PAÍS
Manotazo a cuentas bancarias de deudores del CAE genera ola de críticas hacia el gobierno
Parlamentarios de oposición oficiaron a la Tesorería General de la República para pedir cuenta de los criterios de estas acciones y anunciaron una próxima citación al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para solicitar explicaciones respecto al mecanismo y proporcionalidad de los cobros.
Las redes sociales se han llenado en las últimas horas de comentarios de personas a las cuales la Tesorería General de la República (TGR) les ha vaciado, literalmente, sus cuentas bancarias, por ser deudores del CAE, y de consejos de abogados respecto de como evitar el inédito manotazo que, como indican los testimonios, afectan a cuentas corrientes, cuentas vista y de ahorro, lo que ha multiplicado un ambiente de desesperación entre los deudores.
“Me dijeron que no hay manera de que me devuelvan esa plata (…) que tendría que hacer un recurso con abogado y quién sabe cuánta plata puede salir eso. Tengo un hijo de un año, esta noticia me devastó (…) me dejaron en pelota”, dijo a través de sus redes sociales Joaquín Quirland, uno de los afectados, según consignó Bío Bío. En la mayoría de los postes parece haber unanimidad en orden a que los deudores deben pagar o al menos repactar sus deudas, pero cunde la indignación respecto de los embargos totales de dinero, algo que ni siquiera sucede respecto de los deudores de pensiones de alimentos.
Otro deudor, Ignacio Vigoroux, dijo a The Clinic que fue notificado de la deuda en abril, pero las opciones de reparación que le daban “eran imposibles de pagar. Me pedían un pie como de $1.500.000 y con cuotas mensuales de $500.000. No me alcanzaba para pagar esa cantidad de plata. Entonces, no pude no más”.
Lamentándose estar lleno de deudas, dijo que “nos están obligando a vivir en la clandestinidad. Un amigo se asesoró con estas personas que defienden deudores y la recomendación que le hicieron fue que hablara con su empleador y que le pagaran en efectivo. Se entiende, pero igual nos están quitando igual un derecho a la bancarización, a poder vivir tranquilos”.
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En efecto, la Tesorería General de la República (TGR) comenzó con la ejecución de embargos contra personas que mantienen deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE) y que no regularizaron su situación tras las instancias de notificación.
Según confirmó la institución a través de un comunicado público, esta medida ya fue ejecutada en las regiones de Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos, y será extendida al resto del país durante los próximos días. Estos embargos se suman a otras medidas ya aplicadas por la institución, como la retención de activos financieros sujetos a procedimientos de cobranza. Lo anterior, tras la instrucción del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
“Una inmoralidad tremenda”
Ante ello, parlamentarios de oposición criticaron duramente el procedimiento impulsado desde el Ministerio de Hacienda. En este contexto, la bancada del Frente Amplio ofició a la Tesorería General de la República para pedir cuenta de los criterios de estas acciones.
El documento solicita dar cuenta de los criterios de segmentación por tramos de ingreso utilizados para la definición de los deudores que son objeto de embargo o retención; si efectivamente se limitaron a ingresos superiores a cinco millones mensuales, como se había declarado públicamente (lo que según los afectados no se está cumpliendo), así como la existencia de mecanismos de protección de ingresos mínimos no afectos al embargo o retención aplicados en la ejecución, considerando la normativa legal laboral y el principio de proporcionalidad, entre otras materias.
La jefa de bancada del FA, la diputada Emilia Schneider, señaló que “dejar a una persona sin su sueldo, sin un peso en su cuenta, es una inmoralidad tremenda y eso es lo que están denunciando las y los deudores del CAE en los últimos días, tras el proceso de cobro iniciado por la tesorería, producto de las decisiones del gobierno, el mismo gobierno que busca darle un regalo a los super ricos con su reforma tributaria”.
La diputada Schneider agregó que también es necesario el pronunciamiento de la ministra de Educación, María Paz Arzola y aseveró que “la solución que ha dado el Gobierno es ineficiente, porque ni siquiera está siendo una gran solución para los supuestos problemas fiscales que denuncia el Ministro Quiroz. Además, genera un gran abuso, estrés e incertidumbre. Entonces, precisamente, ¿a qué costo se están impulsando estas decisiones que además no son eficientes para el Estado?” preguntó.
