La “peor semana” de Jorge Quiroz

¡Hola a todos! La esperada Cuenta Pública de José Antonio Kast buscaba proyectar control y seguridad, pero terminó en una liturgia de promesas y varias dudas. Las más debatida en la semana que termina fue el anuncio de un Registro Único de Vándalos e Incivilidades, una iniciativa que podría parecer razonable en principio, pero cuya implementación abrió un flanco constitucional, por lo cual ya muchos hablan de un nuevo error no forzado. Y las críticas no solo provienen de la oposición.

Entretanto, fue el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el que terminó quitándole el piso a su jefe, tras anunciar un plan de endeudamiento que obliga al guardián de la caja fuerte fiscal a pasar el sombrero en el Congreso por 6.200 millones de dólares.

La UDI, que se le ve por ratos de capa caída, ha comenzado a afilar sus colmillos para ir a la caza del juez Daniel Urrutia, solicitando al Presidente Kast la remoción del magistrado tras haber viajado al extranjero estando con licencia médica. La verdad de fondo, sin embargo, apunta en otra dirección: el partido busca zafar de la indagatoria en contra de Joaquín Lavín Jr., quien arrastra consigo a varios militantes –incluido su padre–, en un caso que deberá resolver… el mismo juez Urrutia.

Tras la Cuenta Pública, el Segundo Piso ha comenzado a colapsar bajo su propio peso. La reestructuración del búnker presidencial dejó en el pasado el diseño centralizado, dando paso a un “cogobierno” con administración compartida que renunció a la pureza técnica, para convertirse en una sala de contención de daños. Alejandro Irarrázaval salió ileso –la amistad de años con el Mandatario sigue siendo su manto protector–, aunque las críticas a sus espaldas no hacen más que subir.

Pero la política no se cuece toda en La Moneda o el Congreso. El aire en el Ministerio Público, por ejemplo, se corta con cuchillo, luego que un punto de prensa –tras el operativo realizado en contra del Tren de Aragua esta semana– dejara en evidencia la distancia entre el Fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, y el mandamás del organismo a nivel nacional, Ángel Valencia. Los puentes están cortados, comentan al interior de la Fiscalía, y no se vislumbra un reparación inminente.

El operativo, en todo caso, reveló problemas de nuestra institucionalidad mucho más profundos. Desde una perspectiva política, la “Operación Tokio” no solo volvió a evidenciar la magnitud económica alcanzada por el crimen organizado en Chile, sino que también dejó al descubierto la preocupante porosidad de los sistemas encargados de prevenir, detectar y perseguir el lavado de activos.

Tal como lo planteó El Mostrador en su editorial de este viernes, que una red vinculada al Tren de Aragua haya logrado movilizar decenas de millones de dólares a través de la banca formal, con apoyo interno y utilizando herramientas financieras de uso masivo, expone las limitaciones de una institucionalidad que sigue dependiendo en gran medida de los reportes bancarios y de una Unidad de Análisis Financiero con recursos y atribuciones insuficientes frente a organizaciones transnacionales altamente sofisticadas.

Por otra parte, al voltear la mirada hacia la región, la situación de Colombia parece un déjà vu de lo ocurrido en Chile, con un tablero político completamente reconfigurado. El abogado y empresario ultraderechista Abelardo de la Espriella superó al candidato de izquierda Iván Cepeda y llega como favorito al balotaje del próximo 21 de junio. De este modo, el reconocido admirador de Nayib Bukele, Javier Milei y Donald Trump encabeza las preferencias para convertirse en el próximo presidente de Colombia.

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La “peor semana” de Jorge Quiroz

El teleprompter de la cuenta presidencial aún no se terminaba de apagar cuando el dueño de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, le quitó protagonismo al Presidente Kast al anunciar que La Moneda había determinado volver a endeudarse. Una estratagema de sabotaje –dicen algunos– implementada en la peor semana del ministro de Hacienda.

• El hombre que se vendió como el guardián de hierro de la caja fuerte fiscal, finalmente pasará el sombrero, pidiendo autorización al Congreso para endeudarse por otros 200 millones de dólares. ¿La razón? Una posible recesión técnica, problemas con el tipo de cambio y mucho nerviosismo para conseguir votos.

Hay quienes ven en esta decisión la confirmación de un presupuesto desajustado y del fracaso de la estrategia de recaudación de Quiroz. Víctor Maldonado, experimentado observador de estas ceremonias y partícipe de las cuentas públicas de Michelle Bachelet, sostiene que el anuncio del ministro, justo cuando la curva de atención comenzaba a favorecer al Presidente Kast, “cambió por completo la conversación pública”. Una jugada maestra, aunque no necesariamente para el Gobierno.

