Señor Director:
La forma en la que se implementó la participación ciudadana en lo que fue el proyecto de materialización de una nueva Constitución tuvo serios y justificados cuestionamientos respecto a su legitimidad. Lo anterior, en virtud de lo instrumental que fue, en algunos casos, la forma en la que se implementó los distintos encuentros locales, cabildos provinciales y regionales, y, especialmente, por la escasa meritocracia que se evidenció a la hora de seleccionar a los distintos coordinadores regionales del proceso. No obstante, a estos importantes vicios, el producto sistematizado por el Consejo de Observadores dio cuenta de una serie de propuestas que actualmente se conciben como transversales y como parte de un diagnóstico conocido y muy necesario a la hora de implementar una nueva Carta Magna, abriendo un interesante debate sobre un punto en cuestión: la conformación de nuestro poder legislativo.
A saber: Las conclusiones sistematizadas arrojaron que la democracia es “el único sistema de gobierno válido” para nuestra sociedad y debe ser el que garantice la adecuada y constante participación de la ciudadanía a través de plebiscitos y referéndums vinculantes. También se infiere que la exigencia de renovación de las figuras políticas y la necesaria limitación a la reelección de cargos públicos son factores concebidos como modernización de nuestra democracia. A mi entender, tampoco hay sorpresa en la exigencia de subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, ni en la eliminación de la mayoría de los privilegios que las FF.AA. gozan y que le diferencian del resto de la sociedad.
Otro concepto esbozado y que tampoco marcan sorpresa, se relaciona con la implementación de acciones que materialicen una efectiva descentralización, en donde la administración funcional del Estado –a nivel nacional, regional, provincial y comunal– contemple, además de una distribución equitativa de los recursos, el respeto a la realidad de cada uno de estos territorios y de su respectiva diversidad identitaria, así como de sus propios potenciales de desarrollo.
Otra de las conclusiones poco sorprendente fue la necesidad de implementar y evidenciar una justicia que sea igualitaria, proba, inclusiva y no diferenciada; lo que hoy se observa como una deuda relevante de nuestro sistema, especialmente ante los casos de corrupción y cohecho que han afectado a varios integrantes de nuestra clase política. No obstante, algo rescatable y novedoso es la identificación de algunos elementos que demuestran a la igualdad como factor en la construcción societal. Así, el clamor de vivir en un sistema que garantice derechos y oportunidades, el acceso igualitario a la justicia, a la equidad de género, a la previsión, y, sobre todo, a vivir bajo un modelo en el que el respeto a los Derechos Humanos sea el pilar de la convivencia social y encuadre la relación entre el Estado y las personas, y el Estado y el resto del sistema internacional, alcanza especial relevancia a la hora de determinar el papel que jugarán los derechos colectivos en nuestro sistema jurídico.
También en esta sistematización, y en la lógica de los derechos colectivos, se evidenció con especial importancia la necesidad de constitucionalizar el respeto y la conservación del Medio Ambiente a través de políticas públicas que garanticen no sólo la adecuada sustentabilidad, sino que también considere la nacionalización de nuestros recursos naturales como factor limitador del mercado.
Pero sin lugar a dudas, la iniciativa que mayor debate generará será la modificación a la configuración de nuestro poder legislativo. La sistematización determinó una necesidad de cambiar el formato bicameral de nuestro parlamento a uno de tipo unicameral, dejando en una sola entidad las responsabilidades de legislación y fiscalización.
Pedro Díaz Polanco
Director Escuela Administración Pública
Universidad Austral de Chile
