 700 mil peses por jornada completa, un médico general puede ganar lo mismo por sólo 11 horas a la semana y un psiquiatra el doble. Por otro lado, en teoría se obtiene un profesional especializado en Salud Mental capaz de realizar más funciones que un médico general. Lo paradójico del asunto es que, pese a dicha especialización, toda decisión que tenga que tomar un psicólogo respecto a un diagnóstico, tratamiento o derivación, tiene que estar autorizado por un médico general quien no pocas veces carece de conocimientos en Salud Mental. Así, no debiera llamar la atención que sean psicólogos jóvenes quienes trabajen en consultorios y que no trabajen más allá de algunos años.
Lo último tiene que ver con las diferencias que se pueden encontrar entre los beneficios de los profesionales de la Salud. Teniendo en cuenta que trabajar en Salud es muy desgastante, hoy en Chile existen profesionales de primera y segunda categoría. La Ley Médica contempla beneficios en términos salariales, laborales y de especialización para médicos, cirujanos dentistas y químicos farmacéuticos. Estos profesionales tienen una situación considerablemente mejor en el sistema público comparados con enfermeras, terapeutas ocupacionales, matronas, kinesiólogos, asistentes sociales y psicólogos. Pese a que todos enfrentan los mismos malestares a la hora de trabajar, esta diferencia provoca una tensión interna en cuanto lucha de poderes dentro de las instituciones. A mayor sufrimiento institucional, mayor dificultad para que los profesionales de la Salud Mental puedan desarrollar su trabajo de forma adecuada.
Es por estos y otros problemas que se vuelve fundamental una Ley de Salud Mental para Chile que contemple una estructura administrativa para los profesionales de la Salud Mental. Dicha organización de recursos humanos debe considerar la especificidad, carga laboral y formación necesaria con tal que los profesionales de la Salud Mental puedan realizar su labor de forma adecuada, protegida de los cambios e influencias políticas y equilibrando las diferencias actuales entre los distintos oficios que coexisten dentro del sistema de Salud. Para esto también se hace necesario definir por ley las especialidades dentro de cada profesión relacionada a la Salud Mental, tanto para asegurar la calidad de la formación como para regular la proporción de las distintas especialidades necesarias para el país.
Sin duda esto que propongo conlleva una reestructuración mayor al aparato Estatal. No obstante, nuestro sistema actual ya presenta serias dificultades para poder dar abasto a nuestras necesidades actuales como país, y se espera que la carga relacionada a Salud Mental aumente significativamente de aquí a 20 años. Es momento que busquemos tener un sistema de Salud sano, en todas sus dimensiones, para todos.