• “El plan Quiroz no da”. El fantasma de recesión técnica obligó a recortar las promesas iniciales: la invariabilidad tributaria de 25 años, piedra angular de su esquema, ahora la ofrece por 20 años, como si fuera una oferta de la CyberWeek. El crédito al empleo de 1.500 millones de dólares anuales, que defendía a capa y espada, ahora está bajo “reconsideración” porque el espacio fiscal se agotó.

Aunque Quiroz insiste en que no ha perdido el “norte” y continúa defendiendo bajar el impuesto corporativo del 27% al 23%, la realidad muestra que está soltando lastre para que el barco no se hunda antes de tiempo. Lo que el titular de Hacienda llama “cambios paramétricos”, otros asumen que se trata de medidas desesperadas de un hombre acorralado. La pregunta maquiavélica no es si Quiroz retrocedió, sino qué más va a entregar antes de que se acabe junio.

• Tras rechazar usar fondos para el Mepco, ahora se ve obligado a buscar financiamiento externo de manera urgente. La estrategia de bajar impuestos para incentivar la inversión no ha rendido frutos inmediatos, generando una menor recaudación proyectada hasta 2031. Ante este escenario, se advierte que Quiroz debe pedir el dinero ahora, antes de que una eventual caída en la calificación crediticia de Chile encarezca el préstamo.

Números fríos. Con dos meses consecutivos de Imacec negativo, la economía se encamina hacia una recesión técnica en julio. Para mitigar el impacto político, la estrategia del equipo de Hacienda apunta a responsabilizar a la coyuntura internacional y a supuestas “desprolijidades” de la administración anterior, instalando el argumento de que la crisis es un lastre recibido y no un resultado de la gestión.

• Más allá de las cifras, el ministro de Hacienda comienza a sufrir signos de aislamiento dentro del gabinete. Su reciente declaración de “no tengo idea” –ante la consulta de por qué el endeudamiento no fue anunciado en la Cuenta Pública presidencial– ha sido interpretada como una maniobra de supervivencia para no “cargar el muerto”y responsabilizar directamente al Presidente por la omisión.

Entre los parlamentarios oficialistas ya lo describen como un ministro con una agenda propia, el líder de un equipo cerrado extraído desde su oficina privada y que mantiene un discurso “anticoalición”, desmintiendo a sus pares del Comité Político y restándoles piso en momentos de negociaciones clave. Eso no ha caído bien en Chile Vamos, ni tampoco en un sector de los republicanos.

• La figura de Quiroz en la oposición es más ruda. La idea de que hizo una Ley de Reconstrucción que beneficia a la firma inmobiliaria de su hermano Víctor está lejos de diluirse. Desde la DC ironizan con que Quiroz ve su cargo como una “comisión de servicio”antes de regresar al sector privado, lo que explicaría su falta de ambición política a largo plazo.

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Temporada de caza: la UDI tras el juez Urrutia

Detrás de una decisión política siempre hay un punto de fuga. Una línea que escapa del marco y que podría explicar la verdadera razón de por qué suceden las cosas. No hay que ser muy ducho, en el fondo, para desconfiar. La política es el arte del engaño. Y también del desciframiento.

• Hace pocos días, la UDIsumó al Partido Nacional Libertario, Renovación Nacional y Evópoli para ir a la caza del juez Daniel Urrutia, solicitándole formalmente al Presidente Kast la remoción del magistrado. La razón: haber viajado al extranjero estando con licencia médica, pese a que la Corte de Apelaciones ya lo absolvió.

¿Qué hay detrás de la jugada? Todo parece apuntar a que el partido de calle Suecia está preocupado por la causa que lleva el juez contra Joaquín Lavín Jr., investigación donde la Fiscalía indaga tres hechos que involucran a la UDI: la participación de sus candidatos en la plataforma SocialTazk, el uso de bases de datos del Servel proporcionadas por Jorge Manzano –actual consejero de la entidad y exjefe de la billetera del partido– y el uso de la aplicación web en la campaña de Joaquín Lavín padre.

