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Editorial

Seguridad Nacional y ética presidencial

por 25 noviembre, 2016

Seguridad Nacional y ética presidencial
Dado que es evidente que Sebastián Piñera ya está en la carrera por convertirse nuevamente en Presidente de la República, el país tiene derecho a conocer dónde tiene invertido su dinero en el extranjero, a fin de saber cuál es el riesgo real para Chile de esas inversiones, en el caso de lograr su objetivo político. Por ejemplo, en el evento de que esas inversiones sean “perforadas” por el dinero sucio internacional o por actividades criminales de terceros. Si fueran inversiones de un particular cualquiera, sería solo su riesgo personal, pero si son inversiones de un Presidente de la República, es también y fundamentalmente un riesgo país.

En Chile, el cargo de Presidente de la República ha tenido un  rol central para  la  construcción del orden político democrático del país. Chile es una nación presidencialista en su esencia, con una comprensión o idea que va más allá incluso de las competencias legales de que está investido un Primer Mandatario. Ello implica que el país espera del ejercicio del cargo un comportamiento acorde con la majestad de los temas de Estado, que afiance el funcionamiento de sus instituciones, y convoque a un  desarrollo social con paz y equidad para todos los ciudadanos, con profunda identificación con el interés público.

De ahí que la dignidad debida por un gobernante al ejercicio de su cargo, ha sido siempre un implícito nacional, con una exigencia clara de prudencia, ponderación y dedicación a los asuntos del Gobierno y del Estado, representación simbólica de lo que debe ser un servidor público. Ello, aunque  no exista un decálogo escrito sobre las obligaciones y responsabilidades del cargo presidencial, propiamente tal, como ocurre en otros países.

El debate de las últimas semanas ha conmovido al país por el hecho de que el ex Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, cometió la imprudencia de invertir, en medio de un juicio sobre límites internacionales que tensionaba al país, en acciones en una empresa pesquera de la nación que demandó a Chile y con intereses pesqueros en la zona en conflicto, y hacerlo, además, utilizando dineros depositados en cuentas de un paraíso fiscal.

En los estándares republicanos básicos del ejercicio de la Presidencia de la República, un Primer Mandatario  no puede bajo circunstancia alguna tener dinero o sociedades en un paraíso fiscal (aunque este paraíso fiscal esté –por presión de la comunidad internacional- en reciente proceso de transparentar una parte de la información relevante que maneja), ni tener inversiones que puedan quedar reñidas con el interés nacional. Esa es la regla que a todos debiera obligar.

Si la imprudencia lleva, como en el presente caso, a hechos tan reprochables como invertir en medio de un juicio internacional por límites o fronteras, con información que pudiera tener el carácter de privilegiada, la situación puede adquirir el carácter de un riesgo mayor. Particularmente si expone al sistema decisorio político del país, en la persona del propio Presidente de la República, a un control de inteligencia de una potencia extranjera con la cual se litiga, por algo que personalmente le resulta –evidentemente– muy sensible al Mandatario: su dinero. Ello afecta o puede afectar no solo la ética del ejercicio del poder sino también la Seguridad Nacional de nuestro país.

La percepción que domina es que, como lo ha hecho en ocasiones anteriores en otros casos, espera que la situación reverse para él a una posición más favorable, ya sea por precio de las acciones o por poder político, como ser, por ejemplo, Presidente de la República.

Las declaraciones del gerente del family office de Piñera, Bancard, Nicolás Noguera, que maneja los dineros del ex mandatario ubicados en el exterior –cercanos, se supone, a los 2 mil millones de dólares– no hicieron más que corroborar lo dicho más arriba.

En cuanto a lo que viene, dado que es evidente que Sebastián Piñera ya está en la carrera por convertirse nuevamente en Presidente de la República, el país tiene derecho a conocer dónde tiene invertido su dinero en el extranjero, para saber cuál es el riesgo real para Chile de esas inversiones, en el caso de lograr su objetivo político. Por ejemplo, en el evento de que esas inversiones sean “perforadas” por el dinero sucio internacional o por actividades criminales de terceros. Si fueran inversiones de un particular cualquiera, sería solo su riesgo personal, pero si son inversiones de un Presidente de la República, es también y fundamentalmente un riesgo país.

Tampoco existe aún explicación de por qué Sebastián Piñera –si fuera efectivo que no estaba al tanto de esas inversiones cuando era gobernante– no se deshizo de ellas apenas se enteró que existían y aún las mantiene. ¿Por qué no las vendió, al precio que fuera, y transparentó el hecho al país, dando una señal creíble de un compromiso más allá de sus rentas personales?

La percepción que domina es que, como lo ha hecho en ocasiones anteriores en otros casos, espera que la situación reverse para él a una posición más favorable, ya sea por  precio de las acciones o por poder político, como ser, por ejemplo, Presidente de la República. Esto último lo empataría con el Jefe de Estado peruano PPK, quien también ha estado en Exalmar y tiene un perfil muy parecido al suyo.

Son demasiadas las aristas que el tema presenta y que tocan la esencia de la Seguridad  en relación con las competencias y las responsabilidades del cargo de Presidente de la República. Y no solo en cuanto a Piñera sino también en lo relacionado con el funcionamiento y personal de la Agencia ante La Haya en el juicio con Perú, y las instancias de consulta de la Seguridad Nacional.

El país requiere saber si las rutinas de su Consejo de Seguridad Nacional o el apoyo y consejo que brindan los ex Presidentes de la República de buena voluntad en casos complejos como el juicio de La Haya, tienen un registro acorde con el interés nacional en juego o son solo abalorio comunicacional activado para la ocasión.

Otros países, entre ellos Perú, tienen en materia de responsabilidades presidenciales normas claras que permiten juzgar derechamente las faltas de prudencia o transparencia de los mandatarios. En Chile solo tenemos la Constitución y sus normas de obligatoriedad jurídica. Pero el buen criterio en el uso de las competencias queda entregado a la templanza del Primer Mandatario de turno que, si falta o es escasa, embarca al país en situaciones como la que actualmente se vive, por responsabilidad de Sebastián Piñera.

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