Desde la bancada PPD, el diputado José Montalva declaró que “ninguna deuda se cobra de esa manera y acá se está equiparando el cobro de impuestos con el cobro de una deuda por estudiar, y no se pueden usar las mismas herramientas”.
Afirmó también que “esto ya lo dijo la Corte de Apelaciones de Arica y es por eso que voy a usar como diputado todas las herramientas de fiscalización para que el cobro del CAE se haga, pero se haga de forma racional y proporcional a lo que significa un cobro de una deuda por estudios. Además de los distintos oficios que vamos a enviar para que nos den explicación de cómo se está haciendo el cobro, estamos ya conversando con diputados para que en la Comisión de Hacienda se cite tanto al ministro Quiroz, como al tesorero, para que den cuenta de estos hechos”, declaró.
Por su parte, el diputado del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Educación, Juan Santana, indicó que “usar la herramienta más dura del Estado contra alguien que se endeudó para estudiar es desproporcionado”. El parlamentario agregó que “cuesta entender la decisión del Gobierno, cuando al mismo tiempo empuja una reforma que le baja el impuesto a las grandes empresas del 27 al 23%, y que reduce la recaudación fiscal en cientos de millones de dólares”.
“El CAE fue un mal sistema desde el comienzo, y la salida nunca pasó por vaciar la cuenta a la gente”, sentenció.
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El debate sobre la legalidad de la medida
El abogado constitucionalista Tomás Jordán señaló que la ley que relativa al CAE lo regula como un crédito, por lo cual su incumplimiento se rige bajo las reglas generales que la propia ley dispone, que son los juicios ordinarios o juicios ejecutivos. En esa línea, explicó que la forma de cobro debería ser a través de los tribunales y no a través del embargo inmediato, cuya expresión es el vaciamiento de las cuentas bancarias.
“La única excepción que uno puede mirar en la ley es el descuento de la devolución de impuestos. Entonces, lo que hay que examinar en los casos que se han visualizado es si estos descuentos tienen que ver con la devolución de impuestos o no, y si no, lo que correspondería sería un juicio ejecutivo u ordinario de cobro. Cualquiera que estuviera fuera de ese margen sería ilegal y, por lo tanto, vulnerador del debido proceso básicamente”, afirmó.
Como decía el diputado Montalva, hace casi tres semanas la Corte de Apelaciones de Arica acogió un recurso de una deudora del CAE en contra de la Tesorería General de la República, dejando sin efecto el procedimiento de cobro iniciado, pues el tribunal de alzada estimó ilegal que la TGR utilizara el procedimiento ejecutivo previsto para obligaciones tributarias para perseguir deudas del Crédito con Garantía Estatal.
Al respecto, el abogado y máster en Derecho Público, Sebastián Salazar, explica que existe una discusión jurídica en orden a que esto no se trataría de impuestos o tributos de cualquier tipo, sino que se más bien de créditos con un régimen especial.
En ese sentido, el también académico de la UAH, afirmó que el debate radica en si la Tesorería puede o no replicar los mismos criterios de cobranza a estos créditos especiales del Estado. Y, por lo mismo, se han ido presentando una serie de acciones de protección, algunas con resultados negativos y otros positivos, dependiendo de las cortes de apelaciones del resto del país.
“Efectivamente existirá un pronunciamiento de la Corte Suprema que en teoría debería o no unificar esa jurisprudencia en materia de recursos de protección, pero también se están presentando acciones ante los tribunales tributarios, alegando prescripción u otras figuras, y eventualmente esto va a terminar en el Tribunal Constitucional, seguramente por una inaplicabilidad”, señaló a El Mostrador.
Salazar agregó que, en el marco de estas medidas precautorias que buscan asegurar el cumplimiento de la obligación por parte de los deudores, lo que se está viendo “es una excesiva velocidad respecto del cobro“. Lo que -a su juicio- se traduce en una segunda dimensión “más bien política”, en relación al énfasis del proceso.
“Tiene que ver con la vehemencia con la cual está actuando la autoridad de la Tesorería, obviamente mandatada por el Ministerio de Hacienda para exigirle a este tipo de deudores. Y el cuestionamiento está en que no se ve una igualdad respecto de otros tipos de deudores a los cuales no se les está cobrando con esta velocidad. Por lo pronto, uno lo que puede sospechar es más bien un tipo de castigo desde el punto de vista político a las personas que se encuentran en esta situación”, añadió.