• No es primera vez que una operación busca derribar a Urrutia. La removida ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Verónica Sabajinfluyó en la inhabilitación del juez en el caso de la minera Dominga, aportando con minutas a Luis Hermosilla, quien litigaba a favor del expresidente Sebastián Piñera. “A (Daniel Urrutia) quiero hacerle el mayor daño posible”, le escribió Hermosilla a Sabaj en 2021, en un cadena de chats que demostraban la mutua animadversión contra el magistrado.

Si bien no hay nada concreto respecto al destino de Urrutia, ha habido señales al menos de salvataje. Ante el recurso de amparo presentado por la defensa del exdiputado, el abogado Cristóbal Bonacic, tanto la Corte de Apelaciones de Santiago como la Corte Suprema confirmaron la prisión preventiva en contra de Joaquín Lavín León, formalizado por delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil.

• La resolución es en el fondo un “espaldarazo a un juez que la UDI ha querido pintar como cabeza de pistola”, plantea un conocido abogado de la plaza. Y si lo respaldan la Suprema y la Corte de Apelaciones –agrega la misma fuente– es porque la tesis del partido no resiste doble lectura. Punto para Urrutia.

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Arreglo de maestro chasquilla en el Segundo Piso

La resaca de la Cuenta Pública confirmó el diagnóstico: el Segundo Piso que colapsa bajo su propio peso sigue en pie, pero ya no manda solo. La publicitada reestructuración del búnker presidencial no es un rediseño de vanguardia, sino un plano de emergencia. Alejandro Irarrázaval ahora coexiste con Claudio Alvarado, quien gobierna de facto la coordinación política desde la Segegob.

En los pasillos de La Moneda intentan instalar desesperadamente el relato de que “aquí no hubo ganadores ni perdedores” y que Irarrázaval, Cristián Valenzuela y Alvarado juegan hoy en el mismo equipo. Sin embargo, en el oficialismo la lectura es drástica: el búnker original ya no existe. Lo que quedó en su lugar es un “cogobierno” que nadie diseñó y que todos administran a regañadientes.

Esta precaria distribución de poder quedó al desnudo con los dos grandes bochornos que marcaron la agenda de prensa en las últimas dos semanas:

• La guillotina en Seguimiento: apenas 48 horas antes del discurso del 1 de junio, la Unidad de Seguimiento de Compromisos voló por los aires. Álvaro Bellolio desmanteló su equipo operativo, cortando las cabezas de asesores clave como Martín Baudet y Roberto Machiavello. La purga desmintió el libreto de la “coordinación perfecta”: fue una capitulación de la estructura de Irarrázaval ante ministros sectoriales que sencillamente no aguantaban el aire asfixiante del búnker.
• El asilo de Jouannet y la “sillita musical”: el descalabro mayor estalló en Seguridad. El ministro Martín Arrau barrió la casa y removió al entonces subsecretario Andrés Jouannet (Amarillos) para instalar cuadros propios. Ante la amenaza inmediata de un motín legislativo de los partidos del denominado centro, Kast terminó cediendo: rescató a Jouannet y lo reacomodó en el Segundo Piso como “asesor directo”. Una “pirueta” que la oposición y el PDG sepultaron bajo la crítica de ser una descarada “sillita musical”, obligando al propio Alvarado a salir a ponerle el pecho a las balas mediáticas.

El intento por maquillar el quiebre del núcleo de hierro fracasó. El Segundo Piso renunció a la pureza técnica para transformarse en una sala de contención de daños y una agencia de empleos VIP para apagar incendios con los partidos. Lo que se observa hoy en Palacio no es consolidación. Es la arquitectura de un piso cuyo diseño flaqueó y ahora desafía la solidez de su estructura. Lo que resta es saber si los pilares resisten el edificio.

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Baile de máscaras en el Ministerio Público

Probablemente, la noticia más “dura” de la semana fue el operativo –en el marco de la “Operación Tokio”– realizado en contra del Tren de Aragua, que desnudó la participación de un ejecutivo bancario en la red de lavado de activos de dicha organización criminal, indagatoria encabezada por el Fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros.

• En el correspondiente punto de prensa, el persecutor apareció junto a su jefe, el Fiscal Nacional Ángel Valencia, quien elogió la investigación, pero –según fuentes de la propia institución– los puentes entre ambos están cortados hace un buen tiempo ya, al punto de que Barros dejó de ser el Fiscal Nacional subrogante (posición que le fue conferida al Fiscal Regional de La Araucanía, Roberto Garrido).

