Femicidios no retroceden en Chile

Cada semana, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) actualiza las cifras de femicidios consumados y frustrados en Chile. Los datos no solo dan cuenta de la magnitud de la violencia contra las mujeres, sino que también evidencian la realidad de un delito persistente y que no ha mostrado retrocesos en la última década.

A principios de marzo las alarmas se volvieron a encender, una vez que el consolidado de los datos de 2025 mostró un aumento en la cantidad de femicidios frustrados, pasando de 319 casos el 2024 a 330. Asimismo, el número de femicidios consumados se mantuvo constante con 44 víctimas en ambos años.

Cabe señalar, en lo que va del 2026, que las cifras más recientes publicadas por SernamEG registran 8 femicidios consumados y 74 frustrados.

A raíz de esta situación, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, comparecieron ante la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara el pasado 8 de abril, para dar cuenta de los antecedentes con los que cuenta la cartera y la proyección del trabajo conjunto con el Ministerio de la Mujer durante la actual administración.

En la instancia, ambas autoridades abordaron los desafíos pendientes en materia de gestión, luego del proceso de instalación del Ministerio de Seguridad. La ministra Steinert explicó las complejidades de contar con antecedentes objetivos en materia de femicidios frustrados, independientemente de las cifras oficiales de SernamEG.

“Esto se da, primero, porque la cartera no contaba con este acápite específico aparte, en cuanto a feminicidio. Y segundo, porque la realidad está siempre en movimiento en cuanto a la tipificación jurídica del feminicidio”, señaló la secretaria de Estado.

“Es decir, en algún momento puede un parte ingresar como femicidio frustrado, sin embargo, la calificación jurídica puede variar después. Un parte nos da elementos primarios. Y por eso, con el tiempo, puede variar esta calificación jurídica. Por ejemplo, no ser femicidio frustrado y, finalmente, terminar en lesiones graves dentro del contexto de violencia intrafamiliar”, agregó.

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Por su parte, la subsecretaria Quintana reiteró que desde el ministerio no cuentan con el “dato consolidado de femicidios frustrados, porque no ha sido parte de la forma de contabilización hasta la fecha. Sin perjuicio de que se cuenta con la base de datos y se pueden sacar los registros”.

Asimismo, la autoridad indicó que, si bien “hay una robusta legislación respecto a las medidas de protección y las medidas cautelares en las leyes de violencia intrafamiliar”, persisten los problemas en materia fiscalización, más que en la existencia de la medidas.

“El problema de fiscalización ha sido crónico. Entonces, desde el Ministerio de Seguridad, (…) hay una planificación respecto al fortalecimiento de las policías. Eso resulta fundamental, porque hoy la fiscalización, de acuerdo a la ley, es responsabilidad de la policía”, dijo.

En consecuencia, según Quintana, el robustecimiento de las policías posibilitaría superar el déficit en fiscalizaciones. Medida que pasa directamente por los avances en la cartera de Seguridad dentro de las prioridades de su gestión.

El desafío de la coordinación interinstitucional

En ese contexto, Paula Salvo Del Canto, directora de Corporación Humanas, coincide en que uno de los principales nudos críticos no está en la ausencia de normativa, sino en su implementación efectiva. En ese sentido, uno de los principales desafíos para la actual administración es consolidar una coordinación interinstitucional que garantice medidas de prevención efectiva para las mujeres.

“Chile ha avanzado hacia un marco legal más robusto, culminando con la Ley Integral de violencia de género, que establece obligaciones claras en materia de prevención, protección, sanción y reparación. Sin embargo, como muestran tanto la evidencia comparada como nuestros propios estudios, la brecha entre el reconocimiento formal de derechos y su ejercicio efectivo sigue siendo significativa”, indica Salvo.

Desde Corporación Humanas han observado que la violencia contra las mujeres no solo persiste, sino que se ha transformado y desplazado a nuevos espacios, por ejemplo, laborales y digitales. En ese escenario, indican que el aumento de femicidios frustrados y la persistencia de femicidios consumados no son hechos aislados, sino indicadores de “un sistema de protección que no logra activarse de manera oportuna ni eficaz”.

En esa línea, la directora de Humanas afirma que “el problema de la fiscalización es real, pero es solo una parte del problema, ya que también existen déficits en coordinación interinstitucional, en capacidad de respuesta territorial y en seguimiento de medidas cautelares”.

Las deudas en la implementación de la Ley Integral contra la Violencia 

La persistencia de los femicidios consumados y el aumento de los frustrados, pone en evidencia los desafíos pendientes en la implementación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.

A juicio de Humanas, existen cuatro dimensiones críticas que son necesarias de atender. En primer lugar, “la articulación efectiva del Estado”, entendiendo que la ley establece un modelo integral, cuyo éxito depende de la capacidad real de coordinación entre justicia, seguridad, salud, educación y sistemas de protección social. Situación que sigue siendo débil y fragmentada.

Segundo, “la fiscalización y seguimiento de las medidas de protección”. Lo que representa una deficiencia histórica del sistema, debido a que “no basta con dictar medidas cautelares si no existen mecanismos eficaces de monitoreo, control y reacción rápida frente a su incumplimiento”.

Como tercer punto, “el fortalecimiento de la red de atención y protección”, lo que no solo implica el aumento de cobertura en casas de acogida y centros de atención, sino que además asegurar calidad, accesibilidad territorial y pertinencia para distintas realidades de mujeres.

Y como cuarto elemento, “la incorporación de un enfoque preventivo y estructural”, debido a que la experiencia comparada muestra que las respuestas centradas solo en la reacción penal son insuficientes.

La urgencia de implementar un sistema integral desde el Estado

Consultado por El Mostrador, desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género señalaron que otro de los focos de trabajo apunta al levantamiento de información para fortalecer la búsqueda de prófugos de femicidios frustrados y consumados, mediante la coordinación con el Ministerio de Seguridad, Carabineros y la PDI.

En ese sentido, el objetivo “es mejorar la capacidad de respuesta del Estado, fortalecer la coordinación institucional y avanzar en una protección más oportuna y eficaz para las mujeres en riesgo”.

Asimismo, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género está actualmente revisando el proceso de implementación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, con el fin de avanzar en una correcta ejecución.

Desde el SernamEG señalan que, precisamente, “uno de los principales desafíos ha sido la puesta en marcha de un sistema integral que articule de manera efectiva a las distintas instituciones involucradas”. Esto, considerando que la ley establece un modelo de coordinación interinstitucional que implica cambios relevantes en la forma en que el Estado aborda la violencia contra las mujeres, pasando de respuestas fragmentadas a un sistema más integrado y continuo.

“Un avance importante y en el cual debemos trabajar es la creación del Sistema Integrado de Casos, una plataforma tecnológica que permite interconectar información entre distintas instituciones públicas –como policías, sistema de justicia y salud–, con el objetivo de contar con un registro único de los casos, prevenir la revictimización y evaluar el riesgo en tiempo real”, indicaron desde el servicio.

Respecto a la coordinación con los órganos de seguridad, desde la institución señalaron que las autoridades del Ministerio de la Mujer  han sostenido reuniones con Carabineros y alcaldes para fortalecer la coordinación territorial. No obstante,  “el desafío está en asegurar su funcionamiento efectivo en la práctica, fortaleciendo la interoperabilidad entre instituciones, la oportunidad en el intercambio de información y la capacidad de respuesta frente a situaciones de riesgo”.