Otro hito al respecto fue el hecho de que en marzo pasado, cuando Barros quedó en la terna respectiva, tras postular a Fiscal Regional Centro Norte, Valencia optó por Francisco Jacir, pese a que Barros ha encabezado algunas de las investigaciones más complejas del país desde hace una veintena de años, y es reconocido por moros y cristianos como un fiscal serio y muy duro.

• Sin embargo, por motivos que nadie se atreve a explicitar, ya no forma parte del circuito de confianza de Valencia y otra evidencia de ello es que las causas ECOH (Equipo de Crimen Organizado y Homicidios), de las cuales Barros era el coordinador, quedarán ahora en manos de la Fiscalía Supraterritorial, algo que –según dijeron desde la Fiscalía Nacional a La Tercera– siempre estuvo planificado.
• Sin embargo, dicha versión es relativizada por varios fiscales, quienes indican que con la medida se reduce el espacio de acción y también de exposición pública de Barros, cuyo periodo como fiscal culmina en 2027.

La próxima semana, en tanto, se producirán las exposiciones públicas de quienes están postulando a asumir a la cabeza de las Fiscalías Regionales de Ñuble y Biobío, al vencer próximamente los periodos de ocho años de las actuales fiscales regionales, Nayalet Mansilla y Marcela Cartagena.

• En el caso de Ñuble, dicha actividad se realizará el miércoles, a partir de las 15:00 horas, en la Corte de Apelaciones de Chillán, donde expondrán nueve fiscales y una abogada (todos miembros del Ministerio Público), mientras que al día siguiente ocurrirá lo mismo en la Corte de Apelaciones de Concepción, al mediodía, donde expondrán doce candidatos, dos abogados externos y diez persecutores en ejercicio, entre ellos, el Fiscal Nacional subrogante, Roberto Garrido.

Aparte de los problemas internos de la Fiscalía, el caso de la “Operación Tokio” revela que en lo profundo hay muchas más conexiones en intrincados vericuetos que en la superficie.

El lavado de cerca de 80 millones de dólares atribuidos a una facción del Tren de Aragua no solo da cuenta de la magnitud económica de estas organizaciones, sino también de la existencia de redes de colaboración que involucran a funcionarios bancarios, empresas de fachada y mecanismos financieros sofisticados. Más que un problema policial, evidencia una amenaza institucional que desafía la capacidad del Estado para controlar los flujos de dinero ilícito y proteger la integridad de sus organismos públicos y privados. El caso dejó al desnudo la porosidad de nuestro sistema.

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Nuevo tablero político en Colombia

Abelardo de la Espriella sacudió el tablero de la política colombiana. El abogado y empresario ultraderechista lideró la primera vuelta presidencial con un contundente 43,7%, dejando atrás por casi tres puntos a Iván Cepeda, el candidato de la izquierda y continuidad del presidente Gustavo Petro. El 21 de junio, Colombia decide.

• Sin experiencia política, De la Espriella se presenta como un outsider antipartidos. Empresario exitoso, independiente y con una retórica que apunta directamente al hartazgo ciudadano. Su movimiento, Defensores de la Patria, promete “mano de hierro” contra el crimen, el narcotráfico, la corrupción.¿Le parece conocido el título de la película? Aunque cualquier parecido es mera coincidencia, el caso colombiano tiene una particularidad: a todo lo señalado se suma una fuerte crítica al proceso de paz de ese país.

Su ascenso tiene explicación: la oposición llegó dividida a esta elección y De la Espriella supo capitalizar ese vacío. Paloma Valencia, la candidata de la derecha tradicional, apenas rozó el 6% y el voto anti-Petro se concentró en él.

• El ultraderechista se declara admirador de las gestiones de los presidentes Nayib Bukele, Javier Milei y Donald Trump en EE.UU., de quien ya recibió “apoyo total”.

Para el académico del Instituto de Ciencia Política UC y experto en ultraderecha, Cristóbal Rovira, el fenómeno responde a una lógica regional. “Su combinación de mano dura frente a la inseguridad, reducción del Estado y conservadurismo moral conecta con sectores del electorado que son nostálgicos del pasado”, señala a El Mostrador.

• Agrega que, como otros líderes de este sector en América Latina, su principal fuente de apoyo parece provenir de votantes que anteriormente respaldaban a la derecha convencional, hoy debilitada y con serias dificultades para canalizar el malestar ciudadano.

Rovira anticipa una segunda vuelta “muy polarizada” y advierte que “más que un giro a la derecha, lo que observamos es una creciente fragmentación del espacio conservador, donde la ultraderecha desafía a las fuerzas convencionales y puede terminar fagocitándolas”.

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